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Absuelven a uno de los imputados por robar en la casa de una jueza

En primera instancia lo habían condenado junto a otras tres personas por asaltar la vivienda de Sylvia Aramberri. La Cámara no halló pruebas.

Domingo 31 de Agosto de 2014

Diecisiete meses después de ser condenado por el robo a la casa de una jueza federal, Alberto Eduardo Romero fue absuelto en un fallo de segunda instancia por "no estar acreditada con certeza su responsabilidad penal en el ilícito". El dictamen lleva las firmas de los integrantes de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, quienes redujeron la pena a otros dos de los imputados y confirmaron la sentencia de quien "entregó" el hecho, una ex empleada doméstica de la víctima.

La historia empezó el 5 de enero de 2010 cuando dos hombres armados ingresaron por los fondos a la vivienda de la jueza federal Sylvia Aramberri e inmovilizaron a tres empeladas domésticas. "Estaba barriendo la escalera y una mano me agarró del cuello, me apoyó algo brilloso en la frente y me di cuenta de que era un arma de fuego", contó una de las trabajadoras en su testimonio en Tribunales. El asaltante la empujó a la cocina, donde estaba otra mucama, y luego las llevó a la planta alta. "¿Dónde está el vestidor?", preguntó el ladrón con conocimiento de que allí estaban los ahorros de la familia.

En la planta alta las dos empleadas reducidas se encontraron con la tercera doméstica, quien también había sido maniatada y que luego resultaría imputada en el caso. Sus compañeras contaron que al subir la encontraron "tirada en el piso, con una camisa del doctor en la cabeza", en referencia al esposo de Aramberri. Con las víctimas retenidas, los ladrones reunieron 5 mil dólares, 3 mil pesos, dos relojes de oro y joyas y luego se fueron.

Sin violencia. El primer dato que llamó la atención de los investigadores fue que los ladrones habían entrado a la casa sin forzar ingresos. Y todo comenzó a aclararse cuando una de las mucamas, Verónica Peger, no pudo mantener un relato coherente ante los pesquisas. En ese sentido, sus compañeras contaron que antes del asalto se había encendido la alarma, pero al recibir el llamado de la empresa de seguridad Peger les suministró la clave para desactivarla. Las dos empleadas contaron que "estaba muy nerviosa", y que mientras estaban encerradas "dijo que no tenía celular", pero al llegar el dueño de casa apenas concluido el robo "le pidió el celular y ella se lo dio".

Finalmente, la empleada admitió en la Brigada de Investigaciones que le había entregado las llaves de la vivienda a su novio, Héctor José Cañete, a quien había conocido cuando era chofer del colectivo que la llevaba desde su trabajo a su casa, en Roldán. Allí la empleada, que era único sostén de familia, vivía con su padre discapacitado y su hijito.

Al ser indagada, Peger admitió que el día del atraco su novio la había llamado para saber si se encontraban los dueños y que ella le respondió que no. Poco después la policía detuvo en Roldán a Cañete, a quien le atribuyeron la organización del golpe. Los procedimientos se completaron con un operativo en el que fue recuperada una medalla de oro con las iniciales de la jueza y que arrojó la detención de Hugo Silvero, de 32 años, y de Alberto Eduardo Romero, de 28, en dos viviendas de Ayacucho al 4000.

En marzo de 2010 la jueza Alejandra Rodenas procesó al cuarteto bajo la figura de robo calificado cometido con arma y en banda. Ese fallo fue apelado y la Sala II de la Cámara Penal entendió que no se había "acreditado que conformen una banda" en términos legales.

Finalmente, en marzo de 2013 los cuatro implicados fueron condenados por el juez de Sentencia Julio Kesuani, como autores del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego. A Cañete, quien no admitió su participación en el hecho, le impuso 5 años de prisión ya que en su domicilio se halló parte del botín y se le endilgó el haber organizado el golpe. A Silvero y a Romero, apuntados por un testigo como los autores materiales del atraco, también les dieron 5 años, aunque a Romero le sumó 8 meses por ser reinicidente; y le dieron 3 años de prisión condicional a la mucama de la jueza atacada, quien a su vez fue obligada a cumplir durante 4 años diversas reglas de conducta impuestas por el tribunal, entre las que se destacó no acercarse a la víctima ni a su familia.

No obstante, la sentencia fue apelada por los defensores y el expediente llegó a la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal conformada por Guillermo Manuel Llaudet Maza, Georgina Elena Depetris y Carlos Alberto Carbone. En un fallo notificado el pasado viernes y cuyos fundamentos no trascendieron, los magistrados decidieron "revocar la condena impuesta a Alberto Eduardo Romero y absolverlo por no estar acreditada con certeza su responsabilidad penal en el hecho", reducir la pena impuesta a Héctor José Cañete y Hugo Ignacio Silvero por la de 3 años de prisión; y mantener la setencia aplicada a la mucama Verónica Preger.

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