La Cámara de Apelaciones en lo Penal absolvió de culpa y cargo a un oficial de policía que estaba acusado de protagonizar un oscuro procedimiento en una casa de Granadero Baigorria. La sala III de ese tribunal dictó el fallo en base a la debilidad de pruebas reunidas durante el proceso, lo que generó un grado de duda insalvable que benefició al acusado. "Llaman la atención las omisiones y falencias de una prevención que parece poco clara desde sus inicios, en donde los hechos no tienen claridad en las versiones de los testigos y de actos de funcionarios policiales como tambien en el escaso aporte de la Fiscalía de grado, a punto tal que el mayor empuje investigativo parte del juez de Instrucción. Esto provoca incertidumbre en cuanto a la realidad histórica de los hechos y la participación del imputado", resumió el camarista Otto Crippa García, junto a Elena Ramón y Ernesto Pangia.

El policía absuelto es Claudio Kleiman y el controvertido episodio por el que se lo juzgó ocurrió el 7 de marzo de 2007. Todo comenzó con la denuncia de Nélida R., quien sostuvo que aquel día, alrededor de las 16, se encontraba en una casa de Namuncurá y Callao, en Granadero Baigorria, tomando mates con dos amigos y que llegaron tres hombres armados.

Extorsión. Esas personas se identificaron como policías y dijeron que tenían una orden de allanamiento, pero no llevaban puestos sus uniformes. Cuando les abrieron la puerta, quedó claro que se trataba de un robo: encañonaron a los ocupantes de la vivienda y le pidieron a Nélida R. 30 mil pesos para no llevarse detenidos a sus dos amigos.

La mujer les dijo que no tenía ese dinero y entonces fue obligada a ir a buscarlo a su casa. Entonces, declaró, les dio 10 mil pesos. Pero a partir de ese momento el episodio tuvo una extraña derivación que se gestó, de acuerdo a lo que consta en las actas policiales y en el expediente, cuando un vecino de Nélida presenció parte del hecho y se comunicó con un abogado conocido para que éste a su vez avisara a la policía.

Ese profesional del Derecho, que nunca fue convocado a declarar y al que no se le tomaron los datos, circulaba en ese momento en su auto por la zona norte de Rosario. Y cumplió con el pedido. La alarma llegó a la seccional 24ª y al Comando Radioeléctrico de Baigorria. Una vez que los uniformados arribaron a la casa en cuestión se produjo un hecho grave que la Justicia no llegó a dilucidar por "torpezas de la investigación".

El policía baigorrense que llegó a cargo de los móviles declaró que se encontró con el oficial Kleiman, al que conocía de antes. Según ese testimonio, Kleiman estaba parado en la puerta de la vivienda y le informó que realizaba un allanamiento judicial como integrante de Seguridad Personal. También adujo que no necesitaba refuerzos porque todo se realizaba con normalidad. Tras eso, la policía de Baigorria se retiró del lugar.

Kleiman fue detenido esa misma noche, luego de que Nélida R. denunciara el atraco en la seccional de Baigorria. El oficial fue arrestado cuando se presentó a trabajar en su puesto, la comisaría 13ª. A partir de allí comenzó una investigación del incidente, no ajena a controversias, que derivó poco después en el procesamiento del policía por “robo calficado por el uso de arma de fuego, privación ilegal de la libertad simulando orden de autoridad pública y allanamiento ilegal”. Dos años después, el juez de Sentencia Julio Kesuani lo condenó por esos delitos a tres años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 6 meses.

Argumentos. Ese fallo fue apelado por el defensor del policía al entender que se habían violentado garantías constitucionales, “al valorar indebidamente y en contra de Kleiman la prueba, torciendo el sentido que debe tener la sana crítica”. En ese sentido, el abogado había planteado que el policía ni siquiera había sido señalado en rueda de reconocimientos por las víctimas del atraco.

El expediente recayó en la Sala III de la Cámara Penal y los jueces entendieron que las pruebas en contra de Kleiman eran débiles. “Lama la atención que, aunque no se hubiera identificado al abogado, no se haya averiguado al supuesto cliente, vecino de enfrente del lugar, para obtener mejores pruebas, ya que éste habría sido el que anotició telefónicamente al «abogado». Cabe preguntarse si se omitió inadvertidamente o no se quiso invesigar si tal persona existía”, dijo Crippa García.

“Se advierten demasiadas contradicciones, controversias, omisiones y fragilidades en la prueba de la Fiscalía, que impiden la afirmación de certeza. Esto provoca incertidumbre en cuanto a la realidad histórica de los hechos y la participación del imputado en el mismo”.