Abren archivos sobre desaparecidos

El equipo de investigación de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que colabora en las causas por crímenes de lesa humanidad, podrá acceder a expedientes y archivos de la Justicia santafesina para recabar datos e informaciones sobre el destino de desaparecidos durante la dictadura.

La Corte Suprema provincial hizo lugar a un pedido del Ministerio de Justicia realizado por su titular, Héctor Superti, y "autorizó el acceso por parte de personal de la Secretaría de Derechos Humanos a una serie de archivos judiciales con la finalidad de realizar investigaciones que contribuyan a establecer el destino de ciudadanos que fueron víctimas del terrorismo de Estado", indicaron desde la cartera judicial.

Superti había solicitado que el Equipo de investigación, apoyatura y seguimiento de causas judiciales por delitos de lesa humanidad, dependiente de la Secretaría de DDHH pudiera acceder a expedientes, y otros materiales que puedan resultar de utilidad, que se encuentren en el Archivo de los Tribunales provinciales. Este equipo tiene por función auxiliar a víctimas, familiares, testigos, abogados, querellantes, fiscales y jueces, y además trabaja en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y en la localización de centros clandestinos de detención.

Desde noviembre pasado se hicieron tres pedidos a la Corte, el último de ellos el 27 de junio, en ocasión de una reunión entre los integrantes del Tribunal y el gobernador Hermes Binner. Finalmente, el máximo tribunal emitió el 2 de agosto pasado la acordada Nº40, haciendo lugar al reclamo "a fin de que el Estado provincial pueda cumplir con los estándares constitucionales previstos en la materia".

Horacio Coutaz, subsecretario de DDHH de la provincia, explicó que la función del equipo de investigación y apoyatura de causas de lesa humanidad es "aportar pruebas a la Justicia federal" vinculadas con crímenes de lesa humanidad. Puso como ejemplo la identificación de los cuerpos de los militantes desaparecidos Yves Domerge y Cristina Cialceta, que habían sido enterrados como NN en el cementerio de Melincué: "Allí lo que pasó fue que la prueba más importante fue un expediente de la Justicia provincial de la época. que lo salvo un empleado, y a partir de allí la inquietud fue profundizar la búsqueda en Tribunales; no hay ninguna hipótesis precisa pero queremos profundizar las investigaciones".

El principal impedimento para los investigadores era que hasta el momento sólo podía solicitar expedientes a la Justicia pero dando un nombre que lo vinculara con la carátula, y el gran problema era que la mayoría de aquellos vinculados a crímenes de lesa humanidad están caratulados como NN. De allí la necesidad de que los investigadores puedan ir directamente a los expedientes en los que se sospeche puedan obrar datos relevantes.

Coutaz indicó que "trabajamos con diversas fuentes: el Archivo de la Memoria, partes policiales, archivos fotográficos, y ahora los expedientes será una fuente más para aportar pruebas a la Justicia", a la vez que consideró "muy valiosa" esta nueva puerta que se abre. Señaló que "en la Justicia federal la tarea investigativa es más fácil porque las carátulas tienen nombre", pero en los archivos provinciales "el primer impedimento es que no sabemos qué información hay", por lo cual era indispensable que les permitieran el acceso.

El funcionario ilustró que "los empleados que trabajan esto ya tienen mucha experiencia, tenemos bases de datos sobre caídas o detenciones que permiten una búsqueda más precisa, y vincularlos con fechas y libros de cementerios y registros civiles".

Jorge Kaplán

La Capital