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Abogado procesado por intentar quedarse con la casa de un amigo

Un veterano abogado rosarino de 76 años fue procesado por instrumentar una maniobra para apoderarse de manera ilegal de un inmueble que era propiedad un allegado suyo, a quien le hizo...

Viernes 06 de Septiembre de 2013

Un veterano abogado rosarino de 76 años fue procesado por instrumentar una maniobra para apoderarse de manera ilegal de un inmueble que era propiedad un allegado suyo, a quien le hizo firmar un boleto de compraventa apócrifo, según se determinó en la investigación penal. El letrado hizo el acuerdo 1995 cuando pactó pagar un adelanto en dólares, pero dejó pasar los años y recién en 2005 y un mes antes del fallecimiento del vendedor, se acordó que debía escriturar y accionó una cláusula de resarcimiento que incluso le dejaría un crédito a su favor.

El ardid desplegado por el abogado Raúl Ramón F.G. no deja de sorprender por sus vericuetos y los sospechosos plazos en los que se concretó. Según la causa tramitada en el juzgado de Instrucción Nº 7, a cargo de Juan Andrés Donnola, el hombre abusó de la confianza de José M.B, con quien tenía una amistad de 30 años, a quien convenció para que le vendiera su única vivienda familiar, ubicada en Ovidio Lagos al 800.

De acuerdo a la documentación acumulada en el expediente, el 29 de marzo de 1995 el abogado adquirió el inmueble, por el cual pactó un pago de 50.000 dólares a la firma del boleto, más 30.000 billetes de la misma moneda en una fecha no superior a los 90 días de la escrituración. Del primer desembolso no se dejaron constancias ni recibos, salvo lo expuesto en el contrato.

Pero la negociación venía floja de papeles. Al celebrar el contrato de compraventa con fecha el 20 de marzo de 1995, se redactó íntegramente a máquina y se firmó al pie por ambas partes, pero sin la certificación correspondiente.

En el documento se estableció la modalidad de pago, el tiempo de escrituración (íntegramente a cargo del vendedor cuando en realidad le corresponde el 30 por ciento) y un resarcimiento si no se formalizaba. La cláusula imponía 400 dólares mensuales de multa desde el momento del vencimiento del plazo hasta que se concretara. Así, se acumularon 48.000 dólares a favor del abogado. Si se tiene en cuenta que debía 30 mil, se hizo acreedor de 18.000 dólares más.

Increíble. Con esos argumentos, en marzo del 2005, a 10 años de la operación, el abogado le inició un juicio civil a José M.B,, quien falleció un mes y medio después. El demandante, ahora imputado, reclamó la escrituración y esgrimió la cláusula de resarcimiento. Pero, la viuda de José M.B. siempre dudó de que su marido hubiera avanzado en esa transacción en la que expuso la vivienda familiar. Y tras recibir la demanda del abogado, lo denunció penalmente por la supuesta estafa.

El juez Donnola nunca pudo acreditar que durante tantos años el abogado hubiera hecho algún trámite para reclamar lo que supuestamente le correspondía. ¿Por qué se espera 10 años para hacer valer un derecho que eventualmente le correspondía?, se preguntó el juez durante el tramitación del caso.

El ardid quedó aún más en evidencia cuando un abogado de confianza del vendedor declaró que fue él quién asesoró y redactó el boleto. Pero que su cliente se lo llevó al comprador para que lo observara, instancia en la que este lo transcribió a máquina. Es más, en la pericia caligráfica se demostró que las firmas eran originales, pero que la de José M.B. en el anverso y reverso "fueron estampadas antes que el tipeado del texto".

"Existen algunas pautas que ponen de manifiesto la intencionalidad de una suscripción maliciosa para causar un perjuicio patrimonial. En ese orden vemos el pago de los gastos de escrituración que debían ser solventados únicamente por el vendedor, circunstancia que sí contenida el documento original", refiere el juez en el procesamiento.

Así, Donnola decidió procesar al profesional como "autor penalmente responsable del ilícito por suscripción engañosa de documento en calidad de autor, confirmando su libertad, y le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir los 350.000 pesos.

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