Santa Fe.— Ricardo Luciano Molinas, titular de uno de los estudios jurídicos más importantes de la capital provincial e hijo de Ricardo Molinas, ex fiscal de Investigaciones Administrativas durante la presidencia de Raúl Alfonsín, fue procesado por la Justicia por falsedad ideológica de documento público y estafa. El abogado, de 64 años, habría pretendido arrogarse el carácter de administrador de la fortuna de un millonario español que murió en Santa Fe en octubre mediante la confección de una escritura trucha. La medida alcanzó también al escribano mayor del gobierno provincial, Juan Alberto Millia; a la escribana María Esther Prosello; y al testigo Alejandro Daniel Svetliza, quienes quedaron acusados de falsedad ideológica de documento público.

  La causa se inició el 16 de octubre pasado a partir de la denuncia presentada por Janice Gabi Muller, una joven brasileña y madre de la única heredera del empresario español José María Chalbaud y Sanginés, quien murió el 28 de marzo pasado en una clínica santafesina a los 60 años. El hombre era dueño de grandes extensiones de tierra en el norte de Santa Fe además de propiedades en Buenos Aires y España, valuadas en unos 50 millones de dólares.

  El 26 de marzo, dos días antes de morir y en la clínica en la que estaba internado, el hombre firmó dos testamentos olográficos en los que, de puño y letra, dejaba su herencia a nombre de su hija recién nacida y el usufructo vitalicio de la fortuna para su madre española, Carmen Sanginés, y su compañera, Janice Muller.

La escritura. Sin embargo, pocos días después del deceso, el abogado Molinas (quien atendió los trámites judiciales de la familia Chalbaud y Sanginés durante varias décadas) hizo saber a Muller que había un tercer documento en su poder. En este caso, mediante "una escritura pública" el empresario fallecido nombraba al abogado como "albacea y administrador" de todos sus bienes hasta tanto se terminara el trámite sucesorio. Claro que este documento, a diferencia de los testamentos, no llevaba la firma del muerto.

  A raíz de la denuncia, el juez Rubén Saurín indagó a todos los involucrados y el abogado Molinas sostuvo una coartada poco creíble. Dijo que cuando Chalbaud y Sanginés estaba internado no podía mover los brazos y por eso le pidió confeccionar la poco frecuente pero legal escritura pública ante la presencia de testigos.

  Ese argumento no fue aceptado por el juez, quien entiende que la escritura en cuestión fue confeccionada tras el deceso del millonario español. Por eso, el magistrado no sólo halló responsable a Molinas sino a quienes serían coautores de la maniobra, es decir a la escribana Prosello, al testigo Svetliza, y al funcionario provincial que avaló el acto que podría haber generado perjuicios económicos a la familia del fallecido Chalbaud y Sanginés.