Los trabajadores nucleados en la federación nacional de trabajadores del complejo oleaginoso comenzaron con los contactos para actualizar la paritaria firmada a fines del año pasado. Ese acuerdo incluía una cláusula de revisión en agosto y la reapertura de las negociaciones convoca las miradas del movimiento obrero, toda vez que es uno de los sindicatos que discute uno de los mejores salarios del país.
“El 30 de diciembre pasado cerramos un acuerdo para 2021, con una cláusula de revisión en agosto pero estamos adelantando y ya tuvimos una reunión”, señaló Daniel Yofra, secretario general de la federación nacional en diálogo con el programa La Banda Cambiaria, quien recordó que el gremio negocia históricamente sobre la base de asegurar a los trabajadores un salario mínimo, vital y móvil calculado en base al cumplimiento estricto de la ley de contrato de trabajo y el artículo 14 bis de la Constitución nacional. Esto significa que debe cubrir alimentación, salud, educación, vivienda, transporte y esparcimiento, entre otros ítems.
Este básico, que “no es el salario mínimo de indigencia que pactaron la CGT y la UIA”, está hoy en $ 121.700. “Es lo que le corresponde por ley a toda la clase, lo que pasa es que no todos lo pelean”, señaló Yofra, quien advirtió que “la inflación avanza y nos lleva puestos a los trabajadores, por eso los dirigentes sindicales tenemos la obligación de salir a pedir un reajuste”.
El aumento que reclama el gremio representa un 30% de aumento respecto del acuerdo cerrado en el penúltimo día del año pasado. Tras un histórico conflicto, sostenido en unidad con los el Soea (aceiteros de San Lorenzo) y Urgara (recibidores de granos), el gremio que conduce Yofra sumó un 10% a la paritaria 2020, acordó un bono de fin de año y fijó un aumento salarial del 25% para 2021. El salario inicial paso a ser en aquel entonces de $ 93.647.
“A muchos los asusta que los aceiteros sigamos pidiendo aumento salarial con los sueldos que tenemos, porque hablar de porcentajes confunde, lo que hay que discutir es el básico”, indicó. Y disparó: “Hay que debatir verdaderamente lo que significa el salario para un trabajador, en Argentina el 50% de los trabajadores registrados son pobres”.
Aunque en distintos tiempos, el gremio nacional de aceiteros lleva adelante la negociación en tándem con los aceiteros de San Lorenzo, que no están dentro de la federación. Este camino de coordinación ya lo vienen transitando con otras organizaciones ligadas a la agroindustria y el sector portuario, como Urgara y Fempinra (Federación Marítimo Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina). “Hay otras organizaciones que se están juntando, no habría necesidad si tuviéramos una CGT que no discuta un salario de indigencia, como el último que firmó con la UIA”, dijo.
Mientras tanto, “los sectores que están implicados en un proceso productivo, en el caso nuestro la agroindustria, se tienen que juntar para defender a los trabajadores, porque esperando a los políticos no tenemos muchos resultados”, subrayó el secretario general de la federación nacional de aceiteros.
Biodiesel, Vicentin e hidrovía
Yofra puso como ejemplo de la “falta de sintonía” entre la representación política y los trabajadores la nueva ley de biodiesel. “Favorece más a las petroleras que a la provincia de Santa Fe, bajó el corte del biodiesel del 10% al 5% y con la posibilidad ser un 3%”, disparó.
El dirigente advirtió que corren peligro puestos de trabajo en la industria del biocombustible y, como parte de la cadena, en la aceitera. “El 82% de la producción de biodiesel sale de Santa Fe, esta medida va a impactar y seguramente los capitalistas van a querer cargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores pero nosotros vamos a pelear si quieren cortar por la parte más delgada del hilo”, avisó. En la misma sintonía, recordó que los trabajadores no fueron consultados cuando el gobierno nacional se retiró del caso Vicentin. En el caso de la hidrovía, señaló que “recién consultaron cuando hubo una huelga de dragado y balizamiento”.