Comenzó este miércoles su derrotero en Diputados la media sanción de la ley del Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI que votó el Senado. Fue en un plenario de la Comisión de Legislación General, durante tres horas, en el Anexo del Palacio del Congreso. Con la presidencia de la diputada Cecilia Moreau, los diputados de ambos bloques mayoritarios escucharon a cinco expositores: Eduardo Barcesat, Noemi Brenta, Pablo Manzanelli, Horacio Rovelli, Mercedes Dalessandro y Andrés Edelstein.
Se trata de una ley que refuerza las atribuciones ya existentes por distintos organismos públicos (Afip, entre otros) para ir al rescate de dólares depositados en el exterior y sin haber sido previamente declarados. “Evasión y fuga al exterior”, define el oficialismo: un monto que según distintos cálculos podría superar los 300 mil millones de dólares. La expectativa del oficialismo es profundizar los acuerdos con los países donde se sabe funcionan los “paraísos fiscales” elegidos por los argentinos (un puñado de lugares, principalmente en EEUU y Uruguay), y agrega una novedosa figura, la del “colaborador”; otorgándole un gran beneficio del 30 por ciento del monto recuperado a quien delate – de manera fehaciente- cuentas ocultas con dólares en negro de terceras personas de su conocimiento (aplicable especialmente a ex socios luego en disputa, o ex conjugues también en controversia).
La norma impulsada por el oficialista Frente de Todos (FdT) obtuvo 37 votos en el Senado, contra 31 del rechazo opositor. En Diputados, la situación numérica para el oficialismo es incierta: por ahora no cuenta con apoyos de bloques intermedios, aunque su propósito es poner a rodar el tema, e ir consiguiendo los apoyos que le faltan en el camino. Los plenarios de comisión continuarán la próxima semana, con la incorporación de Presupuesto.
Según el constitucionalista Eduardo Barcesat “la norma no tiene otro objetivo que arreglar el tema de la deuda externa, que es su finalidad. Y aporta un criterio particular, innova con una ley del Congreso. La deuda es un tema indelegable del Congreso”
El experimentado abogado y convencional constituyente de 1994 valorizó el rol del Congreso: “Hago una observación sobre el artículo 25 del proyecto de ley; se habla de que ‘el ministro de Economía disponga para contraer empréstitos’, y esto es un error. El ministro de Economía no está facultado para eso, lo que disponen son legisladores, la comisión Bicameral que corresponda. El ministro es un empleado es un empleado del Poder Ejecutivo y está sujeto a las decisiones rectoras que tome el Congreso de la nación”
Siempre según Barcesat, la mención más valiosa del proyecto son los pactos internacionales. La expresión de auto y libre determinación, independencia económica de los Estados y la titularidad de los pueblos sobre sus recursos naturales adquiera un énfasis particular. Todo aquello que provenga de riquezas o recursos naturales debe atender a esta designación que hace la norma internacional de los derechos humanos, la titularidad es de los pueblos. De allí el derecho a grabar, exigir, regular lo que resulta de la explotación de los recursos naturales.
Y recordó, “la Argentina ratificó estos pactos, los protocolos, que son vinculantes. Frente a esto no se pueden invocar otras normas”
Luego, el consultor destacado de 82 años de edad, amplió: “existe una resolución del año 2020 de Naciones Unidas que aconsejó suspender los pagos de deuda externa para atender la pandemia. Un criterio equivalente podría aplicarse al conflicto bélico que acrecienta el problema, aunque, se entiende, no lo pudo prever la resolución del año 2020. Por lo tanto, se impone subordinar los pagos de la deuda a los efectos de la pandemia y del conflicto bélico que afecta a la humanidad, que lo vivimos con el precio de las mercancías (alimentarias y energéticas)”
Y concluyó, “nada puede escapar al preámbulo de la Constitución que dice ‘promover el bienestar general’. También Naciones Unidas recomienda poner contribuciones excepcionales para atender estos valores de la vida, salud e integridad personal. No debe haber vacilaciones: todo atributo, gravamen o recupero tiene sustento en el pronunciamiento en el protocolo de Convención Americana por los Derechos Humanos.
Por su parte, el expositor Horacio Rovelli, presentó una investigación sobre los dólares comprados por distintas empresas durante el gobierno anterior; “Tecpetrol (explota gas en Vaca Muerta, tiene 3500 empleados y contratistas en Latinoamérica) según sus estados contables podría haber comprado 14 millones de dólares, pero compró 92 millones. Telecom compró 647 millones de dólares, pero por sus estados contables podía comprar hasta 434. Pampa Energía compro 903 millones y podía comprar hasta 623”
Rovelli abundó; “Telefónica Movistar compró 1148 millones de dólares y por sus estados contables podía comprar sólo un tercio de esa cifra. Y Arcor compró 360 millones de dólares, cuando puede justificar la compra de 65 millones”
Según el economista, se observa “Incoherencia entre los estados contables y las compras de dólares. Podrían aducir que se trató de importaciones, pero los montos no son concordantes. Hay que investigarlo”
Para concluir, Rovelli contó un caso de su provincia, Tucumán; “Emilio Luque heredó “Casa Luque” (como Casa Tía, pero de Tucuman), liquidó la empresa, le pagó a sus empleados la indemnización por el 60 por ciento del total, en 13 cuotas ajustables. Resulta que Emilio Luque aparece en el listado de personas que compraron dólares del 17 de diciembre de 2015 al 23 de octubre de 2019, compró 18 millones de dólares, pero le debe plata a la Afip, a Rentas de la provincia de Tucumán, al Banco Nación y al Banco Provincia de Tucumán”
Según Rovelli, “la plata no puede desaparecer, y por arte de magia desaparecieron 82 mil millones de dólares durante el macrismo. Es obligación del Congreso constituir la Comisión Bicameral de Investigación y dotarla de todos los instrumentos para que no sea el pueblo argentino el que pague una deuda que nunca lo benefició”
Por su parte, el economista Andrés Edelstein, rechazó la conveniencia de dictar una nueva norma:
“Se trata de un nuevo blanqueo, el 5to desde 2013 hasta ahora, y quita incentivos a quienes cumplen con los impuestos.
La finalidad de constituir un fondo para pagarle al FMI puede ser un objetivo loable, pero no es el momento. Lo van judicializar y la Argentina no tiene un sistema de justicia acorde en este momento. En cuanto al mérito, parece una tarea titánica salir a buscar estos dólares, y será una tarea ineficaz”.
Edelstein, que empresa las opiniones del sector opositor que no acompaña la iniciativa agregó: “Otro problema serio, es que no tiene fecha de finalización. Y se transformaría en un gravamen permanente, lo que lo hace ilegal.
En cuanto a la figura del ‘colaborador’, quien delata depósitos en el exterior no declarados de terceras personas, y en el caso de verificarse, obtiene un beneficio del 30 por ciento del monto rescatado, Edelstein entiende que sería negativo porque la Argentina “no tiene el marco institucional para eso”.
Para el informante que aportó JxC, la Argentina ya cuenta con las herramientas necesarias, y no es necesario una nueva ley.
