El economista y director del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate), advirtió que si el 30 de junio, fecha en la que vence el período de excepción del concurso de Vicentin, la empresa lograra obtener la mayoría de la aceptación de los acreedores en números y monto, los acreedores “terminarán cobrando según el plan original que tenía la empresa, ya que nadie se va a hacer cargo de los 1.500 millones de dólares de deuda”.
“El 30 de junio vence el plazo para que se cristalice el acuerdo cuya propuesta elevó Vicentín al conjunto de los acreedores y tiene que reunir la doble mayoría, de casos y de plata”, recordó quien también fue veedor designado en el marco del concurso preventivo y actualmente sigue el proceso como representante de los trabajadores aceiteros.
Arelovich dijo que la empresa “no va a tener problema para conseguir el número de acreedores porque está prácticamente cerca”, pero no está claro que ocurrirá con los montos. “Ahí necesita el acuerdo de la banca extranjera que nadie sabe exactamente que va a hacer”, dijo.
En caso de que Vicentin logre su cometido y reúna ambos requisitos “es probable que se alcance el acuerdo”, dijo pero advirtió que esto significa “una quita del 70% en términos reales, a pagar mal y tarde, siempre y cuando se pueda pagar”.
En caso de que no llegara a poder hacer frente a esos pasivos “seguramente va a haber una nueva situación de crisis y podría implicar algún programa laboral como retiros voluntarios, despidos”, dijo porque “sería un escenario en el cual la empresa habría ganado al haber convencido a los acreedores de que acepten la propuesta y por lo tanto, se habría consolidado la quita”.
En cambio, si no lograra la mayoría se abre el proceso de salvataje conocido como cram down en el cual la empresa queda inhibida de participar y puede dirigir cualquiera este proceso, desde un acreedor hasta un interesado. En ese caso, Arelovich consideró que “el Estado tiene que intervenir y jugar fuerte para transformar este problema en la solución”. HIzo referencia así no solo a las acreencias sino también garantizar una refundación de todo lo que es la estructura de la empresa Vicentin, para que no se pierda y para que no se homologue lo que ha ocurrido en la práctica desde el momento que entró en concurso, que fue la pérdida de la cuota de mercado de la agroexportadora en manos de la competencia, fundamentalmente multinacionales.
Recordó que “cuando Vicentin entra en concurso pierde los mercados tanto de compra como de exportación”. El primero porque los productores granarios desconfían y no les entrega más sus granos y lo direccionan al resto de los jugadores, que son un puñado de empresas del mercado granario en la Argentina.
Pero además, Vicentin perdió mercados de venta porque dejó de exportar, un lugar que también ocupó la competencia. En este punto, Arelovich advirtió que muchas de las empresas interesadas en quedarse con Vicentin en el último acuerdo (Bunge, ACA y Viterra) son justamente las que se quedaron con ese pedazo de ese mercado de la agroexportadora en concurso.
“Mi pregunta es por qué estas empresas renunciarían a la apropiación de la porción del mercado de compra y de venta que obtuvieron como consecuencia de la caída de Vicentin?”, indagó el economista.
A su juicio, “la única explicación que queda es que ellos están interesados en la empresa, pero no para ponerla en funcionamiento sino en sacar los beneficios que le garantizaría el uso de la capacidad instalada de las buenas instalaciones que tiene Vicentin, fundamentalmente la parte más moderna que es la de San Lorenzo y Renova”, dijo.
De ese modo “no veo ninguna posibilidad que los acreedores concursales finalmente terminen de cobrar de manera muy distinta que el plan original que tenía la empresa, porque nadie se va a hacer cargo de los 1.500 millones de dólares”, agregó.
Además, hizo hincapié en el estado de las cuentas de la compañía que deben analizarse en el marco de un eventual cram down. “El balance del 31 de octubre del 2021 dice que la empresa tenía una pérdida, un capital accionario de 8.000 millones de pesos que hoy es otra cifra, pero también tenía un patrimonio neto negativo o mejor dicho una suma de pasivos superior a los 50 mil millones de pesos, que hoy serán cerca de 90 mil millones”, indicó.
Ante esto, “para resolver la situación y dejar los números en cero habría que poner unos 800 millones de dólares y no veo que las empresas hoy interesadas tengan mucho interés en poner esa plata y mucho menos en el corto plazo”, agregó. Porque “traducir en moneda los beneficios que le puede generar el uso de la capacidad instalada, está bastante lejos de esa cifra”, concluyó.