Hoy se cumplen dos años de la apertura del concurso preventivo de Vicentin, la agroexportadora que entró en default por u$s 1.500 millones en diciembre de 2019, y el destino de la compañía sigue siendo incierto. En ese marco, la comisión de seguimiento de la Legislatura provincial que viene monitoreando el tema desde el comienzo de la crisis, realizará hoy en la sesión de la Cámara de Diputados un pedido de informes al Ejecutivo santafesino para conocer “las instancias que viene analizando en función de que el 31 de marzo finaliza la prórroga concursal”, planteó su titular, Luis Rubeo (PJ).
La comisión, hoy única instancia estatal en todo el país que insiste en evitar la extranjerización de la empresa, se reunió ayer en Rosario y sus integrantes señalaron que quieren conocer qué resolución tomará el juez del concurso Fabián Lorenzini respecto de la última propuesta que le realizó la compañía, y para eso también viajarán a Reconquista para reunirse con el magistrado y con los trabajadores.
“La decisión que tome el juez definirá si la empresa entra o no en quiebra y nosotros venimos insistiendo en tres postulados esenciales que son resguardar las fuentes de trabajo, evitar la total extranjerización de la empresa y saber a dónde se llevaron el dinero de los acreedores, una cifra cercana a los u$s 1.500 millones”, planteó Rubeo.
“Nos parece que esta propuesta es una forma de seguir dilatando la instancia del concurso”, dijo Rubeo. En tanto, su par de la comisión, el diputado del FSP Carlos del Frade, fue más escéptico. Consideró que “Lorenzini va a aceptar cualquier propuesta porque el juez no tiene margen político para que vuelva a fracasar el proceso”.
La empresa había presentado al juzgado de Lorenzini una propuesta en noviembre último que el juez rechazó por considerarla “abusiva” y le pidió que formule una nueva “de un modo razonable”. En la misma, Vicentin ofrecía una quita del 70% de la deuda y un plazo de pago de 15 años para pagarla.
A principios de mes Vicentin volvió a presentar otra propuesta en la que ofrecía ceder el 95% del capital accionario y proponía pagarle la totalidad de las deudas a los acreedores quirografarios por un monto de u$s 30 mil y ceder el saldo de esas deudas a “un fideicomiso de administración para su inmediata capitalización por el fiduciario” reduciendo así la participación accionaria de los actuales socios a un 5%”.
Esa iniciativa tiene el aval de los tres inversores estratégicos que buscan quedarse Vicentin como son Molinos Agro, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que en conjunto aportarían u$s300 millones por año como capital de trabajo y otros u$s420 millones para cubrir el pago de las deudas a bancos, cooperativas, empresas y a cientos de productores.
Del Frade dijo que Lorenzini “le puso un plazo definitivo al concurso para el 31 marzo y por eso aceptará esta propuesta”, aunque dijo que “ese acuerdo aunque se haga en el ámbito de la Justicia va a tener muy poco de legal, igual que todo el concurso, ya que se sustanció sobre una cáscara vacía que es Vicentin Saic que tiene menos del 1% de un grupo de 33 ermpresas y las otras quedaron ocultas”.
La comisión está integrada además de Rubeo y Del Frade, por Mónica Peralta , María Laura Corgniali, Betina Florito, Rubén Giustiniani, Fabián Palo Oliver, Ariel Bermúdez, Walter Ghione, Gabriel Real y Oscar Martínez.
Los legisladores, además del proceso que se tramita en la justicia comercial quieren conocer el avance de las causas penales contra los directivos de la compañía, temas que consideran no pueden estar escindidos. “Tenemos que dejar de hacer informes subjetivos para avanzar en saber qué pasa con las causas penales que se llevan adelante en la Justicia de Rosario y a nivel federal”, agregó Rubeo.
“Esto muestra que parece más interesante llegar al acuerdo por dinero y no por Justicia, por eso el concurso preventivo está por encima de las causas penales”, agregó del Frade, quien consideró que esto es “un símbolo de cómo funciona el sistema”.
