La empresa Vicentin infomó ayer que logró la mayoría de capital necesaria para que su propuesta de pago sea aprobada en el marco de concurso de preventivo. Este aval se suma al que ya obtuvo en relación a la cantidad de acreedores requeridos por la ley de concursos y quiebras.
La norma exige el apoyo de la mitad más uno de los casi 1.700 acreedores que verificaron créditos para pedir la homologación de la propuesta de pago. Y los dos tercios del capital adeudado, que en este caso involucran unos u$s 1.500 millones.
La empresa ya había informado que consiguió el aval de más de mil acreedores y ayer confirmó que alcanzó la mayoría de conformidades en materia de capital. Para eso fue clave el aval de los bancos extranjeros, a los que la cerealera les debe unos u$s 500 millones en total.
Fuentes de ese sector confirmaron que aceptaron la propuesta que establece quitas de hasta 80% y plazos de pago de hasta 12 años, se mostraron “ muy respetuosos de las instituciones y de los fallos judiciales”. Por eso, esperan que “la Justicia resuelva este asunto de la manera que estime más conveniente para darle una solución definitiva y rápida”. Recordaron que “los acreedores esperan hace más de 2 años y medio”.
El tema es que la Corte Suprema de Justicia de la provincia suspendió el trámite del concurso preventivo y apartó al juez que lo llevaba adelante, Fabián Lorenzini, con el argumento de estudiar la legalidad el proceso. Sobre todo, porque hay investigaciones penales en marcha, una prohibición de vender activos y denuncias sobre que esta disposición se habría violado.
De hecho, los bancos extranjeros son impulsores de la causa penal que se tramita en la Justicia de Rosario y por la cual los directivos y es directivos de Vicentin están imputados por estafa.
En el fuero federal, mientras tanto, el juez Carlos Vera Barros hizo lugar el martes al pedido de una asociación de consumidores que solicitó suspender los contratos entre Vicentin y los tres “interesados estratégicos” para quedarse con la agroexportadora en concurso (ACA, Viterra y Bunge). En su escrito, la REd de Consumidores planteó que la liquidación de los activos de Vicentin en beneficio de los interesados estratégicos generaría “un grave impacto sobre el mercado alimentario y para la población en general”, tanto en términos de concentración del primero como suba de precios para la segunda.
Vicentin contragolpeó cona presentación ante el máximo tribunal de Santa Fe, auspiciada por el famoso abogado Ricardo Gil Lavedra. Y ayer le sumó el anuncio de la doble mayoría. Aunque no se sabe qué pasará con el concurso, informó que logró “las conformidades” necesarias para alcanzar la mayoría de capital y homologar el acuerdo. “Con la firma recientemente acreditada de las instituciones financieras internacionales se ha superado holgadamente el requerimiento establecido por la ley concursal de contar con al menos dos tercios de aprobación sobre el capital verificado”, señaló.
Este hecho, dijo, “se suma a la aprobación manifestada por más de mil acreedores que fuera debidamente informada a finales del mes de abril del corriente año”.
De esta manera, la compañía enfatizó que cumplió en tiempo y forma las instancias previstas dentro de su concurso de acreedores, alcanzando ambas mayorías y “demostrando que la propuesta efectuada cuenta con un categórico respaldo mayoritario y que ha sido entendida por los actores bienintencionados, vinculados con el proceso concursal, como la mejor alternativa para garantizar la continuidad de las operaciones productivas y de las fuentes laborales”. Y se permitió una extraña ironía para ser una empresa que defaulteó repentinamente pr u$s 1.500 millones en el sector más dinámico de la economía, al elogiar su propuesta concursal como una contribución en un “contexto depaís sumamente complejo que exime de mayores análisis y comentarios”.
La cerealera se mostró confiada en contar con la “pronta y necesaria” homologación judicial, que “permita asimismo instrumentar, de manera inmediata, los primeros pagos comprometidos”.
Durante la tarde, tanto el presidente Alberto Fernández, como el ministro Guzmán y el gobernador Perotti fueron consultados sobre Vicentin y se excusaron: “El tema está en la Justicia”.