Vicentin: Ciara-CEC rechazó la creación de empresa testigo

Las compañías del sector agroexportador de la Argentina rechazaron la creación de una empresa testigo en el mercado granario, una posibilidad que consideró el presidente Alberto Fernández frente a la crisis de Vicentin, que se encuentra en concurso de acreedores y cuyos directivos enfrentan un proceso en la Justicia Penal de Rosario.

“Las declaraciones presidenciales en relación al proceso judicial de la empresa Vicentin y del concurso de acreedores no se corresponden con las condiciones del mercado de granos en Argentina”, indicó en un comunicado la Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC).

Según indicaron las entidades que representan a las compañías de la agroindustria, “no existe un mercado cartelizado en Argentina, sino uno transparente con muchas empresas y cooperativas que compiten entre sí y que le han permitido al país ser un jugador mundial de relevancia más allá de los intentos intervencionistas contra la cadena agroindustrial”.

La cámara sectorial recordó que en Argentina “operan más de 20 empresas en el rubro de exportación de maíz y trigo, siendo uno de los países del mundo con mayor grado de desconcentración de empresas exportadoras con amplia presencia de empresas argentinas, cooperativas e internacionales”.

También indicaron que “tampoco resulta razonable instaurar una empresa testigo dado que el gobierno tiene un control pleno”.

Lo expresaron así en función de que los organismos oficiales publican el precio FOB, un índice que es la referencia para pagar derechos de exportación y también difunde a diario los precios y volúmenes de operaciones de mercado vía el sistema SioGranos.

“Además registra todos los contratos de exportación y los autoriza; cuotifica la exportación de maíz y trigo para permitir volumen suficiente de consumo nacional, y ejerce los plazos más cortos del mundo en ingreso de divisas”, agregó el comunicado de Ciara CEC.

En definitiva “el Estado argentino es el más presente de todos los países exportadores de granos y derivados”, indicaron las empresas nucleadas en la entidad y agregaron que “las experiencias de empresas estatales de granos fueron eliminadas en los países exportadores y competidores hace muchos años”.

Por otra parte, en el comunicado repasaron un conjunto de demandas del sector. Recordaron que la industria de molienda de soja “está estancada hace diez años con la mitad de su capacidad ociosa debido a la falta de una política que promueva su cultivo e industrialización”.

Además, dijeron que “hoy la mayor carga tributaria de la economía argentina está sobre la cadena de valor de la soja y no hay tecnologías nuevas”.

Según consideraron, “el Estado debería trabajar en resolver estos problemas para que el primer aportante de divisas del país crezca en lugar de disponerse a gastar los impuestos de los contribuyentes en operaciones de empresas privadas”.

En ese sentido, apuntaron que las compañías del complejo agroexportador argentino liquidaron en mayo u$s 4.200 millones “una cifra récord que significó un 33% más que en abril y ascendió a u$s 15.000 millones a lo largo del año”.

“Desde Ciara-CEC comprendemos que la Argentina se encuentra en una acuciante y cíclica situación de inflación, pero queremos manifestar que no acompañaremos la puesta en marcha de medidas que ya han demostrado ser ineficientes e inconducentes”, indicaron.

En cambio, consideraron que “este ímpetu debería estar dirigido a la solución de inconvenientes que dificultan el desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial previstos en el Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, cuya sanción permitiría incrementar las exportaciones en 100 mil millones de dólares y generar más de 250 mil puestos de trabajo en todo el país”.

Nueva denuncia

El diputado provincial del FSP, Carlos del Frade, presentó junto ante la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, un pedido de investigación sobre las operaciones del grupo Glencore Viterra a partir de la empresa Renova en los últimos tres años al entender que “están directamente vinculadas a maniobras irregulares del consorcio Vicentin”, indicó el legislador.