Un grupo de damnificados por el concurso de Vicentin, integrado entre otros por algunos de los mayores acreedores granarios de la compañía, presentaron una propuesta para evitar el desguace de la agroexportadora y reactivarla a través de la capitalización de acreencia. Buscan para ello el acuerdo con acreedores financieros y el apoyo de los Estados nacional y provincial. Una de las condiciones es la separación de los actuales directores y accionistas.
El planteo fue detallado en un documento que entregaron ayer a la conducción de la cerealera. Está firmado por 70 acreedores granarios, que se comprometieron a “aunar esfuerzos para colaborar en la reactivación de Vicentin, como proyecto superador a cualquier alternativa de desguace”.
Es que consideran improbable que, en las actuales condiciones, la compañía “vuelva a comprar el volumen necesario de granos para un plan eficiente, recomponer el capital de trabajo y vender el paquete de control accionario a un inversor que realice un plan de pagos aceptable por los acreedores”.
El plan de salvataje sigue esta hoja de ruta:
* Capitalizar gran parte de las acreencias, que generará la perdida de participación de los accionistas actuales.
* Establecer planes de pagos, a quienes no capitalicen, con quitas y/o espera.
* Acuerdos con acreedores de granos para asegurar el abastecimiento.
* Acuerdos con acreedores financieros para asegurar el capital de trabajo.
* Separar de las decisiones y la gestión a los actuales directores y accionistas.
La propuesta subraya la importancia de que una parte significativa de los acreedores capitalicen sus deudas y se comprometan a aportar granos y capital de trabajo. También de llegar a acuerdos con acreedores financieros, incluido el Banco Nación.
“Creemos firmemente que la participación del Estado nacional y el de la provincia de Santa Fe serán imprescindibles para poder llegar a una solución”, afirman las 70 empresas firmantes.
Esa alternativa se asemeja a la que se planteó en momentos en que los gobiernos nacional y provincial intervinieron la empresa que defaulteó por u$s 1.400 millones. Esa iniciativa fue frustrada por decisión del juez del concurso y el rechazo férreo de la principal coalición opositora y de las entidades gremiales del agro, que activaron movilizaciones y campañas mediáticas para impedirlo. El prejuicio ideológico aportó el resto para que esa oportunidad se perdiera.
Ahora, los acreedores comerciales proponen constituir una “mesa de reestructuración”, que busquen acuerdos en torno de un plan con los siguientes ejes:
* Quitas/esperas: se tomará un valor que acuerden los acreedores para posibilitar la sustentabilidad del plan.
* Capitalización: se tomarán los valores relativos de aquellos acreedores que accedan.
* Acreedores que aporten originación y financiación: tendrán un tratamiento independiente y diferencial.
En este esquema, los accionistas actuales deberán proponer “un mecanismo ineludible, a satisfacción de los acreedores, que asegure la transferencia del 100% de las acciones si se llega a un plan de reestructuración exitoso”. Y fija el 1º de febrero de 2025 como fecha para determinar el valor de la empresa, en base a una serie de parámetros de acuerdo al resultado del ebitda (ingresos anuales) en diferentes escenarios durante 2022, 20023 y 2024. El pago se realizaría en cinco cuotas.
La mayor parte de la deuda de Vicentin quedó verificada en dólares y fue tomada con entidades financieras locales y extranjeras, siendo el BNA el acreedor individual de mayor monto, con casi u$s 300 millones. El juez Fabián Lorenzini admitió en enero pasado 1.727 acreedores verificados en el concurso, de los cuales la gran mayoría (1.290, equivalente al 75%) son acreedores granarios.
Entre los acreedores que hicieron el planteo figura Commodities SA, la mayor acreedora comercial no cooperativa, Agro Hernando, Bosetti Cereales, Cooperativa Agrícola Ganadera de Armstrong, Futuros y Opciones.com, Fyo Acopio SA, Gagliardo Agrícola Ganadera, Gear, Granar, Grassi Sa, La Clementina y Terra Pampa SA.
En enero pasado, profesionales vinculados al seguimiento del concurso entregaron a Lorenzini un papel de trabajo en el que estimaron que por la relación actual entre el pasivo concursal y el monto mensual disponible para atenderlo, saldar esa deuda llevaría entre 46 y 174 años, tomando en cuenta los escenarios extremos.
El escrito, que publicó en su momento este diario, resumía que “sin considerar quitas, capitalizaciones, inversiones, y licuación, toda propuesta de atención del pasivo concursal es simplemente inviable”. Y consideraba que la clave para que esto cambie es el restablecimiento del rol de Vicentin como originadora de granos.
Ello, señalaba, requiere “de modo ineludible restaurar niveles patrimoniales hoy inexistentes”, sin descartar el desembarco del Estado y entidades cooperativas. También se considera deseable “un proceso voluntario de exteriorización de activos por parte de la empresa y de los accionistas, que devuelva parte de la reducción patrimonial”, el rechazo de insinuaciones de crédito de empresas vinculadas y la depuración de las pretensiones de los accionistas.
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Por Facundo Borrego
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