Economía

Un programa para salir de la crisis

Presentan aportes para la discusión. Acuerdo social, desdolarización e industrialización sostenible.

Domingo 19 de Mayo de 2019

Mientras la discusión económica se concentra en las urgencias de la coyuntura, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) lanzó el plan Hornero, un paquete de políticas que según su visión debería aplicar el gobierno que asuma el 10 de diciembre.

El plan “busca contribuir al debate sobre programas alternativos al neoliberal”, pero al mismo tiempo “analiza críticamente la experiencia histórica del kirchnerismo, las limitaciones de su política económica y de la concepción del desarrollo que la sustentaba”. En el marco de las actividades de debate del plan, el director del Ceso, el economista Andrés Asiain, presentó el documento de trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR. La actividad tuvo una fuerte impronta política: participaron varias de las principales figuras del Frente Juntos, como la candidata a vicegobernadora, Alejandra Rodenas; a diputada provincial, Lucila De Ponti; a senador departamental, Marcelo Lewandowski; a intendente de Rosario, Roberto Sukerman; y a concejal de Rosario, Eduardo Toniolli. Antes, Asiain dialogó con La Capital.

—En el documento del Plan Hornero plantean tres escenarios para este año: ajuste exitoso, corrida cambiaria, corrida bancaria, ¿Cuál creen que es el más probable?

—El de corrida cambiaria, que es un escenario en el que ya relativamente estamos. Es habitual en años electorales, y mucho más cuando hay un modelo económico que agotó sus fuentes de recursos de dólares, que es la toma de crédito. Este va a ser el escenario luego del último cambio en el diseño de la política cambiaria que habilitó el FMI. El gobierno va a usar el crédito del Fondo para financiar la fuga de capitales y estabilizar el dólar. Hasta dónde le alcanza va a depender mucho de cómo llegue a las Paso y de la voluntad del FMI de seguir financiando la fuga. De todas maneras, el FMI ya metió casi toda la torta y mucho no puede decidir.

—Ante el dilema de controlar el tipo de cambio o cuidar las reservas, ¿cuál es la preferible?, ¿cuál es la que tiene mayores costos?

—Para la economía argentina no es una disyuntiva aceptable: uno tiene que tener un uso de las reservas que le permita estabilizar el tipo de cambio pero ir acompañándolo de políticas más estratégicas para disminuir la presión sobre las reservas.

—En el plan Hornero plantean un programa de administración de crisis que tiene tres ejes: estabilizar el dólar, asistir a la población vulnerable, fijar precios relativos de insumos, ¿cuáles son las medidas?

—Planteamos escenarios, y las medidas se van graduando de acuerdo a la gravedad de la situación. En un escenario relativamente estable y manejable, planteamos lo que ahora el gobierno logró: una intervención más discrecional. Sin embargo, a diferencia de ellos, creemos que tiene que haber claridad sobre cuál es el valor del dólar que se quiere y usar toda la potencia del Banco Central para sostenerlo. Planteamos mantener el desdoblamiento de tasas vía Leliq, pero compensar el impacto que generan las altas tasas en la coyuntura. Esto es: mientras se enfrenta una crisis, retomar una serie de regulaciones que forzaban a los bancos a dar créditos a tasas razonables a sectores productivos para contener el impacto que tienen las altas tasas sobre el esquema de producción. Después, según la gravedad del escenario planteamos distintas medidas: por ejemplo, la recomposición de reservas, a través de un impuesto patrimonial diferenciado a los que tienen capitales en el exterior, con ciertas exenciones si traen los capitales a la Argentina. A esto se podría agregar una rebaja temporal de retenciones, que en lugar de ser fijas deberían tener una baja temporal después de la cosecha y una suba posterior, para incentivar la liquidación de la cosecha. Además, planteamos límites a la compra de divisas en cantidades, como regían desde 2002 hasta 2012, cuando se pusieron las restricciones de lo que se llamó el cepo. Por ejemplo, había un límite de compra de 2 millones de dólares por mes. El 10% de la población compra dólares, y de esos el 90% compra menos de 10 mil dólares por mes. Es decir, dejás afuera de las regulaciones al 99% de la población. Es un límite razonable.

—¿Y con respecto a la emergencia social y tarifas?

—En política alimentaria decimos que hay que dar un subsidio económico a todos los que tengan ingresos por debajo de la indigencia. El costo de estas medidas es muy bajo: no llega al 2% del gasto. La repercusión en términos sociales es mucho más relevante. Hoy el 20% del gasto se va en pagar Leliq. En cuanto a tarifas, planteamos retomar el proyecto votado por la oposición, actualizado en los valores. El costo fiscal de esta medida es un poco más alto, entre 4 o 5 puntos del gasto, que podría ser descargado en gran parte sobre las empresas, rediscutiendo los precios que se les están pagando. El gobierno fijó la energía a valor dólar, y no tiene que ver con la estructura de costos de la Argentina.

—En el plan proponen atacar el aspecto inercial de la inflación a través de un acuerdo, ¿cómo se materializaría ?

—Los primeros seis meses del gobierno que venga van a ser para administrar la crisis. Si se logra administrar va a haber seis meses para llamar a un acuerdo social con cámaras empresarias, sindicatos. Ese acuerdo social debería desembocar en un congelamiento de precios, tipo de cambios y tarifas por tres meses. Si asumís en diciembre, sería para el otro verano, cuando se negocian las paritarias, con una negociación de salario real. Parecida a la cláusula gatillo pero indexada a ese período de congelamiento. El congelar los precios, las tarifas y el dólar y después indexar los salarios al congelamiento pincha esa inercia de la inflación; hay que acompañar esto con medidas de alineación de las tasas de interés y en los alquileres al nuevo valor de nominalidad que se alcance tras el congelamiento. Es una propuesta, hay otras medidas que pueden ser más drásticas, otras más moderadas, pero entendemos que por ese lado va el combate de la inflación ante el fracaso evidente de los dos diagnósticos que primaron en los últimos años: que era un problema de monopolios y se solucionaba con Precios Cuidados, o el diagnóstico de que era un problema monetario, que se solucionaba con altas tasas de interés o no emitiendo.

—Para desincentivar la compra de dólares proponen crear una moneda “dura” como instrumento de ahorro, ¿cómo se implementaría?

—Cuando uno hace un promedio de largo plazo se fugan unos 15 mil millones de dólares por año. La mitad es compra minorista, que se explica mayormente por dos motivos. Uno es la vivienda: se trata de gente que compra dólares con la expectativa de comprar una vivienda en algún momento; el otro es la economía informal: al no estar declarada no puede bancarizar el excedente que tenga, lo dolariza, y trata de preservarlo frente a la inflación. La idea es largar una moneda como en su momento fueron los patacones —esa es la estructura jurídica— pero en lugar de ser una moneda débil, que sea fuerte, indexada por la inflación. Como es el UVA, pero no sólo para proteger a los bancos de su riesgo hipotecario, sino para proteger a la población de la inflación y que pueda ahorrar. La idea es lanzar esta moneda y que sea una política a mediano plazo: la gente no confía hasta que ve que anda y que no la estafan. Podría ir acompañada de un Indec independiente, en el que tenga participación de la oposición, para darle credibilidad y garantizar que no se van a tocar las estadísticas. Por el otro lado, se debería cobrar un impuesto a la compra de dólares, que genere un spread muy grande entre el valor de compra y el de venta. En el mercado inmobiliario se debería acompañar esto con regulaciones de que las operaciones tienen que ser con esta moneda y por transferencia bancaria. Desincentivás el uso del dólar porque perderías un margen cada vez que lo comprás para operar en otras monedas.

—En el documento se refieren a los problemas de la experiencia kirchnerista, ¿notan en ese diálogo con economistas de espacio una autocrítica o al menos conciencia de los límites de esa etapa?

—Conciencia existe en todos los sectores, porque los problemas que enfrentó el kirchnerismo eran conocidos por todos. Por ahí, a principios del kirchnerismo había sectores ligados a (Roberto) Lavagna o al Cedes (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) que no tenían una conciencia de los problemas de la industrialización, o que consideraban que alcanzaba con un dólar alto para superar cualquier problema. Muchos sectores piensan que el fracaso fue por no hacer las políticas todavía más drásticas: la política industrial más dura, de control de cambios más dura. Que fue un problema de moderación en el rumbo. Pensamos que con el desarrollo industrial de China, India, es muy difícil pensar en una industrialización competitiva, que genere trabajo y en paralelo derechos sociales, porque las industrias que más trabajo generan compiten con los países de peores condiciones de explotación de la mano de obra. En realidad, el esfuerzo por obtener derechos sociales para las mayorías tiene que ir en paralelo al objetivo de exportar más productos primarios, que es lo que piensan los liberales, y el de agregar valor a la producción que compite con la producción extranjera y sustituir importaciones, que es lo que piensan los industrialistas. Hay que poner los cañones directos de la política pública orientando el crédito y la producción en la resolución de problemas sociales urgentes, donde ya hay capacidades. En el trabajo ordenamos todos los sectores con la matriz de insumo producto. Seleccionamos los que generan más empleo directo e indirecto y los que consumen menos dólares porque tienen mayor valor agregado nacional y menos insumos importados. De esos seleccionamos los que resuelven problemáticas sociales urgentes: vivienda, prevención de adicciones, seguridad comunitaria, salud, políticas de deporte y cultura. Con menos del 20% de la plata que está en las Leliq, subsidiadas por el Estado para financiar la especulación, se pueden generar dos fideicomisos que creen 500 mil puestos de trabajo en dichos sectores, multiplicando empleo, con bajo consumo de dólares, como un complementario de la política industrial y la política agropecuaria.

—Supongamos que con los dólares del Fondo el gobierno logra generar alguna mínima estabilidad y, combinando eso con polarización política, gana las elecciones. ¿Cuáles son sus proyecciones para 2020 y los años siguientes, teniendo en cuenta los importantes vencimientos de la deuda?

—Macri va a reestructurar la deuda, salvo que el Fondo le otorgue los dólares para cubrir los vencimientos con el sector privado, pero son muy elevados. Con toda la plata del Fondo no alcanza. Algunos dicen que (Donald) Trump le va a dar 10 mil millones, pero no podés pagar toda la deuda privada, no te van a dar mucha plata. Con el Fondo van a tratar de cambiar el crédito stand by por uno de largo plazo, que exija reformas estructurales. Van a intentar privatizar YPF y el Nación, aparte de avanzar en achicar la seguridad social y flexibilizar el mercado de trabajo. Con los acreedores privados, las condiciones pueden ser muy leoninas. Con los vencimientos que hay, la reestructuración viene gane quien gane. El tema es qué tipo de reestructuración: con Macri la vemos más parecida a lo que fue el Megacanje. Es un programa inviable: si gana le van a explotar la economía y la sociedad.

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