La salida de Alfonso Prat Gay fue un rumor recurrente durante el primer año del gobierno de Mauricio Macri.

El funcionario llegó al gobierno nacional desde una zona periférica al núcleo duro del PRO.

En lo personal, esa ajenidad no hizo mella en su intención de constituirse en primus interpares del atomizado gabinete económico. Chocó en esa intención con funcionarios más cercanos al presidente, como Federico Sturzenegger y los poderosos viceministros Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Esta dupla se cargó hace sólo unos pocos días a la presidenta de Aerolíneas Argentinas.

Las primeras señales de estas movidas de fin de año parecieran concurrir hacia una profundización del dogma económico del gobierno: la desregulación y liberalización de mercados, como el caso del aeronáutico, el achicamiento del sector público, el endeudamiento y, eventualmente, la privatización de bienes públicos, así como un mayor acercamiento al FMI. El nuevo ministro de Hacienda expuso en sus columnas de opinión lo que se vendría como "reformas de segunda generación".

La radicalización del programa macrista sería una apuesta audaz en un año electoral. La crisis de diciembre, cuando el gobierno debió hacer cintura heterodoxa por presión de la oposición (emergencia social, Ganancias, los acuerdos con el sindicalismo y el retroceso con el ajuste en el Conicet), disparó la interpretación según la cual desaceleraría el ajuste hasta después de los comicios legislativos, cuando un respaldo en las urnas le permitiría avanzar con sus planes más drásticos.

Los cambios de los últimos días parecen ir en otro sentido. Leídos literalmente, parecen orientados a quemar las naves de la ortodoxia antes de someterse al juicio de las urnas. Quizás pensando que es el camino para que finalmente vuelvan las inversiones o asegurarse la canilla de la deuda. O que los tiempos se acortan.