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Aunque todavía no formalizado, hay un rediseño del programa acordado con el FMI.

Domingo 26 de Agosto de 2018

Aunque todavía no formalizado, hay un rediseño del programa acordado con el FMI, que incluye novedades tales como la utilización de reservas para desarmar el stock de Lebacs en manos de particulares, un aumento de la presión impositiva sobre el sector exportador (nada aconsejable, subproducto de la falta de avances por el lado del gasto público en los primeros dos años de gestión) y un relajamiento del compromiso del Tesoro de rescatar deuda intransferible en manos del Banco Central.

En el memo que tiene vigencia desde junio se había incluido una cláusula para "situaciones disruptivas" y la crisis de Turquía parece haberla gatillado. Pero también han sido determinantes las dificultades para renovar vencimientos locales de deuda y una recesión que se anuncia mayor a la prevista por el gobierno, que habrá de afectar la recaudación tributaria. El giro en el plan afrontó su primer testen la semana que pasó, cuando se liberaron al mercado 137,6 mil millones de pesos derivados de Lebacs no renovadas, y el resultado ha sido positivo: frente a una demanda potencial de 4 mil millones de dólares, el Banco Central sólo vendió una cuarta parte de esa cifra, aunque cierto es que hubo un endurecimiento adicional de la política monetaria. El riesgo país comenzó a bajar, ayudado también por el refuerzo de las reservas del Banco Central, de la mano de un tramo adicional del swap con China por 4 mil millones de dólares, y de una posible renovación del segmento original, de 11 mil millones.

Al poco tiempo de haberse firmado el memorando de entendimiento con el FMI, la realidad comenzó a mostrar divergencias con lo proyectado, lo que está obligando a medidas adicionales y replanteos. Parece haber consenso para encarar este giro entre el gobierno argentino y el staff del Fondo, quizá facilitado por la irrupción de la crisis de Turquía. La coyuntura requiere diferenciarse de Ankara, y este objetivo parece ser compartido por el FMI.

La poda al presupuesto

"El boceto que trascendió del presupuesto 2019 supera los peores pronósticos en términos de ajuste contra el pueblo trabajador. Se trata de un verdadero plan de guerra que fue dictado por el FMI para descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Alertamos contra la negociación en marcha con los gobernadores y los partidos de la oposición, ya que éstos le han votado al macrismo más de 100 leyes en el Congreso".

Así lo expresó el diputado del Frente de Izquierda Gabriel Solano, quien especificó que "el proyecto es un decálogo del ajuste permanente. Establece la reducción del 50% de los fondos destinados a la obra pública, aunque será mayor ya que esa reducción a la mitad será contra el gasto real del 2008 y no contra lo presupuestado, que por la crisis fue subejecutado. La reducción de la obra pública agravará la recesión económica y afectará de manera notable el nivel de empleo".

"Se prevé mayores tarifazos, que están estimados en el orden de 37% anual tanto para la electricidad, el gas como el transporte público. Pero además se agrega la eliminación de los subsidios al gas en la Patagonia, lo cual implicará como mínimo una duplicación de la tarifa actual que pagan los habitantes del sur".

"La ofensiva contra las provincias se redoblará, porque se mantiene la eliminación de fondo sojero y se afectarán los fondos para obras públicas. En total, las provincias recibirán 100.000 millones de pesos menos. Esto repercutirá de manera directa en los sistemas de salud y educación que están a su cargo, y en los salarios de docentes y empleados del Estado". dijo.

"El proyecto incorpora nuevos agravios contra los jubilados. Se prevé eliminar los regímenes especiales que alcanzan a centenares de miles de trabajadores y robarse fondos del Pami estimados en 10.000 millones de pesos", agregó y dijo que "se procederá al congelamiento de muchos programas sociales, lo cual ante una inflación que rondará el 40% anual equivale a una reducción significativa. También se establece la eliminación de pensiones no contributivas por un monto aproximado de 25.000 millones de pesos".

"En total se apunta a una reducción de 300.000 millones de pesos, pero es probable que por la recesión económica que esta política está generando el gobierno deba recurrir a nuevos ajustes en el futuro".

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