Economía

Terrorismo de Estado: sangre y dinero

La dictadura del 76 mostró la lógica de la ferocidad del capitalismo. Matar para robar. Concentración de riquezas y extranjerización de la economía

Domingo 25 de Marzo de 2018

Desde el golpe de 1955, cuando el país fue subordinado al imperio del Fondo Monetario Internacional (FMI), una de las principales metas fue reducir el llamado "costo argentino", es decir, en buen romance, desarticular lo derechos sociales, el salario y los sindicatos. Lo expresó con claridad Juan Alemann, ex secretario de Hacienda de la dictadura: «Con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical que era uno de los grandes problemas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte, frente al cual era imposible el florecimiento de cualquier partido político, porque todo el poder lo tenían ellos (...) Hemos debilitado el poder sindical y esta es la base para cualquier salida política en la Argentina».

Por eso es necesario repetir quiénes fueron el blanco del terrorismo de Estado, de la sangre derramada con precisión y burocracia para garantizar las ganancias de pocos: seis de cada diez desaparecidos tenían entre 21 y 30 años (32,62% entre 21 y 25 años y 25,90% entre 26 y 30 años, sumando un total de 58,52%).

Además, seis de cada diez desaparecidos eran obreros, empleados, profesionales y docentes, es decir trabajadores (obreros 30,2%; empleados 17,9%; profesionales 10,7% y 5%, docentes; que en conjunto suman el 63,8% del total de desaparecidos).

Trabajadores menores de treinta años con ideas revolucionarias. Los que le metieron miedo a las clases dominantes y que, como respuesta, sufrieron el terrorismo de Estado.

En 1974 la pobreza en Argentina alcanzaba, solamente, al 5,4% de los habitantes. Hacia 1983, llegaba al 37,4% de la población. La multiplicaron casi por ocho.

Matar para robar, sangre y dinero, las claves para entender el por qué del golpe del 24 de marzo de 1976.

La confesión rosarina

"El empresariado argentino ha crecido y está decidido a aceptar el desafío que significa la reconstrucción de la república. Por ello estamos aquí reunidos, para conocer el pensamiento de las fuerzas armadas y poder así reflexionar sobre la naturaleza de sus designios, determinando la dimensión exacta de nuestra responsabilidad empresarial", dijo un exultante representante de la Federación Gremial de la Industria y Comercio de Rosario, José Luis Pinasco, en octubre de 1977, al recibir a Ramón Díaz Bessone, el militar que planificó la represión en las seis provincias del Litoral y la Mesopotamia argentina, el área del Segundo Cuerpo de Ejército, con sede en Rosario e influencia en Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

En aquella jornada de octubre de 1977, en la Bolsa rosarina, Díaz Bessone fue claro y contundente: "Los empresarios forman uno de los primeros sectores que constituyen la Nación día a día. Acaso por eso fueron uno de los blancos predilectos de la agresión criminal de las hordas marxistas. Por eso la responsabilidad moral es la otra gran vertiente de esta eminente función social, y comienza dentro de la misma empresa. Allí los derechos ceden su lugar a los deberes. Defender la empresa y la propiedad privada contra agresores de toda índole es el primer deber", sostuvo en una clara conciencia del rol de los militares como celadores del gran capital.

Disciplinamiento laboral

Elizabeth Gómez Alcorta, quien elaboró junto a Eduardo Basualdo de Flacso, a integrantes del Cels el informe "Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado", sostuvo que en la presentación de ese trabajo basado en 22 estudios sobre 25 empresas, comenzó a entenderse una necesidad: "Una vez reconstruida las características del aparato represivo, identificamos que no estaba disponible un insumo para entender el universo del colectivo de víctimas entre los trabajadores", dijo.

"Ante la lectura de todos los casos juntos nos encontramos en condiciones de explicar la clara responsabilidad de un sector del empresariado en los crímenes que tuvieron a estas víctimas", agregó la investigadora quien fue responsable del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el gobierno anterior. "Por eso decimos que la palabra «participación» o «complicidad» a priori no resulta correcta para la comprensión de los crímenes en estas intervenciones".

El informe encontró "un patrón común en las prácticas represivas y una estrategia común de disciplinamiento laboral de terrorismo de Estado", aseguró. Y dijo que marca distintas formas de disciplinamiento de las fábricas en las que se encuentra el extremo de haber tenido centros clandestinos de detención. Pero también hubo formas más invisibilizadas, como la entrega de listas, el señalamiento de blancos o delegados, listas de direcciones, fotos, legajos personales o apoyo de logísticas.

En esos "patrones de recurrencia" encontraron que 88% de las empresas hubo secuestros o despedidos; 76% entregó información privada de los trabajadores; 72% tuvo presencia de actividad militar, control y amedrentamiento y en el 52% de las compañías hubo presencia de cuadros empresariales en la detención, secuestro y tortura de los trabajadores. "En este sentido evidencian las distintas formas de combinación de prácticas empresariales y militares del terrorismo de Estado que tuvieron como víctimas a los trabajadores", aseguró.

Acindar, el origen

Walter Klein, socio de Martínez de Hoz, años después, fue mucho más contundente frente a la Embajada de los Estados Unidos: "Quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra".

Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía Federal relató ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983, que "otra represión notoria de la Triple A fue la ejercida contra los activistas sindicales de Villa Constitución". Fue el 20 de marzo de 1975. Cuatro mil integrantes de fuerzas de seguridad, nacionales y provinciales, invadieron la ciudad bajo la orden del entonces ministro del Interior, Alberto Rocamora.

Esa "operación fue dirigida por el comisario Antonio Fiscchietti, alias «El Padrino» o «Don Chicho». Fiscchietti fue reclutado para integrarse en la AAA siendo delegado de la Policía Federal Argentina en la provincia de Tucumán".

Sostuvo que "las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero". Remarcó que "el presidente de Metcon, por ejemplo, retribuía con una paga extra de 150 dólares diarios al oficial de policía que dirigía su custodia personal, por un servicio de vigilancia no superior a las seis horas de duración".

Acindar "pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos. El pago estaba a cargo del jefe del Personal, Pedro Aznarez y del jefe de Relaciones Laborales, Roberto Pellegrini".

Agregó que "Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa...".

El gerente general de Acindar era José Alfredo Martínez de Hoz. No solamente invirtió para secuestrar, torturar y desaparecer delegados sindicales, sino que además pidió un crédito por 600 millones de dólares. El gobierno de Isabel Martínez de Perón no se lo otorgó. Cuando en 1976 asumió como ministro de Economía de la administración que lideraba Jorge Rafael Videla, él mismo, del otro lado del mostrador, otorgó la autorización. En 1982, un funcionario del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo, convirtió aquella deuda privada en parte de la deuda del Estado argentino. Desapariciones y deuda externa. Los negocios de Acindar. Sangre y dinero.

A 40 años del Mundial

Así, con secuestrados por todo el país, en junio del 78 los argentinos que podían caminar sin preocupaciones por la calle se sentaban en un sillón para ver los partidos del Mundial, ese en el que la dictadura gastó 700 millones de dólares, una cifra sideral y envuelta de corrupción. Lo primero en crearse fue el Ente Autárquico Mundial 78 (EAM 78), que les facilitaba a los militares el control absoluto del torneo. El primer presidente fue el general Omar Actis, del Ejército y enfrentado con Carlos Lacoste, un íntimo de Emilio Massera, de la Armada e integrante de la Junta. Fue Lacoste quien finalmente terminó controlando el EAM 78 ante la sospechosa y nunca esclarecida muerte de Actis en 1976, en un hecho que se trató de atribuir oficialmente a la guerrilla pero sobre el que siempre sobrevoló la sombra de Massera. Eso favoreció el gasto millonario en el que se incluyó la remodelación total del edificio de ATC, con el declamado objetivo de garantizar la mejor calidad de transmisión, como también la terminación de los estadios de River, Vélez y Central y la realización de los de Córdoba, Mar del Plata y Mendoza.╠

El 25 de marzo de 1976 la Junta recibió de manos del deporte una de las primeras adhesiones. La dio el presidente de la Confederación Brasileña de Deportes (CBD), almirante Heleno Nunes. "Tal vez sea la mejor garantía de la Copa del Mundo en Argentina", dijo Nunes. Al día siguiente arribó a Buenos Aires una comisión de la Fifa, para inspeccionar las obras del Mundial, encabezada por el alemán Hermann Neuberg, SS en los tiempos de Hitler. "El cambio de gobierno no tiene nada que ver con el Mundial. Somos gente de fútbol y no políticos", dijo Neuberger.

Más claro aún fue el propio mandamás de la Fifa, Joao Havelange. El 28 de marzo decía desde el exterior que "la Argentina está ahora más apta que nunca para organizar el Mundial". Recibiendo a la Fifa en Ezeiza aquel 25 de marzo estaba ya el almirante Carlos Lacoste, la bota que Massera puso dentro del deporte, para manejar el poder y los negocios.

El Mundial 78 costó 700 millones de dólares, un precio que superó, incluso, al de España que se hizo cuatro años después, en medio de la guerra de Malvinas.

Y durante la realización del campeonato, la inflación trepó al 160%. Así, mientras Kempes hacía los goles, el pueblo era goleado en los supermercados y la vida cotidiana.

42 años después, las lógicas económicas que se basan en el endeudamiento externo, la concentración y extranjerización de riquezas y el disciplinamiento obrero, no son simples repeticiones del pasado. El problema es que ahora no se imponen por botas, sino por votos.

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