El resultado fiscal del primer trimestre es un buen cuadro de la política económica nacional. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció el sobrecumplimiento por algunas décimas porcentuales de las metas que el propio gobierno se fijó en materia de déficit primario, sin contar los pagos de la deuda.
Para alcanzar ese objetivo, bajó en el período un 20,3% interanual el gasto de los subsidios por servicios públicos y del 23% en el gasto de capital, que incluye a la obra pública. La inversión se redujo en 11 mil millones de pesos. Pero al mismo tiempo, se produjo un aumento de más del 100% en el gasto destinado a atender los servicios de la deuda.
Un tercio del presupuesto ya se destina al pago de la deuda. Y esas partidas compiten con las que se destinan a obra pública y neutralizan en buena medida el ahorro de subsidios. Los recursos que antes se destinaban a amortiguar el precio de los servicios públicos ahora se usan para pagar deuda tomada por este mismo gobierno.
Los tarifazos no tienen otro fin que transferir recursos del bolsillo de consumidores y empresas del sector productivo a concesionarias de esos servicios, mientras que los fondos presupuestarios que se ahorran se destinan a pagar a los bancos y fondos de inversión que intermedian y compran deuda argentina. El gobierno de Macri está en el podio de la emisión de bonos en el mercado internacional, en un contexto en el que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que el endeudamiento global está en niveles peligrosos.
Por eso el Fondo exigió esta semana mayor ajuste fiscal al Ejecutivo argentino. Fue en paralelo a la revisión al alza de su pronóstico de inflación y a la baja del referido al crecimiento económico. Suena a paradoja pero las causas para esta última corrección fueron, además de la sequía, las propias consecuencias del recorte.
El año del ajuste viene con una goleada de la inflación versus el salario en el primer trimestre, con despidos a mansalva y con una ola de tarifazos que se supone "concentrados" termporalmente con timing de analista de campaña, para evitar los retoques en el año electoral. Este juego es conocido desde hace mucho en Santa Fe, donde el esquema funcionó hasta que le puso la paciencia al plato a un electorado que comenzó a castigar sin matices.
El gobierno nacional entiende que le queda carretel político para jugarlo. Ni ruidazos, ni marchas de las velas ni sesiones especiales escandalosas en Diputados lo mueven de su compromiso con mejorar la facturación de las empresas de la cadena energética. Unico objetivo logrado hasta ahora por la política del ministro Juan José Aranguren, toda vez que en dos años cayó la producción de hidrocarburos, se redujo la inversión y aumentó la importación. El déficit energético es un componente importantísimo del déficit externo.
La fuga de divisas también. El Banco Central exhibió en su último informe sobre el mercado cambiario, el aumento de la demanda dólares, la salida de capitales por viajes al exterior y también por formación de activos externos. El balance cambiario fue rojo en más de 1.600 millones de dólares durante el mes de marzo. En el primer trimestre, la fuga neta de capitales fue de 6.931 millones de dólares. Desde 2015, la fuga bruta fue de 91.693 millones, casi el mismo monto de la deuda que se generó.
La ceocracia no es una muletilla ideológica. Su lógica orienta el plan económico: un programa de redistribución de recursos hacia los ministros y las compañías y sectores económicos que ellos representan. Desde el mismo oficialismo lo exhiben con énfasis convirtiendo en virtudes públicas los vicios de ocultamiento fiscal, fuga de divisas, superposición de intereses y odio a la clase trabajadora organizada. La cultura de la satisfacción sobre la que teorizó John Keneth Galbraith en su brillante libro sobre la economía de la revolución conservadora en Estados Unidos. Un economista que anticipó escenarios de fuerte disrupción social en el país del Norte, que en Argentina se ven desde el poder como algo lejano. El mismo Aranguren lo dijo en tono de desafío el año pasado: "Si las tarifas son razonables o no, lo dirán los ciudadanos con su voto". Meses después, el oficialismo se impuso en las legislativas.