Con la quita de subsidios a las tarifas energéticas el gobierno busca bajar el gasto en un contexto externo en el cual la economía está en problemas. Desde el Ieral de la Fundación Mediterránea entienden que la reducción de aporte del Estado en esta área debería servir para recuperar superávit y también aminorar cargas fiscales extraordinarias a los contribuyentes.
“Si bien las cuentas fiscales muestran equilibrio, una medición alternativa que compute gastos e ingresos extraordinarios reversibles marca que 2011 terminó con un déficit primario de 1,3% del PIB”, advirtió Ieral y estimó que los gastos del sector público nacional que tienen carácter extraordinario y pueden ser revertidos equivalen a 4,1% del PIB, mientras que ese monto alcanza a 5,4% del PIB para los ingresos extraordinarios que deberían ser revertidos.
“La discusión sobre la reducción de subsidios a empresas debiera remitir al crucial debate respecto a cómo usar los recursos ahorrados. Consideramos que no es recomendable destinar ese ahorro a nuevos gastos. La prioridad debería asignarse a recuperar el superávit perdido y reducir el peso de los ingresos extraordinarios. Esto incluye el uso de utilidades del Banco Central (BCRA) para financiar al Tesoro y los tributos que se crearon en forma extraordinaria en 2001 y 2002, o los que se obtienen por no ajustar por inflación en el impuesto a las ganancias”, indicó Ieral.
Según el informe, tales tributos ayudaron a generar una presión fiscal récord para la Argentina (en 2011 se acerca al 36% del PIB si se suman los tres niveles de gobierno, y está arriba del 37% si se adiciona el impuesto inflacionario). Por tanto, consideran que “si ahora caen los subsidios y por ende, sube la presión sobre los presupuestos familiares, sería conveniente ajustar los impuestos extraordinarios a la baja, para compensar total o parcialmente aquel efecto”.
Ieral estimó que para una familia tipo, la eliminación de subsidios puede significar un gasto mensual adicional de 407 pesos, pero muchos hogares pueden enfrentarse a una duplicación de cargas por la falta de actualización del mínimo no imponible en ganancias, un tema que aún no figura en la agenda pública y está latente en la previa de la discusión paritaria que ya comenzó a despuntar para 2012.
El estudio precisa que el sector público nacional fue perdiendo su superávit primario en los últimos años, desde 3,9% en 2004 a virtualmente cero en 2011, aún frente a un contexto externo favorable en estos 9 años, y con el uso de cuantiosos recursos extraordinarios en la última década (impuestos nuevos, estatización de AFJP y uso de utilidades de BCRA y Ansés). “Si no se hubiese echado mano a tales recursos extraordinarios, a octubre de 2011 hubiese exhibido un déficit primario de casi 7 puntos del PIB”, subrayó.
Para comprender esta dinámica hay que tener presente la evolución de las partidas de gasto, que incrementaron su participación tanto por decisiones de carácter más estructural como la asignación universal por hijo (AUH) como de carácter reversible, comolos subsidios, reversión que ocupa una lugar prioritario en la agenda pública actual.
Las erogaciones extraordinarios no reversibles pasaron de representar 0,1% del PBI en 2006 a ser un 2% en 2011, luego de tener efecto pleno la política de moratorias jubilatorias y la AUH. Al analizar estos cambios estructurales, se consideran como gastos de carácter no reversibles a los efectos netos de estas políticas de gasto. Por ejemplo, en la AUH se considera sólo el monto adicional a los planes de ayuda social existentes previamente que fueron reemplazados por la misma.
Lo que se puede revertir. El informe precisa que el crecimiento fue mucho más vertiginoso al considerar los conceptos reversibles, creciendo 3 puntos porcentuales en igual período (pasando de 1,0% en 2006 a 4,1% en 2011). Se cataloga a los subsidios a empresas de energía, transporte y otros, como de carácter reversible, los cuales para el este año se esperan que estén próximos a los 75 mil millones de pesos, cuando en 2010 contabilizaron un poco menos de 2/3 de este valor (se gastaron 48 mil millones) y eran de 6,5 mil millones en 2006.
Esta dinámica de crecimiento representa una de las grandes amenazas, así como la mayor oportunidad para las finanzas nacionales, si se logra instrumentar en el mediano o largo plazo su reducción y adecuada reasignación.
En tanto, Ieral señala que resulta ilustrativo comparar la evolución de ingresos y gastos, según sean de naturaleza ordinaria o extraordinaria. Se aprecia que los primeros mostraron un crecimiento gradual en su participación en el PIB durante el periodo considerado, ubicándose en torno al 17,5% en los últimos años para el caso de los gastos y 16% para los ingresos.
Muy diferente fue la situación de los conceptos extraordinarios. Los ingresos ya eran altos en 2006, próximos al 4% pero igual crecieron hasta representar un 8,1% del PIB en 2010. En cambio, las erogaciones extraordinarias se multiplicaron por casi 6 en los últimos cinco años, del 1,1% al 6,1%.
“Esta senda en la evolución de ingresos y gastos extraordinarios se expresa en un aumento de su participación relativa desde el 2006. En el 2011, los ingresos extraordinarios llegan a representar un 28,6% del total de ingresos, mientras que las erogaciones extraordinarias contabilizan un 25,8% del total de gasto primario”, explica el informe.
Sobre la evolución del resultado primario, en el informe se observa que el sector público nacional fue perdiendo su superávit primario en los últimos años, desde 3,5% en 2006 a virtualmente cero al final de 2011. Ahora bien, políticas de tipo estructural o de carácter no reversible tienen baja probabilidad de ser eliminadas, por lo que resulta conveniente rever el concepto de superávit computando el efecto de gastos e ingresos extraordinarios reversibles: “Si así fuera, desde 2009 habría déficit, del orden de 1,3% del PIB para 2011”, concluye Ieral.
Impacto en las familias. El esquema de cuentas públicas que involucra elementos extraordinarios de ingresos y gastos no sólo tiene consecuencias a nivel de las finanzas del gobierno, sino que también impacta sobre los agentes económicos, es decir, las familias y las empresas de la economía.
En 2012 muchas familias verán afectado su presupuesto por el sinceramiento de las tarifas de los servicios públicos, que sobrevendrá a la eliminación de los subsidios. Dado el récord de presión tributaria, correspondería también eliminar los tributos que afectan en forma extraordinaria los ingresos familiares, especialmente el que surge por no ajustar totalmente por inflación el impuesto a las ganancias.
Ieral analizó que una familia argentina promedio estaría actualmente gastando al mes $330 en transporte, electricidad, agua y gas. Si los subsidios dejaran de tener vigencia, los gastos ascenderían a $737, lo cual implica un monto subsidiado de $407. El subsidio a los gastos en servicios públicos de las familias no resulta menor, especialmente si se considera en términos relativos. Así, el gasto en transporte aumentaría 112%; en electricidad, 129%; en agua y cloacas, 226%, y en gas, 172%. En el conjunto de los servicios considerados, las erogaciones que realiza una familia tipo más que se duplicarían (aumento de 123%) al efectivizarse la eliminación de subsidios, insumiendo más de $400 adicionales al mes.
Es así que el informe expone que para una familia que deba pagar $407 extras por la supresión de los subsidios a los servicios públicos y del efecto por no ajuste por inflación le representaría un costo mensual de $263, mientras que eliminando ambas distorsiones esta familia debería afrontar una erogación extra de sólo $144 mensuales. “Para garantizar una situación simétrica y equitativa, se debería compensar total o parcialmente la mayor erogación mensual que deberá enfrentar una familia tipo5 por la quita de subsidios ajustándose los mínimos no imponibles siguiendo a la evolución de la inflación”, puntualizó el estudio.
Finalmente el estudio de Ieral concluye que “la eliminación de subsidios debería ser acompañada con la actualización por inflación en el impuesto a las ganancias, dado que así como existen gastos extraordinarios también hay ingresos extraordinarios, y la salud fiscal del país recomienda que la baja de uno debería dirigirse a compensar la baja del otro, además de recuperar los niveles de superávit fiscal”. •
