La Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario alertó que sería un error quitar el régimen de la doble indemnización y la imposibilidad de despedir sin justa causa, en alusión al cese del decreto que vence este jueves y el gobierno nacional no prorrogará. Lo cierto es que la doble indemnización surgió en diciembre de 2019, mientras que al año siguiente se estableció —en plena pandemia— la nulidad del despido sin justa causa y la opción de reincorporación inmediata del trabajador. La última prórroga fue en diciembre pasado.
La consulta del programa "El primero de la mañana" de LT8 vino a colación de las declaraciones realizadas este jueves por la vocera presidencial Gabriela Cerruti, quien dio a entender que ese beneficio de protección laboral llegaba a su fin. A eso se suma el rumor de un sector empresarial, quien venía reclamando por el fin de ese paraguas protector en favor de los trabajadores.
"La doble indemnización es una medida que se tomó de emergencia, pero la verdad que tenemos números que indican que el desempleo sigue bajando y se crean hasta 20 mil empleos por mes, de modo que eso nos permite considerar que tenemos una nueva situación para seguir promoviendo la creación del empleo formal y las mejores paritarias para el sector laboral", respondió ante la consulta realizada en plena conferencia de prensa respecto al fin del decreto.
En ese sentido, el referente de Asociación de Abogados Laboralistas locales, Sebastián Serrano, sostuvo: “Creemos que esta doble indemnización debería mantenerse en una situación de dificultad económica como la que estamos atravesando, pero también debería mantenerse la imposibilidad de despedir sin justa causa. Esto esta vigente a partir de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional e interpretaciones que hacía nuestra Corte Suprema de esos tratados hasta el año 2014”.
El laboralista aseguró que “a medida que uno va quitando protección de derechos, la relación laboral se va deteriorando, puesto que la calidad de la relación laboral depende de los derechos que tenga, y eso no va en desmedro de la economía, sino todo lo contrario. En un sistema donde tengamos mayores posibilidades de llegar a un pleno empleo con un buen salario, vacaciones y derechos que son importantes como la reducción de generar la jornada laboral, creemos que la eliminación de la doble indemnización es contraproducente”.
Pese a los avatares que ocasionó la pandemia de coronavirus en el mercado laboral, un sector del empresariado le solicitó a la Casa Rosada el cese del decreto bajo el argumento de que ese beneficio resultaba un obstáculo para invertir y generar más empleo.
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“Son las falacias de siempre que se han escuchado en torno al derecho del trabajo, por ejemplo como sucedió con el caso del aguinaldo. Cuando lo anunciaron, dijeron en su momento que iba a haber una catarata de cierre de empresas y eso no sucedió”, respondió Serrano. En ese sentido, recordó que, cuando se estableció el aguinaldo por ley, “anticipaban una catarata de cierre de empresas que tampoco sucedió”.
En ese sentido, propuso: “Si vamos a discutir, hagámoslo con números y con los antecedentes que tenemos. Porque a medida que se precarizaron las condiciones, el desempleo aumentó y las condiciones de trabajo fueron cada vez peores. Sin embargo, cuando se fortalecieron los derechos de los trabajadores, la situación económica mejoró y hubo mayor nivel de empleo. Imagínense si no hubieran estado estas medidas en plena pandemia. Hubiera sido un festival de despidos que hubiese desatado un caos social”.
Y concluyó: “Si volvemos a tomar medidas regresivas, vamos a terminar como en 2001. Hoy el desempleo está en el orden del 7% y esto ha sido gracias a este tipo de medidas proteccionistas en favor de los trabajadores. Las empresas tienen problemas que responden a situaciones macroeconómicas que no hacen al derecho de los trabajadores”.
La última prórroga del decreto de la doble indemnización y despido sin justa causa ocurrió en diciembre del año pasado y tenía una validez hasta el 30 de junio, aunque establecía una reducción gradual de los montos resarcitorios por cesantías.