“No podemos adelantar nada pero somos optimistas”, fue la respuesta de una de las partes que negocia para destrabar el conflicto laboral en el puerto de Rosario, durante uno de los cuartos intermedios que pausaron la larga reunión realizada ayer entre representantes del grupo Ultramar, del sindicato de estibadores y funcionarios nacionales y provinciales.
Luego de quince días de escalada, el conflicto desatado por la decisión de Terminal Puerto Rosario (TPR) de avanzar con despidos y descuentos salariales sobre los trabajadores del puerto Rosario, encontró al menos un carril de diálogo. El panorama se abrió tras el desplazamiento de los directivos locales, ligados a Vicentin, por los representantes de la chilena Ultramar.
Ambas empresas son copropietarias de TPR, la concesionaria de los muelles I y II de la terminal local. La convicción del gremio y los gobiernos nacional y provincial de que los ejecutivos de Vicentin fogonearon el conflicto para forzar a las autoridades a extender el contrato de concesión contribuyó a forzar el cambio de interlocución.
De hecho, la disputa laboral, que se disparó en esta nueva etapa cuando la empresa respondió con despidos a una negociación salarial, se puso cada día más áspera. En el inicio de la semana, un automovilista abrió fuego frente al piquete de los trabajadores en el acceso a la terminal portuaria. Y el jueves, una marcha de los estibadores derivó en incidentes en el Concejo y la Municipalidad.
La rotura de la puerta histórica en el Palacio de los Leones activó los mecanismos de criminalización de la protesta, con una denuncia penal ante la Fiscalía que conduce Carlos Covani, y cruces de palabras entre las autoridades políticas. Pero también aceleró la reacción del gobierno provincial, que intermedió para encontrar un interlocutor empresario “con poder decisión”.
Así, durante jueves y viernes se abrió un capítulo de negociación, que tiene como premisa la exigencia del gremio, y también del Ministerio de Trabajo, de que la concesionaria dé marcha atrás con los despidos y pague los salarios adeudados.
Como parte de la protesta contra esa ofensiva patronal, los obreros portuarios ocupan las instalaciones del puerto y el gremio lanzó un paro regional que afecta a nueve terminales de la región.
El miércoles pasado, en una conferencia de prensa realizada en la sede rosarina del Supa, el secretario general de la Federación de Estibadores del País (Fepa), Marcelo Osore, advirtió que el conflicto podría escalar en un paro nacional.
Es que, desde el punto de vista de los gremialistas, la ofensiva de Terminal Puerto Rosario (TPR) contra los trabajadores tiene dos objetivos: uno es obtener una extensión de la concesión sin tener que asumir el conjunto de las inversiones comprometidas cuando entraron al negocio. El otro es convertir al puerto de Rosario en la cabecera de playa de una reforma laboral. De hecho, los representantes de la empresa que venían participando de las audiencias de conciliación hasta el jueves insistían con el reclamo de modificación del convenio de trabajo para elevar la jornada laboral de 6 a 8 horas.