El 20 de junio de 2018, hace cuatro años, la Argentina recibía el primer desembolso del acuerdo de stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI), firmado durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, e iniciaba así un nuevo proceso de endeudamiento con el organismo multilateral.
Fue un desembolso de u$s 15.000 millones que formó parte del primer acuerdo por u$s 50.000 millones, una magnitud inédita para el organismo y para la Argentina.
Aún así, luego se amplió a u$s 57.100 millones meses más tarde pese a no cumplir siquiera con la primera revisión del programa, en medio de una fuerte corrida contra el peso y de especulaciones por la fragilidad del programa económico.
Según un informe del Centro de Economía Política (Cepa), si se hubiesen cumplido todos los desembolsos programados (u$s 57.000 millones), la Argentina habría superado la mitad del monto total que el FMI desembolsó en medio de la pandemia de coronavirus a 85 países.
No obstante, los desembolsos efectivos concretados a la Argentina (u$s 44.000 millones) superaron lo dado a países fuera del hemisferio occidental en pandemia.
Deuda y fuga
“Los desembolsos se usaron para financiar la salida de capitales (contrario al propio estatuto del FMI). Entre enero de 2018 y diciembre de 2019 hubo desembolsos por u$s 44.867 millones y la formación de activos externos ascendió a u$s 54.099 millones. Cada tres meses, los fondos recibidos ya no estaban en el país”, sostuvo el informe.
Entre los elementos más cuestionados de aquel doble programa stand by fueron los incumplimientos formales en los que incurrió (incumplimiento del artículo 61 de la ley de administración financiera y constancia de dictamen previo del BCRA sobre el potencial impacto del crédito en la balanza de pagos, entre otros), además de ignorarse criterios que habilitaban a otorgar un préstamo de ese volumen: probabilidad de repago (la deuda pública bruta como porcentaje del PBI pasó de 57,1% a 86,2%, y hoy sigue en 82%); falta de acceso a los mercados internacionales; y alertas de la Oficina de Evaluación (OEI).
Además, señaló el documento del Cepa, la estructura de repago firmada en 2018 “fue siempre impagable para el país”.
“Para el año 2021 correspondía abonar u$s 5.072 millones (45% del total de los vencimientos). En 2022, unos u$s 18.901 millones, y en 2023, u$s 19.144 millones”, detalló el documento.
Préstamo electoral
El Cepa señaló que el acuerdo tuvo la finalidad de intervenir en la política local, blindando al gobierno de Mauricio Macri de los costos de sus propias políticas y desfinanciando al gobierno siguiente. Casi el 90% de los pagos se realizó antes de las Paso de junio de 2019.
Los economistas del centro de estudios concluyeron que Argentina enfrenta un endeudamiento histórico e insostenible. “El problema fue pospuesto, pero sigue latente, ¿quién lo va a pagar?”, señalaron.
Y enfatizaron que “una herramienta es el proyecto Fondo para la Cancelación de la Deuda con el FMI, que fija un aporte especial sobre bienes en el exterior sin declarar”.
“Hace cuatro años el Fondo Monetario Internacional volvió al país”, señaló el Cepa. Y reafirmó: “Sí, fue un día de la Bandera (símbolo de la independencia conquistada por voluntad del pueblo) e inició un nuevo vínculo de subordinación, incumpliendo sus normas y buscando favorecer un proyecto político que endeudó a generaciones”.
Este año se firmó un acuerdo para refinanciar la deuda con el organismo internacional.