La mesa de enlace agropecuaria convocó ayer a un lock out en apoyo al reclamo de los propietarios rurales para no pagar impuestos provinciales por sus campos en base a un valor más cercano al real. La medida es por siete días y comenzó con el día de hoy. Consiste en el cese de comercialización de granos, carnes y productos no perecederos. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati, dijo tener la protesta "calculada para no desabastecer" totalmente a la población, aunque es por cierto inmanejable el efecto que la protesta tendrá en los precios.

Los presidentes de la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro explicaron que no están previstos los cortes de rutas. Y, pese a que durante una semana no habrá comercialización de productos agropecuarios, aseguraron que "no hay nada que justifique" que por el paro se registren aumentos de precios.

El nucleamiento justificó la decisión de un lock out en un extenso documento en el que aseveró que "la situación que atraviesa el sector es grave" y criticó un modelo oficial "que determina una bruta concentración económica".

Asimismo, aludió una "pésima" intervención de la Secretaría de Comercio Interior en los mercados granarios y cadenas de comercialización de todos los rubros, y sostuvo que "los problemas estructurales" del sector se complicaron este año por la fuerte sequía que azotó al país, que determinó la pérdida en la actual cosecha de más de 20 millones de toneladas de granos entre maíz y soja) y por la mayor presión tributaria en varias provincias. Los dirigentes también se refirieron al impacto negativo en el sector de las restricciones sobre el dólar.

Por otra parte, el presidente de FAA, Eduardo Buzzi, dijo que la medida de fuerza "no es destituyente" ni "golpista", y alegó que la protesta nacional es un "llamado de atención" de que "algo está muy mal en el campo". Asimismo, explicó que durante el paro habrá "asambleas, actos y piquetes, pero no cortes de rutas".

La sequía y la intervención del gobierno nacional para transferir ingresos de la cadena agroindustrial desde la producción a las grandes empresas sostiene una tensión estructural en el campo. La necesidad de los Estados provinciales de subir tributos para atender los servicios básicos propulsó un nuevo intento ruralista de recrear el conflicto de la 125.

Si bien a las entidades se les hace difícil justificar una pelea contra la actualización del inmobiliario rural que se apoyan en valuaciones irrisorias de sus campos, encontraron un argumento de resistencia en que el ajuste de los valores de las propiedades los obliga a pagar más en concepto de bienes personales, un tributo que cobra la Nación.