El gobierno estableció ayer por decreto un piso indemnizatorio en el régimen de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), que será ahora de 180.000 pesos. Al mismo tiempo, liberó los topes y dispuso la bancarización de esos pagos y la exclusión del impuesto al cheque para esas operaciones, entre otras decisiones.
La norma legal, firmada por la presidenta Cristina Fernández, fue anunciada en la Casa de Gobierno por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
El titular de la cartera laboral justificó la decisión presidencial en la falta de acuerdo entre los sectores representativos de los sindicatos, las empresas y las aseguradoras para modificar la ley de riesgos del trabajo, luego de que en varios de sus puntos fuera declarada inconstitucional por la Corte Suprema.
"Se pretende con este decreto dar una respuesta inmediata para mejorar las indemnizaciones y disminuir la litigiosidad", explicó el ministo, para advertir de inmediato que está pendiente "la búsqueda de un consenso para lograr una ley que sustituye definitivamente" a la ley de riesgos del trabajo.
Los puntos principales de la norma legal determinan que se puso "un piso indemnizatorio a los efectos del cálculo de la reparación de 180.000 pesos", dijo. Resaltó que antes no existía "por lo que los trabajadores de bajos salarios o bajo porcentaje de incapacidad tenían una reparación insuficiente".
"Se aumentó asimismo la prestación adicional, antes fijada en 30.000, 40.000 y 50.000 que pasa a 80.000, 100.000 y 120.000 pesos, lo que significa un incremento del 160 por ciento", señaló Tomada.
Salarios. La decisión oficial determina asimismo que "los salarios que se abonen durante el período de incapacidad serán ahora calculados de la misma forma que la ley de contrato de trabajo" por lo que "el trabajador durante el período de recuperación va a percibir lo mismo que si estuviera trabajando".
Además, el decreto dispuso crear un registro de proveedores médicos para que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo lleve un control más certero sobre las prestaciones. También se dispuso la bancarización de todas las indemnizaciones y la exclusión del pago del impuesto al cheque en estos casos.
Asimismo, mejoró el acceso de familiares del accidentado al pago.
Tomada resaltó especialmente que la norma legal impulsa medidas para "reducir los costos que puedan a incidir en la alícuota".
"Aspiramos a que la alícuota permanezca lo más cercana a los valores actuales y las pactadas en los contratos vigentes deben permanecer en el nivel de lo acordado al momento de firmar", insistió el ministro durante el contacto con la prensa.
Mutuas. En otro orden, el decreto impulsa "facilitar la formación de mutuas sin fines de lucro de trabajadores, de empleadores o conjuntas".
Habilita también "a la Superintendencia de Salud a disponer las normas y las metodologías para que los empleadores puedan acceder a un seguro adicional por responsabilidad civil para enfrentar a las demandas que pudieran subsistir", dijo el ministro.
Enfermedades. Tomada adelantó también que la próxima semana incorporará a la protección de la ley de ART tres enfermedades (várices, hernia y lumbalgia) no contempladas en la actual legislación.
Respuesta. La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) advirtió que el decreto que modifica aspectos del régimen del sector tendrá efectos "contraproducentes" entre los que destacó el aumento del nivel de las alícuotas, a consecuencia del incremento de las prestaciones dinerarias.
La UART aseguró que "el aumento de las prestaciones dinerarias que se produce implicará el correlato en el nivel de la alícuota con el que se financia el sistema, aspirando a la conservación de la calidad prestacional y solvencia con que se brindan los beneficios".
Subtes: Tomada banca a UTA
La pelea por el encuadramiento sindical de los trabajadores de los subterráneos porteños se endureció. Los empleados que quieren crear un sindicato paralelo al de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) paralizaron el servicio durante casi todo el día de ayer, pese a la presión del gremio y del Ministerio de Trabajo de la Nación.
La medida de fuerza, que se cumplió desde las 11 hasta el cierre del servicio, afectó a un millón de pasajeros que utilizan ese medio de transporte. Durante toda la jornada, los sindicalistas de base que lideran el reclamo de los trabajadores, y que se autodenominan "metrodelegados", estuvieron enfrentados a pocos metros de integrantes de la UTA, separados apenas por un cordón policial.
El escenario principal del conflicto estuvo en la estación Constitución de la línea C, donde se produjeron forcejeos, que fueron rápidamente sofocados y no llegaron a tener consecuencias graves.
La manifestación de ayer fue la más larga en el extenso conflicto por el encuadramiento sindical y por el cual, en los últimos dos meses se produjeron siete medidas de fuerza.
En esta oportunidad, desde la mañana, la diferencia se vio en la presencia activa y desafiante de los militantes de la UTA, quienes se quejaron por la decisión de los trabajadores de paralizar el servicio y exigieron la "libertad de trabajar".
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, calificó el paro como "un apriete y una extorsión" y respaldó la posición del gremio.
"Hoy los delegados han sido elegidos por la UTA, que representa a los trabajadores del subte", manifestó el ministro, luego de una breve conferencia de prensa que dio en Casa Rosada.
Por su parte, Metrovías pidió a Tomada que declare ilegal la medida de fuerza que se cumplió en forma total por la adhesión de los trabajadores y porque se impidió el movimiento de los coches.
"Les pedí 10 días para evaluar el pedido y ellos en respuesta lanzaron un paro brutal de 12 horas", sostuvo, y explicó que los huelguistas "hicieron una petición que consiste en inscribir un gremio, pero eso no significa que lo otorguemos inmediatamente, la ley gremial indica que se debe realizar un análisis", indicó Tomada.