Economía

Reforma laboral, un eje del acuerdo con el FMI

Abogados laboralistas consideran que la sanción de la iniciativa oficial es inminente y que "embiste" los derechos del trabajo.

Martes 29 de Mayo de 2018

Especialistas del derecho del trabajo afirman que la sanción del proyecto de ley de reforma laboral
que el presidente Mauricio Macri impulsa en el Congreso es una condición sine qua non en el marco de la relación con Fondo Monetario Internacional, aunque advierten que esta "embestida contra los derechos de los trabajadores no resiste un control de convencionalidad ni un análisis de constitucionalidad".


Los términos de la iniciativa fueron analizados días atrás en la Cátedra Libre del Trabajo en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, con la participación del Centro de Estudios Desarrollo y Territorio (CEDeT), y del Centro de Investigaciones y Estudios del Trabajo (Ciet).

Encabezó las disertaciones Paula Rodríguez, economista de la UNR y maestranda en Economía Política-Flacso, quien conceptualizó la actual estructura estatal de Cambiemos y las consecuencias de una serie de políticas económicas y laborales que desde ya apuntan a modificar el esquema de la clase trabajadora.

La asesora económica del bloque FPV‑PJ del Concejo Municipal de Rosario mencionó en ese sentido a los "despidos del sector público que habilita despidos del sector privado; la caída de los ingresos de la clase trabajadora; la expansión del cuentapropismo a través del incremento de trabajadores monotributistas, la caída de la participación de los asalariados en el ingreso y la agudización del comportamiento represivo ante la conflictividad laboral".

El proyecto de reforma laboral propone facilitar el blanqueo con beneficios para los empleadores, a través de "la condonación de deuda por no pago de aportes y contribuciones al sistema en lo referido al Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), fondo de empleo, asignaciones familiares", detalló la economista. La iniciativa del gobierno también postula "una baja de indemnizaciones donde se excluye el cálculo del SAC, horas extraordinarias, comisiones, premios, bonificaciones y viáticos y crea un Fondo de Cese Laboral, con aporte del trabajador y contribuciones del empleador".


E insiste con las pasantías, ahora llamadas "prácticas formativas", "para estudiantes y graduados con 18 años o más. Como contraprestación tendrán una asignación estímulo que es un ingreso no remunerativo", señaló Rodríguez. "Predomina la visión del salario como un costo que sólo hay que reducir versus la función social del salario, y un gran avance sobre los principios protectorios reconocidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Este programa econ mico de valorización financiera incluye despidos, más metas de salarios y un consecuente disciplinamiento de la clase trabajadora y el proyecto de reforma laboral es la legalización de todo ello: termina avanzando sobre lo que no puede avanzar el disciplinamiento social", concluyó la economista.

A su turno, el abogado laboralista Osvaldo Di Prinzio explicó en el ámbito del derecho individual que el proyecto del gobierno "en realidad no reforma gran cantidad de los artículos de la ley de contrato de trabajo sino lo que hace es reformular algunos principios. Por ejemplo, al salario se lo toma como un costo y no como un requisito alimentario para satisfacer las necesidades básicas del trabajador".

Asimismo, se desdibuja la figura del trabajador como tal, y se incorpora el concepto de cooperación
entre éste y su empleador. "Así vulnera el principio protectorio", advirtió Di Prinzio. También alertó sobre la modificación del ius variandi _derecho del trabajador de reclamar sus tareas_ y un ataque al principio de la irrenunciabilidad, a través de un artículo que habilitaría al empleado a renunciar a derechos adquiridos en su contrato individual de trabajo. Para el abogado, el del gobierno "es un proyecto de reforma que esperemos que no salga, porque es más que regresivo: avanza sobre derechos por los que se pelea incluso desde el siglo XIX, como las 8 horas de trabajo".

En ese sentido, se refirió a la pretendida creación de un "banco de horas". De sancionarse, "se podría trabajar hasta 10 horas", y las "voluntarias" acumuladas se compensarían en determinado plazo, cuando haya merma de actividad y la empresa así lo considere. "Esto sería relegar un derecho por el que murieron personas", alertó Di Prinzio y observó que el proyecto no contempla sanción alguna en caso que la patronal no cumpla esa devolución. "En el detalle, sólo un artículo de la iniciativa no es regresivo, y El proyecto de reforma labora toma al salario como un costo y no como un requisito alimentario para satisfacer necesidades básicas" es el que se refiere a la licencia por paternidad, que la extiende de 2 a 15 días", rescató el profesional.

Su par de la Escuela Sindical del Paraná, la abogada laboralista María Eugenia Caggiano, habló desde la mirada del derecho colectivo, en cuanto a los aspectos que rigen a sindicatos y empleadores. En materia ideológica, el proyecto de reforma laboral "busca la legalidad" del "disciplinamiento que se intenta hacer de algunas organizaciones sindicales en cuanto al cumplimiento de recaudos en cuanto a su funcionamiento interno".

En ese sentido, mencionó "el techo que se le está poniendo a la negociación salarial, entendiendo al salario como un elemento de mercado y no con el criterio de que representa un carácter eminentemente alimentario". "La otra cuestión que incorporaría es el agregado de que en las cláusulas de negociación eliminaría todo lo que no sea remunerativo. Parecería que está bueno, pero
también entendemos que entra en las condiciones de regresividad porque achica la incorporación de parámetros no remunerativos en su origen y que después se han transformado en salario", señaló
la abogada.

"Los derechos que se están cercenando son derechos humanos fundamentales. El gran debate es si los vamos a dejar en manos de una mayoría parlamentaria. El disciplinamiento hacia las rganizaciones sindicales se viene dando. Los abogados seremos quienes hagamos las mejores defensas: estamos en momento de conservar y salir al ataque de lo que se quiere avasallar. Pero es necesario pensar un momento antes que salgan estas reformas", advirtió.

Por otra parte, "la corte tiene un modo de funcionar que ya está hablando de algunos cambios en materia de derechos sociales: pareciera que se ha creado un poder político paralelo", sentenció.
Y "otro gran debate es el modelo sindical; tenemos una dirigencia comprometida en dar debate y batallas y de otra manera se replican en grandes cúpulas los grandes acuerdos que hacen que este proyecto de reforma se esté presentado en el Senado", denunció Caggiano.

"Todas las reformas que se han ido incorporando, cuando el menemismo ya había introducido gran parte de la flexibilización laboral, habría que ver si resisten una confrontación con los principios centrales del derecho del trabajo y un control de convencionalidad", desafió el abogado y director del Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos, Vildor Garabelli. "Entendemos que ninguna de estas normas resiste un análisis de constitucionalidad, como no la resistió en su momento la ley de riesgo de trabajo que fue descosida, desarmada por aquella Corte que integraban jueces como Zaffaroni", denunció el ex presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.

El actual gobierno nacional "trata de todas las maneras posibles de imponer algún tipo de felxibilización. ¿Cómo? Desconociendo la paritaria nacional docente, atacando a los dirigente sindicales que se oponen a la flexibilización laboral, apretando a los jueces laborales que no le son favorables, es decir, que no apliquen el principio protector, utilizando a la Corte", añadió. La gestión de Macri "tira (el año pasado) un proyecto de ley con un montón de artículos que modificaba a toda la legislación laboral. Lo retira ante el repudio social y vuelve a mandar leyes divididas en tres partes. Usa la vieja estrategia de 'alguna va a pasar'".

La iniciativa de reforma laboral que está en el Senado "es tremenda. La primera era casi igual a la de Brasil. La actual, si logra flexibilizar por la jurisprudencia, por los contratos colectivos de trabajo y pone leyes parciales, va a ser parecida y mucho va a depender entonces de lo que haga la gente en la calle", remató.

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