“El impacto de la pandemia recién se está empezando a vislumbrar y ya es grave, hay que reconstruir la economía y la sociedad desde los territorios”. Así lo entiende Oscar Madoery, doctor y master en Ciencias Sociales por la UBA y Flacso y licenciado en Ciencia Política de la UNR. El ex secretario de Producción de la Municipalidad de Rosario, autor de numerosos libros que abordan la problemática del desarrollo, analizó el panorama de la nueva normalidad, enfatizando en la necesidad de un rol regulador del Estado,y de vincular a los sectores populares a la economía del país.
—¿Qué impacto tiene la pandemia en los paradigmas para entender la economía o el desarrollo?
—Si bien hubo momentos donde se plantearon alternativas, predominó en las últimas décadas una idea de que para que una economía se desarrolle tiene que crecer y luego habrá medidas regulatorias. Este esquema fracasó en América Latina, que no es una región que pueda demostrar que el crecimiento económico explica su desarrollo. Es una variable necesaria, pero no suficiente porque América latina y nuestro país, está mostrando niveles de deterioro en las condiciones sociales de vida de la población muy grandes. La pandemia lo expone de una manera dramática, pero esto viene de procesos que van acumulando. De los tres segmentos del mundo laboral, los asalariados registrados en el sector público o privado, los no registrados y los que viven de la changa, estos dos últimos eran ya a fin de 2019 superiores en número al de asalariados registrados. El mundo del trabajo se ha deteriorado notablemente. Con este escenario es necesario rediscutir pautas de desarrollo. Si a los procesos de crecimiento económico de una sociedad no se le imponen pautas redistributivas y regulatorias claras, ese crecimiento es concentrador. La pandemia está marcando que los Estados necesitan volver a regular más enfáticamente sus economías. Hay que discutir modelos de desarrollo que vuelvan a poner el énfasis sobre las cuestiones primordiales y estas son que una sociedad se desarrolla cuando el conjunto la totalidad de sus ciudadanos tiene garantizadas cuestiones básicas fundamentales, derechos, igualdades. Y en Argentina esto es dramático, porque probablemente entremos en un escenario donde por primera vez en 40 años ininterrumpidos de democracia, los sectores pobres sean mayoritarios en la sociedad. Esto va más allá de una estadística, quiere decir que por lo menos la mitad de la población no tiene forma de resolver derechos básicos fundamentales de cualquier persona y de cualquier grupo social. Un modelo de desarrollo pospandemia tiene que dar cuenta fundamentalmente de eso. Yo creo que eso requiere de políticas nacionales y de algo muy concreto: hay que reconstruir la economía y la sociedad desde los territorios. Hay que invertir la lógica: ir desde abajo hacia arriba. Es necesario vincular lo público que le corresponde a los Estados, con lo popular, con aquellas expresiones comunitarias que ocurren en los territorios y que significan circuitos cotidianos de reproducción de la vida de la forma más digna posible. Y Rosario es un ejemplo claro en el país. Es muy rica la experiencia de circuitos comunitarios, de circuitos populares, de economías de proximidad, de amparo, de cercanía, que hay que visibilizarlas y apoyarlas. Volver a construir la trama del tejido social desde las bases.
—La crisis pone en tensión a las cadenas de valor a nivel global. ¿Eso representa una oportunidad para potenciar las experiencias desde el desarrollo local?
—Es algo que hay que hacer visible. Aldo Ferrer planteaba que una economía tenía que priorizar lo propio para resolver sus necesidades y desde esa lógica ver cómo se inserta el territorio en los circuitos internacionales. Esta idea está vigente. Hay que retomarla y amplificarla. ¿Cómo va a retomar la región Rosario sus circuitos productivos? Los gobiernos articulan con las empresas en los territorios para hacer un desarrollo local. Lo que hay que incorporarle es un cambio de sensibilidad, mirar a la parte olvidada, excluida de la sociedad, que son las víctimas más directas de este proceso y lo van a seguir siendo. Cuando se rompe una cadena productiva, una cadena de pago, un circuito económico, deja demasiados heridos y hay que salir a recuperarlos no sólo desde la acción pública a través de un subsidio. Los movimientos sociales están hablando de un salario universal y creo que tenemos que ir a ese esquema, pero también a partir de reconocer sus prácticas cotidianas, validarlas, apoyarlas, estimularlas, colocarlas en circuitos formales, por ejemplo con mercados de cercanía. Eso es en el barrio, en la ciudad, en la región. Con políticas de hábitat. Toda persona tiene derecho a tener una vivienda digna, infraestructura adecuada, cercanía a la cobertura de salud, de alimentación. Y eso es una política pública en el sentido más digno de la palabra Porque es lo común, y lo común lo defienden los Estados y las comunidades organizadas.
—¿Qué es lo que se requiere para que estas experiencias no queden en el campo de lo alternativo e incluso de lo asistencialista?
—Lo primero que se necesita es un cambio de percepción. Que reconozcamos a esas personas como sujetos de derechos, protagonistas de su propio proceso de desarrollo. Sentarlos a la mesa de definición de la discusión y no desde un Estado que piensa por ellos y les dice: les vamos a dar tal y tal cosa, que les marca los tiempos y las prioridades y las formas. En el centro de estudios que yo dirijo en la Universidad de Rosario tenemos diálogo directo con estos sectores, y la mayoría no sienten que están esperando que el Estado les dé un subsidio o que un privado los contrate en un trabajo. Ellos reproducen su vida de la manera más digna posible y se sienten sujetos de esas actividades y prácticas de las que participan. Son sujetos feriantes, de la economía popular, producen alimentos, tienen huertas comunitarias, quieren reproducir su vida dignamente en los barios en los que viven. Entonces me parece que el Estado debe reconocerlos en una mesa, como se lo reconoce a cualquier otro sector, a los asalariados, a los empresarios, a las pymes, a las empresas más grandes. Son un actor más de la economía del territorio.
—Reconocerle ciudadanía.
—Claro. La idea de ciudadanía es parte de la sociedad civil moderna. El ciudadano es el sujeto pleno de derechos que participa con sus derechos y con sus obligaciones de esa construcción abstracta y común que es la sociedad civil. ¿Cómo podemos pensar que el 100% de nuestras poblaciones se sientan ciudadanos, si hace generaciones que no tienen un trabajo digno, sin vivienda digna, excluidos, si las políticas públicas los toman más de una vez con un mero rol asistencialista? Recrear la idea de ciudadanía requiere de un empoderamiento de las comunidades. A mí me gusta mucho la idea de comunidad porque pone en claro la idea de lo común, lo que no es propiedad de nadie y lo que tenemos que cuidar entre todos: la ciudad. Rosario tiene una tradición fuerte. Uno de los aspectos más notorios es su política y cobertura de salud. Hoy empiezan a crecer los números de contagiados con el coronavirus, pero convengamos que hasta ahora la ciudad ha demostrado un desempeño muy bueno. Hay una experiencia y una oportunidad para pensar estratégicamente qué ciudad vamos a reconstruir después de la pandemia y poner en agenda no sólo la reactivación de circuitos de crecimiento, si no crecer desde una lógica que implique resolver las necesidades sociales urgentes de la sociedad. Porque si se nos desarma lo social, se nos desarma lo económico también.
—A partir de la crisis se está discutiendo el tema de ingreso universal y el impuesto a la riqueza. ¿Cómo debería ser la implementación de estas políticas para que tengan este impacto a nivel de lo local, de lo territorial?
—Hay principios que habría que establecer claramente y son: un ingreso universal, que a mí me gusta llamar un salario universal, porque el salario está asociado a la idea del trabajo. ¿Cómo se financia? Hasta ahora las medidas de contención social que se han tomado están basadas en la emisión monetaria. Eso no es sustentable a largo plazo. Ahí aparecen ideas como el impuesto a la riqueza. Otro principio es establecer una agenda de prioridades en los territorios. Rosario puede hacer eso. Hay que recuperar que la idea de hábitats. Implica involucrar a los vecinos organizados de diferente manera en las instancias de discusión y de resolución de estas políticas. Eso es más fácil hacerlo a nivel territorial, a nivel urbano en la ciudad, que pensado solamente desde la lógica de los Estados centrales y demás. Cuando se han pensado las políticas de desarrollo sobre todo en América latina se pone el punto de llegada. Me refiero a que queremos tener un desarrollo para parecernos el día de mañana lo más posible a tal sociedad, y por lo general ponemos a una europea que consideramos desarrollada. Hay que invertir la lógica y pensar el desarrollo desde el punto de partida y no desde el punto de llegada. Resolvamos este problema. Si no afrontamos esos dramas sociales entonces tenemos una sociedad desarmada con mundos sociales que funcionan a velocidades distintas que no se miran entre sí, pero que se afectan mutuamente. Entonces es una sociedad partida y ahí se nos caen las categorías de sociedad civil, de ciudadanía plena y todo lo que veníamos diciendo. La mirada territorial es la que más nos acerca a ese concepto tan gráfico del desequilibrio. Somos sociedades desiguales y desequilibradas. Todos demandamos a lo público que se haga cargo de nuestras urgencias y de nuestros derechos, pero no hay trama social constituida porque se ha roto. Por eso, la invitación esa pensar un modelo de desarrollo, pero no en debates teóricos abstractos sino bien concretos. ¿Podemos convivir viendo familias que se meten en un contenedor de basura para ver si pueden recuperar algo del día? Y ni hablar de los fenómenos de violencia. Si creemos que son manifestaciones aisladas del conjunto de lo social, vamos a cometer un error, porque esas son manifestaciones de una sociedad que no está bien.