Economía

Por qué municipios y comunas suben las tasas

Los gobiernos locales salieron masivamente a actualizar los valores impositivos. Lo justifican por la inflación, para hacer frente a los mayores costos de los servicios y a las nuevas demandas que plantea el mismo crecimiento económico.

Domingo 13 de Enero de 2008

Entre fines de 2007 y principios de 2008, la mayoría de las 49 ciudades y de las 315 comunas de la provincia decidieron aumentos de tasas y derechos en sus jurisdicciones. Corrido el velo electoral, la consigna dominante de no aumentar impuestos dio paso a un sinceramiento de las cuentas fiscales de los gobiernos locales y a la necesidad de actualizar los parámetros de recaudación para hacer frente a los mayores costos de los servicios y a las nuevas demandas que plantea el mismo crecimiento económico.

Tras casi 15 años de congelamiento, por convertibilidad, crisis y decisión política, los tributos municipales quedaron retrasados frente a otros precios y respecto de los nuevos valores e ingresos que muchos contribuyentes manejan como consecuencia de la expansión económica en esas mismas localidades.

La determinación de grandes municipios, como el de Rosario, de subir las tasas, y las señales del gobierno provincial sobre las nuevas pautas de relación con estos distritos, bajaron la bandera a la ola de actualización. El espejo de la crisis financiera de algunas municipalidades, que declararon la emergencia económica, también colaboró.

Tasas, café y carne

Los incrementos de las tasas y derechos decididos por los municipios santafesinos promedian casi el 100%. Pero cuando se los traduce a valores absolutos, los números aparecen menos escalofriantes. Según los intendentes, gran parte de los contribuyentes pasan de pagar cuatro cafés a dos kilos de carne, por propiedades que cuestan seis cifras.

Los ejemplos sobran pero el brindado por el intendente de Venado Tuerto, José Freyre, grafica el atraso expuesto también por sus pares: "Había una casa quinta que quedó ubicada en una zona que con los años se transformó en residencial, valuada hoy en un millón de pesos, que pagaba apenas cinco pesos y con el aumento se irá a 18 pesos". También hay otros que pasarán de 25 a 50 pesos.

Una novedad de esta avanzada tributaria es la rezonificación, un criterio ya utilizado en las grandes ciudades, que busca acomodar el mapa fiscal a la nueva realidad urbana. Esto implica actualizar las valuaciones de los terrenos, los edificios y, en última instancia, la alícuota.

Los distritos del interior provincial, que históricamente calcularon la tasa con ecuaciones del tipo metros de frente por equis litros de gasoil, buscan incorporar estos criterios, pero con dificultades.

"La limitante que existe para avanzar sobre las valuaciones de las edificaciones es que no contamos con relevamientos catastrales de ese tipo, sólo un pequeño grupo de ciudades lo tienen", reconoció un funcionario municipal. El argumento no es sólo recaudar más sino "mejorar la equidad contributiva", dentro de ciudades en las cuales conviven la cara y ceca de la soja: terratenientes con 4x4 y peones desplazados del campo al borde la urbe, que además demandan servicios.

Algunos distritos, tentados por empresas privadas, sumaron un nuevo impuesto para las empresas no nacidas en esa localidad: el derecho de publicidad y propaganda, de la cual la firma encargada de recaudar se lleva generalmente el 40% de lo ingresado.

Los intendentes consultados por La Capital reconocieron que los aumentos servirán para mejorar los ingresos propios pero no reducirán la dependencia de la coparticipación de impuestos federales y provinciales. Este reparto es crucial no sólo para cubrir los servicios básicos y sueldos en un escenario inflacionario, sino para atender nuevas demandas provocadas por el propio crecimiento económico, como infraestructura, viviendas o atención de parques industriales.

Horacio Vaquié, intendente de Villa Constitución, una de las municipalidades que hizo punta con los aumentos, expuso el cuadro de situación: "Si bien una crisis económica como la de 2001 fue muy dolorosa, porque las demandas pasaron por tratar de resolver en la escasez un plato de comida, hoy es más difícil porque hay que enfrentar problemas como la falta de vivienda, de cloacas, que las empresas tengan un lugar para desarrollarse, que significan muchísimo más dinero que dar de comer a la gente".

Los costos

En este sentido, un estudio de costos elaborado por docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) a pedido de Cañada de Gómez arrojó que, sólo para cubrir sus necesidades, deberían aumentar las tasas un 473%. Finalmente se decidió un ajuste del 125%, similar al incremento salarial otorgado a los trabajadores en la última década, para reducir el impacto.

Cañada de Gómez, Rosario, Casilda, Venado Tuerto, Funes, Roldán, Villa Constitución, Firmat, Las Rosas, Avellaneda, Granadero Baigorria, Chabás, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Centeno, Fighiera, Barrancas, Rafaela, Villa Cañás, Rufino, entre otras localidades, retocaron sus tributos o están a punto de modificarlos. Algunos van por una segunda vuelta en los próximos días con determinados derechos que no fueron ajustados inicialmente.

El atraso de las tasas también trajo aparejado que los recursos propios de los municipios quedaron muy expuestos a los vaivenes de la actividad económica y, por ende, sus ingresos adquirieron un ritmo cada vez más procíclico. Incluso, para el caso de imposiciones como los derechos de registro, en algunos distritos dependen prácticamente de la suerte de una sola empresa, como los casos de Sunchales con Sancor o Villa Constitución con Acindar.

Muchas de las localidades que incrementaron los derechos de registro e inspección (Drei o Dri, según la localidad) argumentaron que aún con el aumento, quedan lejos del promedio provincial. El intendente de Venado Tuerto, Freyre, señaló que el "Drei industrial pasó del 0,16% al 0,29%, por debajo de la media del 0,35%". En tanto, la alícuota general venadense pasó de 0,525% a 0,625%, siendo promedio santafesino 0,65%.

Como admitieron los mandatarios: "Las crisis golpean antes a los Estados locales que a nivel provincial o nacional".

La ola de aumento de tasas y derechos de registros e inspección no es exclusiva de los municipios y comunas santafesinas. En Córdoba, Buenos Aires y Catamarca, sucede algo parecido. En otras provincias, como La Pampa o Mendoza, retocaron sus tributos en años atrás. (ver aparte).

El futuro presente

La situación fiscal de los municipios y comunas fue abordada por el gobernador Hermes Binner, durante la rueda de contactos que tuvo a poco de asumir con intendentes y presidentes de comunales de toda la provincia. Bajo el criterio de avanzar en un esquema de descentralización y regionalización, en esos encuentros quedaron expuestas las necesidades más urgentes de los gobiernos locales, muchos de los cuales pidieron anticipos de coparticipación. Fondos que, por ley, deberán devolver a lo largo de este mismo año.

Aunque una de las primeras medidas fue mejorar la coparticipación de ingresos brutos, unos 27 millones de pesos anuales, el gobierno provincial también marcó el camino que debían tomar los municipios y comunas para acceder a la asistencia financiera. Los ministros de Gobierno, Antonio Bonfatti, y de Economía, Angel Sciara, remarcaron desde el principio que el auxilio "no será más cheques en blanco ni por encima ni por debajo de la mesa".

La idea es que los gobiernos locales deberán esforzarse para aumentar su potencial de recaudación y los Estados con graves problemas deberán declarar la emergencia económica.

Emergencias

Ese es el camino que recorrieron Granadero Baigorria, Villa Ocampo, San Lorenzo, Gálvez, Avellaneda, Santo Tomé, Peyrano, Arroyo Seco, Empalme Villa Constitución, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez, Peyrano, Empalme Villa Constitución, Oliveros, Santa Fe, Rufino, San Javier, entre otras, declarando la emergencia o reconociendo sus problemas financieros para poder recibir un mes de adelanto de la coparticipación.

"En general son todos municipios y comunas que han cambiado de signo político, salvo alguna excepción, y lo cambiaron justamente porque las cosas andaban muy mal, con malas administraciones", señaló Binner una semana atrás. Y agregó: "A todos se les dio la palabra de que aquellos que estén en dificultades se les dará una mano para salir adelante de esta situación".

Los groseros desmanejos en varias de estas localidades están desencadenando en denuncias en los tribunales.

Asesoramiento fiscal

La secretaria de Regiones, Municipios y Comunas, Mónica Bifarello, negó que exista "una tendencia" a la asfixia financiera de municipios y comunas. Argumentó que existen diversas razones por las cuales hoy terminan cerrando sus balances en rojo, y señaló que dentro del Estado provincial se creó un equipo de trabajo destinado a asistir a gobiernos locales para que mejoren la administración y la gestión fiscal.

En este sentido, señaló que muchas nuevas administraciones locales se encontraron con que del potencial de recaudación propia apenas llegan a niveles del 20 ó 30%. "Por eso estamos invitando a que analicen la situación de sus tasas, porque muchas veces manejan la economía muy de entrecasa, sin análisis de la estructura de ingresos ni de gastos, y, en algunos casos, como la incidencia de sus recursos propios prácticamente son ínfimos respecto de los gastos, no se preocupan en cobrar", explicó.

"Esto es parte de la idea de avanzar en una mayor autonomía de los municipios y comunas", aseguró el senador por el departamento Rosario, Carlos Zabalza, quien resaltó que "todavía muchos no están acostumbrados a la responsabilidad de la cosa pública y que hay realidades que se mantuvieron artificialmente a fuerza de subsidios, muchos de los cuales no se justificaban". Y remarcó: "En todos estos años se trabajó sobre un criterio totalmente equivocado y antieducativo, que no se puede incrementar las tasas cuando los costos crecen".

Los menores ingresos por tasas y derechos influyen negativamente también en los recursos que los municipios reciben por coparticipación. Esto se debe a que, de las tres variables que se toman para establecer el índice de reparto, una es la recaudación propia. Los otros dos ítems son cantidad de población y un porcentual fijo (0,61%). Como la masa a repartir es una, los distritos que dejan de recaudar respecto de las que ejercen una mayor presión fiscal pierden participación a la hora de la distribución de la torta.

Un mejor cuadro fiscal de los municipios y comunas le permite también al gobierno provincial manejar los tiempos de la prometida reforma impositiva en Santa Fe.

Un proyecto que tiene en primer foco al impuesto inmobiliario, que al menos en capítulo referido a las propiedades rurales, también está desactualizado.

Durante el debate por la prórroga de la “quinta cuota” de este impuesto en la Legislatura, el senador justicialista Alberto Monti, dejó abierta la posibilidad de un cambio en la coparticipación de este tributo.

En tanto, son cada vez más los intendentes del interior que consideran que la provincia también debería afrontar el “costo político” de una actualización de la valuación del inmobiliario para mejorar las cuentas de los municipios.

Revisar el inmobiliario

En este sentido, el intendente de Las Rosas, Raúl Ponzio, admitió que genera polémica decir que se debe “revisar el avalúo” del impuesto inmobiliario. “Hoy la tasa rural incide más que el inmobiliario rural”, agregó.

“Una hectárea en nuestra zona está valuada fiscalmente en dos mil pesos, cuando en realidad en el mercado cuesta entre 40 mil y 50 mil pesos”, señaló Ponzio, por lo que consideró que “se debe empezar a discutir y consensuar” una nuevo esquema para inmobiliario. El interés de los municipios estriba en que el 50% de este impuesto se coparticipa con los distritos.

Cuentas claras

De todas formas, los mandatarios muncipales destacaron el compromiso asumido por el gobierno provincial en materia de educación, salud y seguridad. Aspectos que consideraron clave para tener un poco más de aire para atender otros frentes.

Con estas cuentas más o menos claras, será más fácil discutir entre municipios y comunas la asignación geográfica del gasto y las responsabilidades compartidas en distintas áreas.

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