Diariamente, el gobierno nacional dispone nuevas medidas para aliviar el impacto de la pandemia de coronavirus en la golpeada economía argentina. Según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, el monto involucrado por el sector público en la atención de la crisis ya llega a $ 550 mil millones.
El economista Andrés Asiaín, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), explicó que con la pandemia, asomaron dos estrategias de os Estados nacionales: privilegiar la salud sobre la actividad económica o intentar sostener la actividad económica aún a costa de la expansión del virus. La política argentina optó por la primera.
En rigor, la contradicción parece desdibujarse a medida que los contagios avanzan. De alguna u otra manera, más tarde o más temprano, en todos los países se terminan adoptando tanto restricciones como paquetes fiscales de auxilio.
La consultora P&G, de Gonzalo Saglione y Pablo Olivares, reafirma que el aislamiento permite "comprar tiempo" para adecuar el sistema de salud. Y si bien esa compra "tiene un precio" en materia de producción, también hay un costo por hacer lo contrario. Es decir, "un menor aislamiento implica menor caída de la producción a corto plazo pero el mayor ausentismo se haría sentir en la producción futura".
Según Asiaín, la asistencia del gobierno se volcó, como prioridad, a garantizar a la población un flujo de dinero sin importar su participación en el proceso productivo". En cambio, quedaron "a contramano del posterior establecimiento de la cuarentena", un conjunto de medidas iniciales, como la reactivación de los créditos Procrear o la extensión del programa Ahora 12. Por eso, se resiste a encuadrar la medidas "bajo la lógica heterodoxa habitual de políticas keynesianas en tiempos de crisis, que por definición buscan incrementar el nivel de actividad y la circulación".
Con la segunda etapa de la cuarentena, se abrió una puja distributiva. Inflación, despidos, demora de los bancos en trasladar a las empresas la liquidez dispuesta por el BCRA, "cortaron con la dulzura" inicial. Del "nadie se salva solo", al "sálvese quien pueda", la pelea de fondo escaló. Mientras el economista jefe de Fiel, Daniel Artana, consideró que la crisis es una oportunidad para recortar salarios a los estatales, el economista y banquero Carlos Heller pidió un impuesto especial a los grandes patrimonios.
La comunidad de economistas tiene mayor acuerdo en señalar que la crisis demandará mayor gasto que habrá que financiar con emisión. Asiaín, estimó que el déficit primario podría llegar a cinco puntos del PBI y que se podría duplicar la base monetaria este año. "Sin embargo, esa liquidez va a ser parcialmente compensada por la destrucción de los canales de generación de liquidez privados, por el propio proceso de crisis", señaló.
En cambio, la crisis descomprimió el mercado cambiario, por la necesidad de los sectores con ahorros dolarizados de vender divisas para cubrir gastos en pesos. "Esta operatoria debería facilitarse eliminando el parking (obligación de mantener por cinco días los bonos comprados para hacerse divisas), que dificulta su realización por el contado con liquidación", dijo.
Gustavo Reyes, economista del Ieral, señaló que "es el sector privado, más que el público, quien tendría recursos acumulados para poder amortiguar este duro shock", ya que "ha estado acumulando activos durante los últimos años, mediante la salida de capitales".
El analista Salvador Di Stéfano recordó que, según la posición de inversión internacional, los activos argentinos atesorados en el exterior suman u$s 399.550 millones, un 126,7 por ciento del PBI. Propuso captarlos habilitando a los que tengan dólares no declarados a incorporarlos al patrimonio a costo 0 si son utilizados para una actividad productiva. "Se canjearían al dólar turista, los compraría el Central y se podrían aplicar a la producción", dijo.