El concepto de "devolución social" y la articulación público -privado que guió el plan para poner en marcha el cambio en la zona del x Batallón 121 y el Cordón Ayacucho.
21:57 hs - Domingo 15 de Noviembre de 2026
Estoy hablando con frecuencia con mi amigo Walter Eggo. Siempre que lo hago me obliga a recordar momentos que no se olvidan. Como en este caso, cuando me señalaba que los hechos más interesantes en la historia —como decía nuestro profesor de historia de América Latina en la Maestría— se refieren siempre a la petite histoire de los procesos transformadores. Así fue como me dijo:
—Ahora vemos la Villa Olímpica, un Centro Acuático, el Museo del Deporte, un parque arbolado, un espacio integrado a la trama urbana, un nuevo barrio naciendo, pero es necesario no olvidar las decisiones y vicisitudes que trajeron hasta aquí ese espacio modificado. Tiene su petite histoire —me dice— y también “será una historia de deudas, como todas las historias verdaderas”, como dice Ricardo Piglia en su cuento “Prisión Perpetua”.
—Es cierto, le digo. Quien hubiera pensado en esos destinos y usos, cuando la provincia de Santa Fe le compró esos terrenos, unas 30 hectáreas, más o menos, al Ministerio de Defensa en el año 2006. Y le agrego, en lo personal, me recuerda que allí hice el servicio militar cuando era el Regimiento 11 de Infantería, luego Batallón de Comunicaciones 121.
—Recordará entonces —me dice— que había dos áreas. Una, donde estaban las barracas de los soldados, la más conocida por los conscriptos. Otra, donde estaban los edificios de connotada arquitectura, el llamado Casino de Oficiales. Todo pasó a ser propiedad de la provincia.
—Me parece que la municipalidad ya le había puesto el ojo a ese predio hacía tiempo. ¿Cuánto se pagó y qué pensaba hacer la provincia en esos terrenos?
—Si mal no recuerdo, me dice, el predio fue valuado en casi 21 millones de pesos (aproximadamente 7 millones de dólares al tipo de cambio de entonces) “ajustado a los valores de mercado,” según el Tribunal de Tasación de la Nación.
—Y, entusiasmado, mi amigo continúa: el destino pensado para unas 4/5 hectáreas era la construcción de un hospital para la zona sur, en reemplazo del existente Hospital Provincial de la calle Alem, que data de mediados del siglo XIX. Para el resto no se preveía la construcción de viviendas, sino espacio abierto al uso público, con un proyecto urbanístico consensuado entre la municipalidad y los vecinos. Algunos pensaban para la zona sur, un desarrollo inmobiliario como el que existía en la zona norte de la ciudad.
—Qué cambio, ¿no? ¡De un hospital y parque público a una Villa Olímpica! Pero, durante varios años, nada se hizo al respecto. ¿cierto?, le pregunto.
—Hubo cambio de gobierno, ¿le parece poco?, me contesta. Recién a mediados del 2012 se hicieron nuevos anuncios sobre el destino de esos terrenos. Obviamente, el nuevo gobierno provincial no coincidía con el destino pensado para el predio.
—Sí, claro, le digo y agrego: el gobierno del Frente Progresista tenía sus propias ideas para el predio, así como para la conformación de la estructura hospitalaria del sistema de salud. No hay que olvidarse que la gestión municipal había inaugurado en el año 2002 el Centro Municipal Sur “Rosa Ziperovich”, con diseño edilicio del arquitecto portugués Álvaro Siza, sobre la Avenida Uriburu. Pero usted sabe más que yo. Continúe, ¿qué se hizo después?
Concurso de ideas
—Algo recuerdo, me dice. Y agrega: lo que vino después no fue sin conflicto. En el año 2011, el gobierno provincial y el Colegio de Arquitectos llaman a un Concurso Nacional de Ideas para el ex-Batallón de Comunicaciones 121, destinado a diseñar el Plan Maestro de la urbanización del predio. El proyecto ganador sobre 41 presentados, se centró en la intervención urbana para el desarrollo integral del hábitat, organizando el espacio con un gran parque (casi 23 has), un lago, la preservación y reciclaje de los edificios históricos de valor patrimonial (para escuela, centro de salud, seguridad y ciencia y tecnología) y un área residencial (aproximadamente 4/5 has), integrada a la trama urbana con la apertura de calles.
—Ya que lo nombró, lo interrumpo, parte de los edificios con valor patrimonial, que debían ser preservados, fueron efectivamente para el traslado y expansión del Polo Tecnológico Rosario (Zona i), que había sido creado en setiembre del 2000 como una asociación civil entre los gobiernos municipal y provincial, las universidades y el sector privado. Pero sigamos, usted mencionó inconvenientes en el proceso de transformación del predio, conflictos lo llamó. ¿Qué pasó?
—Como usted sabe por experiencia, me explica WE, las acciones de gobierno son siempre actos políticos y, muchas veces, se partidizan. No sé si lo fue en este caso. Pero lo cierto es que un grupo de vecinos, invocando la ley 10.000 de Protección de Intereses Difusos, impugnó ante la Justicia el llamado al concurso de ideas, lo que fue desestimado.
—Esa situación, le comento, me hace acordar a otra, que seguramente usted recordará también. Lamentablemente, no ocurrió lo mismo con el proyecto de contención del corrimiento de la cascada del Arroyo Saladillo.
Plan de reordenamiento
—Menos mal que en nuestro caso no fue así, me dice. El esquema del proyecto ganador del concurso, aunque no era vinculante como le señalé, sirvió de base para la aprobación por el Concejo Municipal de la Ordenanza 9027/12 del Plan Especial de Reordenamiento Urbanístico Ex Batallón 121, que estableció la propuesta urbana y edilicia para el predio. El diseño final se alcanzó por consenso en una audiencia pública.
—Entonces, le digo, hacia el 2014 la provincia tenía la propiedad de las tierras del ex-Batallón 121 y había una ordenanza municipal que fijaba los usos posibles; sólo se trataba de tomar la decisión de poner en marcha la transformación del predio.
—Así es, me responde y aclara: el Estado debía hacer otras obras de infraestructura que jerarquizaban la totalidad del predio. Sólo en 4/5 hectáreas destinadas al complejo habitacional, era posible, para su ejecución, convocar al sector privado. He aquí que esas tierras de alto valor económico podían, por aquella ordenanza, entrar en el mercado de tierras urbanas y recién ahora tener un precio.
—Imagino, le digo, que todo eso requería decisión política y financiamiento presupuestario para que fuese ejecutado, ¿cierto?
—Claro que sí, afirma. El gobernador de entonces, Antonio Bonfatti, tomó la decisión, como antes lo había hecho con el traslado del Polo Tecnológico y la construcción del Museo del Deporte.
La hora del cálculo
—Pero una decisión siempre requiere el análisis y evaluación —continúa, entusiasmado—, no sólo económica sino también social y política y, en este caso, además, iban por distintos carriles institucionales. Una parte, tenía que ver con los recursos presupuestarios provinciales y municipales. Otra, la más delicada y compleja, a mi modo de ver, era la disposición de los lotes para el complejo habitacional. Si me lo permite, propone, esta última se la sintetizo rápidamente: una posibilidad era vender la tierra al mejor postor, cumpliendo con todos los recaudos legales al respecto, dejando en manos del sector privado, entonces, la transformación del predio.
—Por supuesto, me interesa sobremanera, pero se me ocurre —lo interrumpo— que era la opción más directa y despreocupada para la gestión pública: el Estado solo se ocuparía de controlar el cumplimiento de la ordenanza en cuanto al complejo residencial.
—Así lo parece, me contesta, pero tenía varias cuestiones a resolver. ¿Cuál era el precio mínimo aceptable? ¿El proporcional al que había pagado la provincia cuando lo compró? ¿Quién lo tasaba? ¿Lo fijaba el mercado en un proceso licitatorio? El ingreso por la venta del bien, ¿iba a rentas generales o a una asignación específica?
—Qué dilema, le digo. Pero al final, todas esas cuestiones, lo interrogo, ¿tuvieron respuesta?
Plusvalor inmobiliario
—Fíjese usted qué interesante —me contesta—: las respuestas a todas esos interrogantes se encontraron en el análisis y evaluación de otra alternativa, basada en la puesta en valor del principio de la función social de la propiedad privada, bajo la forma de la captación del plusvalor inmobiliario y su devolución social.
—Si no me equivoco, le digo, ese concepto fue desarrollado en el Lincoln Institute of Land Policy, en Harvard (EEUU), en base a la idea del economista Henry George quien, en el siglo XIX, ya sostenía que era injusto que los propietarios de la tierra se apropiaran de un incremento de su valor, no producido por su propietario sino por un hecho exógeno.
—Tal cual usted lo dice. En este caso, el beneficiado era el Estado santafesino. El problema era hacer operativo el concepto e incorporarlo en el proceso de transformación del predio. La solución la teníamos “en casa”. Por un lado, el espacio urbano del ex-Batallón 121 y su entorno lo permitía: en uno de sus extremos existía un asentamiento irregular, el llamado Cordón Ayacucho, que esperaba su regularización e incorporación a la trama urbana. Por otro lado, la gestión gubernamental contaba con especialistas en la SEH y en la DPVyU, y un equipo de abogados y economistas de primer nivel. Entre todos, buscaron y encontraron en la figura del fideicomiso una arquitectura jurídica adecuada y, al mismo tiempo, diseñaron las especificidades de un proceso licitatorio que garantizara la satisfacción del concepto de plusvalor inmobiliario.
—Me imagino el esfuerzo de coordinación de todas las oficinas de las jurisdicciones provincial y municipal, que debieron intervenir. ¿Me lo puede explicar sintéticamente?
—Lo intentaré, señalando los hitos del proceso que me parecen más originales. A la complejidad del proceso que usted denota, hay que agregarle la antigüedad de la problemática en la planificación urbana de Rosario: ya en 1991 el ex-Batallón 121 figuraba en el Plan Director Urbano como un área de reconversión. Continúo.
El fideicomiso
—Uno de los caminos críticos resueltos fue encontrar la figura jurídica para la incorporación del sector privado en el desarrollo urbano del predio y la realización de un complejo habitacional en aproximadamente 4/5 ha del mismo. Al final de ese camino, el equipo jurídico y el Fiscal de Estado conformaron un Contrato de Fideicomiso, en el que el Fideicomisario sería la DPVyU, administrador del fideicomiso; el Fideicomitente A sería el gobierno de la provincia, aportante del terreno y beneficiario de las obras de reconversión y las viviendas sociales construidas en y por el Cordón Ayacucho; y el Fideicomitente B originario, que debía ser seleccionado en un proceso licitatorio, sería la empresa que construiría el complejo habitacional y haría la reconversión del Cordón Ayacucho.
—Pero, todavía no sabían cuáles eran los valores económicos que estaban involucrados, ¿cierto?
—Está en lo correcto, me dice. Lo que sabíamos era que con la ordenanza municipal que daba uso y destino a las tierras, estas podían tener un precio; antes de ella solo tenían un valor potencial, pero su precio era cero.
—¡Qué paradojas las del mercado inmobiliario!, le digo asombrado y le pregunto: ¿cómo resolvieron esa situación?
—En primer lugar, nuestro equipo descartó la metodología de lo que llamamos “precio de mercado por analogía”, utilizada comúnmente por las oficinas de tasación.
El método
—Lo interrumpo y acoto: Así debe haber sido el precio establecido por el Tribunal de Tasación de la Nación, que pagó la provincia en 2006 por el total del predio.
—Es muy probable, pero para nosotros ese terreno era único, irrepetibles e incomparable, por lo cual el método analógico era improcedente y, optamos por el cálculo del plusvalor, lo que llamamos “contribución por valorización”, que se generaba para la provincia, al tener fijado por ordenanza (hecho exógeno) los usos y destino del predio.
—Usted me dice, entonces, que siendo el precio cero antes del hecho exógeno, la contribución por valorización equivale al precio de mercado.
—Lo ha entendido muy bien. El método aplicado es endógeno y residual y utiliza los costos de construcción, comercialización y otros, los precios de venta y las tasas de ganancia y coeficientes de referencia, vigentes en la actividad en el momento de la estimación, aplicados sobre las cantidades y calidades constructivas que permite la ordenanza respectiva. Esto es, metros cuadrados residenciales, comerciales y oficinas, cocheras cubiertas, semi y descubiertas, superficies de circulación; la infraestructura de servicios a cargo de la provincia.
—Eso les dio un monto en pesos de ese momento, ¿o los pasaron a dólares? En otras palabras, ¿cómo consideraron el proceso inflacionario?
—Resolver ese problema nos lo facilitó el proceso de licitación del fiduciante B originario y la devolución a la comunidad del plusvalor, mediante su utilización en la reconversión del asentamiento irregular en el Cordón Ayacucho.
Contribución por valorización
—En verdad, me intriga saber cómo lo hicieron técnicamente y resolvieron la interacción jurisdiccional.
—Con funcionarios probos, responsables y comprometidos con el proyecto siempre se puede. Por un lado, el Servicio Público de la Vivienda (SPV) de Rosario reestudió y dimensionó toda la transformación del Cordón Ayacucho que, como usted recordará, había estado incluido en el programa Rosario Hábitat. Ello significó estimar la cantidad y costos monetarios de la red de infraestructuras para la provisión de todos los servicios para las familias afectadas (unas 1.300), los metros de apertura de calles (unas 13 cuadras), la cantidad de casas nuevas, por traslado, y las a refaccionar in situ, etcétera.
—O sea, dígame si lo entiendo bien, por un lado estimaron el precio del terreno necesario para el complejo habitacional y, por otro, tuvieron las cantidades de obras físicas, “cosas” digamos, necesarias para la reconversión del Cordón Ayacucho, con sus respectivos costos monetarios.
—Así es, me dice. Con esas magnitudes transformamos el valor monetario base del terreno según su “contribución por valorización”, en un quantum de cosas materiales que se podían realizar en el Cordón Ayacucho, dado los costos de producción de cada una de las obras necesarias. Y este quantum fue incorporado en la oferta económica mínima del proceso licitatorio de Fiduciante B.
—Vea, le digo, no deja de sorprenderme, pero si no me lo explica un poco más, su originalidad me resulta improcedente según los métodos convencionales.
—Y, sí, me contesta. Fue una innovación que anclaba el tiempo en el momento cero para el Estado, y el oferente se hacía cargo de la evolución de los costos de la construcción. Fíjese, me dice: el pliego licitatorio estableció un plazo de 3 años para las obras del Cordón y de 10 años para el complejo habitacional, no pudiendo empezar lo segundo hasta haber cumplido lo primero. Y siendo la oferta el momento competitivo del proceso, se diseñó una polinómica con dos variables, una técnica y otra económica, con distintas ponderaciones y un valor mínimo para ser aceptada. La oferta económica en término de quantum tenía una base (dada por la cantidad de obras que agotaban el precio del terreno según su plusvalor) y sucesivos escalones que agregaban obras a la base.
—Le agradecería si lo puede aclarar un poco más, me cuesta aprehenderlo. Y, de paso, dígame si el proceso licitatorio llegó a buen puerto, ¿puede ser?
—Sí, por supuesto. Las obras básicas o mínimo obligatorio se especificaron en términos de las calles que debía ser abiertas, la cantidad de viviendas nuevas (185 dúplex, 2 dormitorios; 46 planta baja, 1 dormitorio) y las redes de infraestructura domiciliarias y públicas, correspondientes. Luego se armaron 3 escalones cada uno de los cuales agregaban viviendas y apertura de calles y pasajes con sus redes de infraestructura correspondientes.
—Y acerca del proceso licitatorio que se llevó a cabo —continúa— hubo compras de pliegos, pero no muchas ofertas. Una de ellas alcanzó el puntaje mínimo establecido para la polinómica, con una oferta económica que alcanzaba el primer escalón de los quantums establecidos (aperturas de pasajes, más casas y más infraestructuras). Fue una UTE conformada por Pecam, Grupo Petersen y Corporación América, denominada Desarrollo Integral del Sur SA, que involucraba construcción y financiamiento.
—Usted dice que el proceso fue exitoso. Seguramente todas las obras comprometidas por las partes estaban contenidas en el contrato de fideicomiso, en el pliego licitatorio y en el contrato de adhesión, pero el área residencial y comercial no se construyó en el plazo establecido, ¿cierto? ¿Cómo se lo explica? Y el Cordón Ayacucho, ¿fue reconvertido?
—Vamos por partes, ¿sí? La justificación de esa demora, con los 10 años de plazo cumplidos, tiene dos carriles: uno, de menor relevancia, es la demora del gobierno en la realización de las obras de desarrollo urbanístico comprometidas para la valorización del contexto (estaban el Polo Tecnológico y Museo del Deporte) y, la otra, fundamental para el sector construcción, es la inexistencia de una demanda de vivienda sin planes de financiamiento adecuados. Pero el emprendedor sí había cumplido ya en el 2018/2019 casi en su totalidad con las obras comprometidas en su oferta sobre el Cordón Ayacucho (las mínimas obligatorias más las del escalón 1), algo demoradas por la dificultad de conseguir terrenos adecuados para la relocalización de las viviendas desplazadas del Cordón Ayacucho.
Cisne blanco
—Y, ¿entonces?? ¡No me diga que apareció un "cisne blanco"!
—Usted lo ha dicho. Emergió la necesidad de una Villa Olímpica en la ciudad para alojar a los deportistas de los Juegos Suramericanos, que se desarrollarían en Rosario, Santa Fe y Rafaela en el mes de setiembre de 2026, legado del anterior gobierno provincial.
—O sea que se generaba una oferta potencial de viviendas, luego de su uso temporal, a la espera de un sistema de financiamiento adecuado. En otras palabras, esas viviendas entrarían al mercado inmobiliario para ser vendidas, ¿cierto?
—Por supuesto. Pero vamos por partes. Nuevamente, la DPVyU juega un rol importante antes y después de comenzar las conversaciones con el desarrollador inmobiliario, aquel fiduciante B del proceso licitatorio: coordina e intermedia con el sector privado, garantizando los derechos del sector público.
—Me imagino que habiendo pasado 10 años había que revisar toda la documentación, tal como había sido pensado originalmente.
—Así es. Pero también hubo que cumplir con los nexos de infraestructura faltantes, lo que demoró el proceso de urbanización. En el 2024 se da por cumplida la compensación ofertada con las obras en el Cordón Ayacucho, se proceda al cambio del fideicomisario del proyecto (deja de serlo la DPVyU), se realizan nuevos planos de mensura del terreno, actualizando los que son del fideicomiso y los que pasan al desarrollador. Todos los ajustes se hicieron en el marco del Contrato de Fideicomiso firmado oportunamente. Si me da unos minutos más termino la historia, ¿sí?
—Por supuesto. Veo que la provincia estaba en una carrera contra el tiempo y la UTE desarrolladora tenía que estar en condiciones técnicas y financieras para este desafío. ¿Cómo fue este proceso?
—Tiene usted razón, me dice. La premura jugaba en contra de la eficiencia. Así fue que el proceso negociador de la provincia con el desarrollador, en el marco del fideicomiso, termina con un convenio en el cual se establece la entrega del terreno involucrado, la construcción de 245 departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios (21.000 metros cuadrados en 5 módulos), la construcción de obras de urbanización y el aporte financiero equivalente al 20 % del total (un módulo de 49 departamentos) por parte de la provincia. Los demás le corresponden al desarrollador inmobiliario. El Centro de Natación estuvo fuera del predio del fideicomiso: el terreno era propiedad de la DPVyU.
Relación público-privado
—Podemos decir, entonces, que fue una historia con final feliz, concluyo. Una historia con un encadenamiento de deudas y momentos significativos y otros no tanto, pero que la hace muy interesante, nada aburrida: tiene su petite histoire. Hoy los Juegos han terminado exitosamente y Rosario cuenta con una infraestructura deportiva incomparable y con 245 departamentos que se comercializarán: los 49 de la provincia seguramente a través de sus planes de vivienda (Programa Nido) y los del desarrollador inmobiliario a través del esperado crédito hipotecario de largo plazo y bajo interés. Unos paredones se tumbaron, un nuevo barrio aparece. La historia continua. Y, si se repite, hay una excelente experiencia de relacionamiento público-privado, con una institucionalidad pública altamente capacitada, que aprendió sobre la importancia del tiempo para que los procesos negociadores sean más eficientes.