En paralelo a lo que ocurre en la Justicia Federal, se presentó en los tribunales provinciales de Rosario un pedido de inhibición general de bienes de las empresas, directores y ejecutivos del grupo Vicentin. La solicitud apunta a impedir maniobras de vaciamiento y fuga de capitales.
Las insistentes versiones sobre venta de activos del grupo Vicentin, los críticos informes de organismos oficiales y de distintos grupos de acreedores, así como las denuncias penales presentadas ante distintas instancias, forman parte de los argumentos que respaldan el pedido de inhibición que presentó Gustavo Feldman, abogado de particulares y empresas perjudicados por el default de la agroexportadora santafesina, al fiscal Miguel Moreno.
Moreno lleva adelante la investigación abierta a partir de la denuncia de Feldman contra los directivos de Vicentin por asociación ilícita y estafa. En esa causa se inscribe el pedido para que se trabe cualquier disposición patrimonial por parte de los directivos de la firma defaulteada. Entre los fundamentos, el letrado cita:
u El informe de la Inspección General de Personal Jurídicas (IGPJ) sobre la creación en 2014 de tres sociedades en Uruguay (Vicentin Familia Grupo, VFG Inversiones y Actividades Especiales e Industria Agroalimentaria Latam) a las que se les transfirió los paquetes accionarios de las distintas sociedades que antes controlaba la firma que entró en concurso preventivo.
u Los pedidos de discovery realizados por el Comité de Bancos Extranjeros en los tribunales de Nueva York, que denunció una maniobra fuga y sustracción de fondos por u$s 400 millones a través de la utilización de un entramado de sociedades.
También cuentan como argumentos a favor la causa penal que lleva adelante la Justicia Federal para investigar los créditos otorgados en forma irregular por el Banco Nación. En ese expediente, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó la inhibición de los bienes de ex funcionarios de la entidad, directivos de Vicentin y de la sociedad. El juez Julián Ercolini aceptó parcialmente a ese pedido, ya que acotó la medida a Algodonera Avellaneda.
Ercolini no fue más allá por entender que los activos de Vicentin Saic están custodiados por el concurso. Pero para el abogado que denunció a la firma en los tribunales provinciales, así como para muchos otros actores de la convocatoria, esa instancia está lejos de ofrecer garantías. “El cuasi control judicial del concurso se limita tan sólo a Vicentin SA, mientras que respecto de todas las otras sociedades y a las personas física que integran el grupo, existe una absoluta e irrestricta disponibilidad de acción que, de persistir así, podrá dar lugar a que se sigan fugando los activos”, señaló el escrito presentado ayer.
Y aseguró que “este riesgo no es abstracto o presunto”, ya se han llevado a cabo actos concretos que evidencian “esta sistemática conducta delictual”.
En ese sentido, citó la venta de Renova días antes de la declaración de cesación de pagos; la solicitud de certificados por parte de varios de los integrantes de la empresa para realizar actos de donación o venta de bienes de su propiedad, los desvíos de fondos a cuentas propias que se efectuaron desde cuentas que eran garantes de los créditos del Banco Nación, conforme fue informado por el Fiscal Pollicita, las gestiones tendientes vender Friar y las negociaciones para venderle a Sancor la firma Alimentos Refrigerados, que el grupo le había comprado en 2016.
El pedido de inhibición alcanza también a Algodonera Avellaneda, Sir Cotton, Buyanor, VFG Inversiones y Actividades Especiales SA, Vicentin Family Group SA e Industria Agroalimentaria Latam SA. En cuanto a las personas físicas, el pedido se extiende a Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin, Yanina Boschi, Héctor Goldaraz, Amelia Vicentin de Alal, Bettina Padoan de Moschen, Osvaldo Boschi, Raúl González Arcelus, Omar Scarel, Gabriela González, Mariano Pelaya, Gastón Scarel, Andrés Nardelli, Gustavo Nardelli y Roberto Padoan.