Economía

Ordenaron un peritaje clave en la causa por el Correo Argentino

El juez federal Ariel Lijo ordenó ayer la realización de un informe técnico contable vinculado a la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el acuerdo de pago de deudas de la empresa Correo Argentino al Estado nacional, en el marco del concurso de acreedores de la firma.

Martes 10 de Septiembre de 2019

El juez federal Ariel Lijo ordenó ayer la realización de un informe técnico contable vinculado a la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el acuerdo de pago de deudas de la empresa Correo Argentino al Estado nacional, en el marco del concurso de acreedores de la firma.

El magistrado pidió a la Justicia Comercial que le envíen el cuerpo principal del expediente del concurso y dispuso la realización del estudio que analizará la deuda de la empresa y el acuerdo que había alcanzado con el gobierno para determinar si fue "abusivo", como denunció la fiscal general de ese fuero, Gabriela Boquin.

El informe le será encomendado a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema, una vez que las partes del caso respondan si tienen puntos técnicos que pretenden que sean abordados en el estudio.

La medida fue ordenada en el marco del expediente en el que se encuentran imputados ?(ya fueron indagados) el ministro de Defensa y ex titular de Comunicaciones, Oscar Aguad; el ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa, el presidente del Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el abogado de la compañía, Jaime Leonardo Kleidermacher.

La medida dictada por Lijo se originó tras un señalamiento de la Cámara Federal porteña que había recomendado la "producción de estudios" para zanjar las diferencias entre los imputados y la fiscalía en relación a la deuda y el acuerdo alcanzado.

Los imputados habían cuestionado el dictamen de la fiscal, que se opuso a la aprobación del acuerdo entre la empresa y el Estado en el concurso de acreedores de la firma, al advertir que era desfavorable para las arcas públicas, hecho que luego generó la denuncia penal que cayó en el juzgado de Lijo.

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