Economía

Nuevo revés judicial de Argentina en la causa por reestatización de YPF

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York denegó la apelación de Argentina y de YPF.

Sábado 27 de Abril de 2019

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York denegó la apelación de la República Argentina y de YPF de reconsiderar su fallo de la semana pasada, que dejó en firme un fallo de primera instancia en el caso iniciado por el fondo Burford Capital tras la compra del Grupo Petersen, ex accionista de la petrolera.

De esta manera, el tribunal ratificó su fallo del 19 de abril en el que ratificó el fallo de primera instancia _de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, a cargo Loretta Preska_ en el que se consideró que la Argentina violó los términos de la expropiación.

Fuentes oficiales explicaron que la semana pasada la Procuración del Tesoro presentó un recurso urgente de apelación advirtiendo sobre la vigencia de un "stay" que está en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos, a lo que el Tribunal de Apelaciones respondió con la denegación del pedido y habilitando a la jueza Preska a continuar con sus actuaciones.

La causa _que podría contemplar una demanda por unos u$s 3.000 millones_ fue iniciada por el fondo Burford luego de comprar en la Justicia española los derechos para litigar, en el marco del proceso de quiebra de las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora.

A partir de ahora, tras el rechazo de la apelación, la jueza debería iniciar formalmente el proceso contra el Estado argentino, por lo que se puede anticipar que citará a las partes a negociar cuánto le tiene que pagar a los demandantes.

En paralelo, se seguirá el proceso al que recurrió la Argentina ante la Corte Suprema de Justicia de aquel país sobre la definición de la jurisdicción. En caso de que la Corte falle finalmente en favor del pedido del gobierno e YPF y la demanda pasará a los tribunales locales.

El caso fue presentado en 2015, luego que el fondo adquirió las dos empresas españolas que eran propietarias del 25 por ciento de las acciones cuando se nacionalizó la petrolera. En el prospecto de la privatización se estableció que si en algún momento se producía un cambio de titularidad, el accionista mayoritario debía darle la oportunidad a los accionistas minoritarios de comprarle las acciones, pero en el gobierno anterior decidieron no hacer eso.

Por el contrario, el Estado argentino decidió expropiar 51 por ciento de paquete accionario en manos de Repsol solamente.

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