Con la recaudación en picada y la demanda de gasto en ascenso, la crisis del coronavirus no sólo somete a extrema presión las cuentas nacionales, sino también las provinciales.

El gobierno de Alberto Fernández formalizó esta semana la asistencia a las provincias por $ 120 mil millones, para pagar salarios y gastos corrientes. La mitad corresponde a una distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en base al régimen de coparticipación. El resto se desembolsará bajo la forma de préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, a reembolsarse en tres años. Este tramo se girará en base a convenios bilaterales.

El gobierno nacional puso en marchas desde marzo un paquete de medidas fiscales por un monto de casi $ 600 mil millones para aliviar los efectos en la economía de las restricciones sanitarias por la pandemia. Buena parte de esas mayores erogaciones comienzan a sentirse en abril. Según el Instituto de Estudios de la Realidad Económica Argentina y Latinoamericana (Ieral), el gasto público podría crecer 20% nominal respecto de marzo, a la vez que la recaudación, por efecto de la misma crisis, se reduciría un 30%. Ya los ingresos nacionales del mes pasado evolucionaron casi a la mitad que la inflación interanual.

De este modo, el déficit primario nacional en abril sería equivalente al 1,1% del PBI anual. Como ya es sabido, deberá ser financiado con emisión. Si se suman los servicios de deuda, neto del roll over dentro del sector público, esa expansión de la base monetaria sería de $ 410 mil millones, un aumento del 93% en términos interanuales. Pero este agujero que enfrenta la Nación también lo enfrentan los Estados subnacionales. Por eso, el Ieral le suma a esa cuenta $ 150 mil millones para asistir a las provincias en abril y $ 23 mil millones a municipios y comunas.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) realizó una estimación muy parecida respecto de las necesidades financieras para atender el pago de salarios y compromisos básicos de gasto: $ 132 mil millones a las provincias y en $ 35 mil millones. En este caso, el cálculo está atado a una propuesta del instituto para volcar un paquete de auxilio fiscal al sector privado de $ 435 mil millones, a por vía de gasto y exención de impuestos. Un esquema teórico propuesto por el centro que conduce Nadin Argañaraz que, por ejemplo, preveía una “compensación” para Santa Fe de $ 12.726 millones.

Tanto para el Ieral como para el Iaraf, esta asistencia nacional a la provincia debería instrumentarse a modo de préstamo o adelanto de coparticipación Ambos advierten además que, al requerirse una emisión monetaria monumental, que puede presionar sobre la inflación, es necesario que esas transferencias se ajusten a criterios “objetivos y transparentes”.

En el caso del Ieral, el análisis sobre la asistencia a los Estados subnacionales viene acompañada de una propuesta de ajuste fiscal. Una suerte de “fase superior” de la chicana política a favor de que se bajen el salario ministros y legisladores. El centro de estudios que depende de la Fundación Mediterránea sugiere directamente que, para moderar la demanda de emisión monetaria, se reduzca el salario de los estatales de todas las jurisdicciones, que no se desenvuelvan en la salud o en otras áreas críticas para enfrentar la pandemia.

El informe elaborado por Marcelo Capello y Agustín Cugno propone instrumentar la reducción salarial de los trabajadores del sector público como un “ahorro forzoso”. Es decir, a partir de cierto piso salarial, el Estado nacional pagaría parte del sueldo de abril (eventualmente también mayo y junio) con un título de deuda a cobrar en 2021, que no podría ser utilizado ni para pagar impuestos ni para comprar bienes en el mercado. De acuerdo a su estimación, con este ajuste, “la expansión monetaria se mantendría en el orden de 90% interanual aun financiando a provincias y municipios”.

Mientras crece la discusión social nacional sobre la necesidad de aplicar un impuesto especial a los contribuyentes de mayor patrimonio o a los que blanquearon capitales en el régimen de exteriorización de 2017, desde la biblioteca más refractaria los referentes más refractarios a la política redistribucionista proponen ajustes en la plantilla pública o, en algunos casos, el pago con papeles de menor valor al del peso.

La evocación de intendentes y gobernadores, como Omar Perotti, de las cuasimonedas que circularon en 2001 y 2002, parecen tener un doble propósito: apurar al gobierno nacional para que emita y transfiera plata a sus distritos en el momento crítico, y “avisar” a los gremios del sector público que la paritaria actualmente congelada, podría incluso ser descongelada a la baja.

La amenaza de emitir cuasimonedas fue puesta sobre la mesa por gobernadores e intendentes. Al analizar esta opción, el Ieral considera que, si bien les daría autonomía a los jefes territoriales, también les sumaría un costo político importante, ya que seguramente cotizarían por debajo del peso. Por otra parte, ya no hay una ley de convertibilidad que impida emitir pesos. De modo que “no se justifican las cuasimonedas si el gobierno nacional asiste a las provincias, con un criterio objetivo”.

En los hechos, antes de decidir esta nueva asistencia, el gobierno nacional venía volcando creciente cantidad de recursos en las provincias. Un hecho especialmente palpable en Santa Fe, que en 2018 y 2019 experimentó un fuerte recorte de transferencias nacionales para gastos de capital y subsidios a servicios públicos. La administración de Alberto Fernández devolvió la recaudación del IVA a bienes de la canasta básica, repuso la asistencia al transporte, congeló la tarifa eléctrica mayorista (aliviando los subsidios provinciales), volcó recursos directos a través de la tarjeta alimentaria, los refuerzos a la AUH y jubilaciones mínimas, y creó el Ingreso Familiar de Emergencia. También se puso al día con las cuotas anticipo para financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones, y reforzó la ayuda para asistencia alimentaria y de salud en el marco de la pandemia.

Por otra parte, las transferencias automáticas a provincias disminuyeron 10,5% interanual en términos reales en marzo 2020, cuando lo habían hecho 3% en el mes previo. En Santa Fe la caída llegó al 13%, lo que se sumó a una baja en los recursos propios. Aunque el Ministerio de Economía de la provincia no publicó en la página web la información sobre la recaudación de los primeros tres meses del año, sí dejó trascender a algunos medios seleccionados por esa cartera que los ingresos por impuestos propios bajaron 12,5%.

Temas de caja

Esa urgencia está detrás de la decisión de Perotti de salir a plantear la posibilidad de emitir cuasimonedas, pocos días después de haber logrado en la Legislatura la aprobación de una ley que lo habilita a endeudarse en $ 37 mil millones para fortalecer la caja y en $ 15 mil millones para enfrentar el coronavirus. Fondos potenciales que se suman a una disponibilidad de $ 16 mil millones.

La pandemia es un escenario en el cual los mandatarios provinciales acomodan sus cajas. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció que la provincia entregará un título para cancelar deudas con proveedores, que será de carácter transferible y podrá ser utilizado para cancelar deudas tributarias.

Su par de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó un Certificado de Liquidación Provisoria para cancelar deudas con proveedores y contratistas. La deuda total 2019 es de cerca de $ 43 mil millones. La provincia vecina también inició el proceso de reestructuración de deuda por casi $ 8 mil millones.

En Santa Fe, el gobierno estableció por decreto en el mes marzo un régimen de consolidación de deudas del Estado provincial con contratistas y proveedores.