El economista Claudio Lozano advirtió que el proyecto de presupuesto 2023 enviado por el gobierno nacional al Congreso sostiene “un enfoque fuertemente conservador que omite que las verdaderas razones del desfinanciamiento del sector público son el peso de los intereses de deuda y la ausencia de progresividad tributaria”. Un análisis elaborado en el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), fundado por Lozano y coordinado por Ana Rameri, sostiene esa afirmación.

El trabajo advierte que el punto de partida del presupuesto para 2023 es “el bajo nivel de actividad, consumo y gasto público proyectado para esta segunda parte del año 2022 que está siendo inducido, por la actual conducción económica, a través de una estrategia recesiva y un fuerte ajuste fiscal”. Desde ese nivel, apunta:

• La meta de déficit primario para el 2023 de 2 puntos del PBI implica una reducción de 0,8 punto respecto del año anterior y de un punto desde el 2021, que se efectiviza por la vía de un recorte del gasto en el marco de una caída de la presión tributaria.
• El ajuste se centra en el gasto corriente, principalmente en las partidas vinculadas al subsidio a la energía y en funciones del gasto social. Desde 2021, el gasto público primario perdería 2,3 puntos del PBI para el Sector Público Nacional (SPN), que incluye a las empresas públicas, y 3,6 puntos en la Administración Pública Nacional (APN).
• La estructura tributaria del 2023 proyecta un agravamiento de la regresividad, con un mayor peso sobre los salarios y consumo, y una menor incidencia del aporte de Ganancias, retenciones e impuesto País.
• Si bien se prevé un aumento real de la función servicios sociales del 7,3% para el 2023, en realidad le antecede un recorte significativo del 20,3% para este año. Es decir, que lo que se proyecta se ubicará un 14,8% por debajo del año 2021.
• Los servicios de la deuda continúan teniendo el peso más relevante en la estructura del gasto del 2023 (2 puntos del PBI). Harían falta sumar 19 funciones del gasto de menor peso para equipararlo.
• Los gastos tributarios (exenciones y promociones) sugeridos de revisión no cuentan con una evaluación detallada del Ministerio de Economía sobre cómo aumentar la presión tributaria a los actores más grandes.

“La importancia de lo anterior es central, ya que esta magnitud permitiría financiar la primera etapa de una renta universal, que garantice el valor de la canasta de alimentos a casi 12 millones de personas”, señala el estudio.