Bajo la lluvia, cientos de trabajadores del puerto de Rosario reclamaron, junto a sus familias, una solución al conflicto laboral planteado por la concesionaria Terminal Puerto Rosario (TPR) al avanzar con despidos y descuentos de salarios. La resolución, señalaron los obreros y obreras reunidas frente a la Gobernación, está en manos del gobernador Omar Perotti. “El gobierno provincial debe abandonar su pasividad frente a la extorsión que le plantea del grupo Vicentin”, señaló el secretario general del Sindicato Unido Portuarios Argentinos (Supa), César Aybar.
Las trabajadoras de la terminal encabezaron el reclamo que se hizo sentir durante una marcha totalmente pacífica que se realizó a media mañana desde 27 de febrero y Circunvalación hasta la sede local de la Gobernación.
Rocío y Rocío, las dos con el mismo nombre, forman parte de la generación de trabajadoras que se incorporó recientemente a un segmento del mercado laboral que antes estaba reservado a los hombres. Son madres de familia y, luego de dos años de contratadas, están bancando la parada para lograr la reincorporación de los compañeros que TPR se niega a incorporar.
“Todas tenemos familias, algunas somos jefas de familia, y vamos a pasar una nochebuena horrible, sin poder darles de comer a nuestros hijos, por la insensibilidad de esta empresa que plantea un conflicto en estas fechas con intenciones políticas”, señaló Rocío, que trabaja de maquinista.
Su compañera recordó que, como trabajadora eventual, trabajó “a destajo” durante la pandemia y recordó que los conflictos con la concesionaria del puerto vienen desde principios de año. Pero hace 20 días que la crisis se agudizó. “Hay compañeros que se enfermaron, sólo queremos trabajar, esto es muy triste”, subrayó.
Trabajadores y trabajadoras se apostaron frene a la sede de la Gobernación para visibilizar el conflicto luego de que se estancaran las negociaciones que mantuvieron en las últimas horas con los representantes de TPR, en el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Cuando parecía que el cambio de interlocutores en la concesionaria, con la llegada de un ejecutivo de la chilena Ultramar en reemplazo de los que representantes de Vicentin, iba a permitir superar el conflicto, el giro de los acontecimientos fue en sentido contrario. La empresa se plantó en la negativa a reincorporar a trabajadores despedidos a los que acusa de “atentar contra los bienes y personal” del puerto. .
Los trabajadores rechazan la acusación y denuncian que la compañía violó la conciliación olbigatoria. “La empresa no puede despedir durante la conciliación obligatoria y se mantiene intransigencia en la reincorporación de cinco compañeros a los que no vamos a dejar solos porque son cinco familias que a estas fiestas la van a pasar con mucha angustia”, dio Aybar.
El secretario general del Supa explicó que el diálogo se trabó porque TPR quiere que el gremio firme un acta permitiendo los despidos. “Ofrecieron 95% de recomposición salarial y pagar los salarios caídos y bonos, no tienen un problema de plata sino que buscan plantar un conflicto en pleno diciembre”, dijo. Y apuntó directamente contra Vicentin, que controla la mitad de la concesionaria de provocar la crisis para lograr la extensión del contrato de concesión “sin poner un sólo dólar”.
En ese punto, reclamó una respuesta del gobernador Omar Perotti. “Debería estar menos preocupado por sacarse fotos con los futbolistas y resolver este conflicto que le creó una empresa que está llena de causas penales por estafar a los productores rurales, al Banco Nación y hasta los bancos internacionales”, señaló o Aybar,
El miércoles que viene está prevista una nueva audiencia en la sede nacional de la cartera laboral. Mientras tanto, el conflicto se agudiza. El gerente general de la Terminal Puerto Rosario, Leonardo Feltrinelli, ratificó en declaraciones a La Ocho que la empresa “no reincorporará” a trabajadores que “fueron despedidos por hechos de violencia y daños contra la compañía”. A la vez, manifestó la voluntad de la patronal de atender los reclamos salariales y rechazó la acusación gremial respecto de que la empresa no cumplió con las inversiones estipuladas en el contrato de concesión del puerto.
El Supa pidió formalmente al Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) que le retire la concesión a TPR por incumplimiento del contrato. Desde el ente manifestaron en reiteradas ocasiones que intimaron a la empresa. Para Aybar, el puerto es público y debe actuar el gobernador. “No queremos pensar que hay complicidad con Vicentin, cuyos accionistas están ahora tomando champán en Punta del Este mientras los trabajadores sufren”, dijo.
