Economía

Los magros beneficios de los anuncios del gobierno

Las transferencias a los sectores más vulnerables operan como un leve paliativo a las brutales medidas de ajuste fiscal.

Domingo 24 de Abril de 2016

El objetivo de Cambiemos ha sido, desde antes de asumir el gobierno, modificar la distribución del ingreso hasta relegar a los trabajadores a una participación del 30%. En suma, retroceder a un esquema distributivo 70-30. La alteración de los precios relativos (donde jugó un papel central la megadevaluación y se manifiesta como otra variable la contención salarial, aunque dificultada en oportunidades —como la paritaria docente— por la resistencia sindical) junto con las transferencias fiscales y cuasifiscales fueron los mecanismos aplicados para concretar este objetivo. ¿Qué significan en este marco las medidas recientemente anunciadas?

   Aunque el macrismo insista con los indicadores económicos que dice haber heredado, lo cierto es que el principal obstáculo para la concreción de un esquema distributivo 70-30 se conforma por la verdadera pesada herencia: una amplia institucionalidad de política laboral y social y por una conciencia activa —y reactivada en la escena política con CFK— en torno al rol del Estado como garante de derechos sociales.

   Aunque forzado por las circunstancias vinculadas al creciente deterioro económico y a la aceleración de los tiempos políticos, el anuncio de las medidas constituye el implícito reconocimiento de que en Argentina es difícil de remover un esquema redistributivo que canaliza recursos tributarios a través de gasto fiscal. Todavía más, el macrismo necesita mostrar una preocupación social para mejorar su imagen.
  
Políticas sociales. El 16 de mayo Macri hizo varios anuncios, como la devolución de IVA en alimentos de la canasta básica a quienes perciben AUH y jubilados y que compran con tarjetas de débito de hasta 1.000 pesos. Como el éxito de la medida (que vence el 30 de abril) depende de modificar el hábito de compra del sector más beneficiado que lo hace en efectivo, canalizando la actividad a comercios que usan posnet, se afectaría significativamente las ventas en los comercios de barrio.

   El gobierno actual ha hecho distintas estimaciones en torno a la cantidad de beneficiarios que se incorporarían al programa AUH, que cerraron finalmente en 800.000, lo cual se traduciría en 9.200 millones de pesos si se asume que todos perciben el máximo (966 pesos). Otro anuncio es que, por única vez en mayo, 8.400.000 jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH cobrarían 500 pesos, con un costo fiscal 4.200 millones de pesos.

   Se estima que el Programa Argentina Trabaja tiene entre 120.000 y 200.000 beneficiarios. El aumento del beneficio en un 20% significaría un costo adicional entre 749 y 1248 millones de pesos.

   Las medidas de eliminación de subsidios significaron un ahorro fiscal de 120 mil millones de pesos anuales. La quita de subsidios a la generación y distribución de electricidad implicó una significativa reducción del déficit fiscal, pero sostenida por los consumidores. Ese “ahorro”, según Aranguren, es de 58.400 millones de pesos. Asimismo, se estima que el ahorro fiscal con los aumentos del gas también equivaldría a 58.400 millones de pesos (4.000 millones de dólares anuales) mientras que en el caso del agua el costo se estima en 4.000 millones de pesos anuales.

   Además es preciso contrastar estas erogaciones con el costo fiscal en que se incurrió a partir de transferencias a los sectores económicos concentrados. En retenciones agrícolas, el costo fiscal anual de la reducción se estima en 26.077.282 millones de pesos. La quita de impuestos a la compra de autos de alta gama el costo fiscal asciende a 4.652.182 millones de pesos al año y por el arreglo con los fondos buitres podría ascender a más de 18 mil millones de pesos.

   Si se suman todas las medidas dirigidas a los sectores populares, las transferencias se ubican en torno a los 20 mil millones de pesos, aunque considerando la quita de subsidios a las tarifas eléctricas el resultado es negativo en más de 100 mil millones de pesos. Los sectores concentrados se llevan casi 50 mil millones de pesos.

   En definitiva, por cada peso anunciado como transferencia a los sectores vulnerables, previamente le habían quitado $6 (por subsidios a los servicios públicos) y le transfirieron $2,5 a los sectores concentrados de la economía. Si se consideran las transferencias por la devaluación, se entregaron $10 pesos a los sectores concentrados por cada peso anunciado a los sectores de menores ingresos.

   Nuevamente, se trasluce no sólo que los beneficios resultan magros respecto a la literal apropiación de la caja del estado por parte de los grandes grupos empresarios, sino que además las brutales decisiones del gobierno de Macri en pos del ajuste fiscal (como lo fueron las medidas que finalizaron con el programa Conectar Igualdad, discontinuaron la moratoria previsional o produjeron más de 140 mil despidos), tuvieron que alternarse con una dosis de “gradualidad”: una parcial ampliación de AUH, un insuficiente pago por única vez a jubilados, y un proyecto de devolución de IVA en alimentos, en tratamiento en el congreso.

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