Advierten que la reforma de la ley de cabotaje y marina mercante habilita que buques de cualquier bandera operen en rutas de cabotaje nacional y “se perderán miles de puestos de trabajo argentino"
14:47 hs - Martes 17 de Noviembre de 2026
La reforma de ley de cabotaje y marina mercante abre una discusión clave. Los gremios vinculados al sector advierten que de aprobarse la iniciativa se habilita que buques de cualquier bandera operen en rutas de cabotaje nacional y que “se perderán miles de puestos de trabajo argentino". Anticiparon que si el próximo jueves se trata el proyecto habrá paro nacional y movilización al Congreso.
“El día que baje al recinto se convoca a un paro nacional y movilizamos al Congreso”, señaló Femando Ramírez, secretario general de la Seccional Rosario del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara).
El Senado avanzó con los dictámenes de los proyectos que buscan modificar el régimen que regula el transporte de mercaderías entre puertos argentinos. La propuesta respaldada por los gobernadores del Norte Grande y el gobierno nacional plantea una mayor participación de embarcaciones extranjeras, pero genera preocupación entre empresarios y sindicatos de la Marina Mercante. El jueves 12 de noviembre se formalizó el avance legislativo de la iniciativa que propone crear un nuevo Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria. Después de varias semanas de negociaciones entre los bloques, el proyecto podría tratarse en la sesión del próximo jueves 19 de noviembre.
Quienes impulsan la reforma sostienen que permitirá reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de las economías regionales. Para las provincias del Norte Grande, que deben recorrer grandes distancias para comercializar sus productos, el transporte fluvial representa una alternativa para disminuir la dependencia de los camiones. Durante el debate parlamentario, Alejandro Cacace, secretario de Desregulación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, defendió la necesidad de aprovechar las vías navegables para movilizar más mercaderías y abaratar los fletes.
La mayor controversia pasa por la posibilidad de que embarcaciones extranjeras realicen actividades de cabotaje reservadas, como regla general, a buques de bandera argentina: aquellos registrados en el país, sujetos a la legislación nacional y vinculados a la generación de trabajo local.
El proyecto presentado el 20 de octubre por la senadora Carolina Moisés, junto con legisladores de distintos espacios políticos, propone una mayor apertura del transporte marítimo y fluvial. Aunque contempla excepciones para determinadas actividades, habilita la participación extranjera en el movimiento de cargas secas, principalmente cereales, minerales y contenedores.
Para Rosario y su cordón industrial, los cambios podrían tener consecuencias directas sobre los remolcadores de empuje, las barcazas y las empresas que integran la cadena del transporte fluvial. “Esta nueva reforma que impulsan los gobernadores apunta directamente a nuestra zona, al corazón de la actividad agroexportadora”, advirtió el secretario general de la Seccional Rosario de Siconara.
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El dirigente sostuvo que la propuesta concentra la apertura en cargas que actualmente movilizan empresas y trabajadores argentinos. “Estamos hablando de cargas que hoy movilizan remolcadores de empuje y barcazas, con empresas y trabajadores argentinos, y que pretenden que pasen a ser transportadas por embarcaciones extranjeras, particularmente paraguayas”, señaló.
Ramírez también reclamó que la discusión contemple la formación y la experiencia de las tripulaciones. Destacó el conocimiento del Paraná y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo, y recordó tanto el choque de embarcaciones frente a Rosario como el accidente de un remolcador contra el puente que une Chaco y Corrientes. En este último caso, indicó, trabajadores de otro remolcador participaron en la recuperación de las barcazas.
“No podemos discutir solamente cuánto cuesta transportar una carga sin tener en cuenta el valor del trabajo argentino y la responsabilidad que implica navegar nuestros ríos”, sostuvo.
Una actividad estratégica
Desde su perspectiva, el debate involucra además el lugar del transporte fluvial en la economía. “Estamos hablando de una actividad estratégica, vinculada a nuestra producción, que genera empleo y movimiento económico en toda la región”, remarcó. Por eso, advirtió que una transferencia de esas cargas a operadores extranjeros podría afectar tanto los puestos de trabajo como la participación argentina en el negocio.
Los cuestionamientos también provienen del sector empresario. La Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) expresó su preocupación por las condiciones en que las compañías nacionales deberían competir con las embarcaciones de países vecinos. Durante el debate del 28 de octubre en el Senado, el vicepresidente de la entidad, José Pablo Elverdin, señaló las diferencias impositivas, laborales y económicas entre los operadores. En la misma línea, el presidente de FENA, Gustavo D’Amico, reclamó condiciones más equilibradas para las empresas argentinas.
A esas objeciones se sumó Domingo Contessi, presidente de la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata, quien alertó sobre las posibles consecuencias para los astilleros y la construcción de embarcaciones en el país.
La discusión también llegó al terreno de la defensa nacional. Sectores navieros y representantes de la Liga Naval Argentina solicitaron la intervención de la Comisión de Defensa del Senado, al considerar que la Marina Mercante cumple una función estratégica que excede el transporte comercial.
Como antecedente, señalaron su participación durante la guerra de Malvinas de 1982, cuando buques mercantes argentinos realizaron tareas de abastecimiento y transporte de combustible y equipamiento, y aportaron información para las operaciones militares. Contar con embarcaciones y tripulaciones propias también forma parte de los recursos disponibles ante emergencias o conflictos internacionales.
Frente a la iniciativa de Moisés, el senador Jorge Capitanich presentó el Régimen Especial Temporal para el Fortalecimiento del Cabotaje Nacional y de la Marina Mercante Argentina (Retcan). La alternativa propone una apertura excepcional de 24 meses para determinadas actividades, acompañada de beneficios económicos y medidas para fortalecer la flota nacional y la incorporación de trabajadores argentinos. Esta propuesta recibió mayor acompañamiento de sectores sindicales, que reclaman mejoras de competitividad sin desplazar a las empresas locales.
Ramírez vinculó la discusión actual con otros cambios que afectaron al sector, entre ellos los intentos de reforma de la Ley Federal de Pesca, el Decreto 340/2025 y la exclusión del personal embarcado del régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo. “Con el Decreto 340 logramos que la situación de la Marina Mercante se conociera en todo el país mediante paros nacionales y movilizaciones. Esa lucha permitió que el Congreso rechazara el decreto. Ahora volvemos a encontrarnos con una propuesta que pone en discusión el futuro del transporte fluvial argentino”, expresó.
Impacto en Santa Fe
En Santa Fe, el alcance de la reforma también merece atención por fuera del movimiento de granos. La extracción y el transporte de arena del Paraná abastecen a la construcción y sostienen una red de embarcaciones, trabajadores y empresas. Una muestra de ese movimiento fue el acondicionamiento del balneario La Florida, en Rosario, que en enero de 2026 demandó el traslado de 50.000 metros cúbicos de arena mediante 50 embarcaciones. A su vez, la provincia avanza en la recuperación de la Terminal I de Villa Constitución, con una inversión privada prevista de u$s 4,5 millones, destinada también a facilitar el movimiento de arena y áridos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta.
El transporte de arena no figura entre las actividades que el proyecto reserva expresamente a la bandera argentina. Esa situación abre interrogantes sobre las condiciones de competencia para las embarcaciones nacionales y el futuro del empleo en el sector. La extracción, en tanto, continúa sujeta a las autorizaciones y regulaciones correspondientes.