Los comercios deben diferenciar el precio de contado del valor en cuotas

Rige desde hoy en todo el país el nuevo programa nacional Precios Transparentes, que obliga a los comercios a publicitar el precio en un pago (con tarjetas de débito, crédito o en efectivo) y diferenciarlo del que rige para la financiación. De esta manera, deberán exhibir lo que es el precio contado del producto, el valor de cada cuota que tiene que pagar el comprador y el costo de financiamiento total, implícito en las cuotas.

La gran incógnita que tiene el nuevo sistema está en saber si efectivamente quien haga una compra al contado se beneficiará con un descuento, o si los comercios tomarán los valores actuales, que ya contienen el costo de la financiación, para adicionarles una nueva tasa de interés.

Para el presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came), Elías Soso, "no debería haber mayores inconvenientes" en la implementación del nuevo sistema, al que considera como "una buena" del gobierno nacional. "Es un verdadero sinceramiento porque siempre la tarjeta fue inflacionaria. Al vender de esta forma —si la conducta de los comerciantes es la que debe ser— no debe haber movimiento de precios", aseguró.

El dirigente estimó que los precios de contado o en un solo pago con tarjetas serán, en relación al precio financiado, un 15 por ciento menos que el establecido para las compras en 18 cuotas y un 10 por ciento menos que el fijado para los créditos en 12 cuotas.

El nuevo sistema "no modifica absolutamente nada porque no tiene por qué incrementarse nada: en el fondo es clarificar una situación", consideró el presidente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER), Ricardo Diab.

Al respecto, Soso remarcó que "el consumidor debe saber que la diferencia de precios que había no quedaba en el bolsillo del empresario sino que el sector financiero es el que se llevaba una parte importante de los ingresos".

Con la medida no sólo se vería beneficiado el consumidor que compre al contado ya sea por disponibilidad, conveniencia o necesidad ante la imposibilidad de acceder a financiamiento; también se nivelarían las posibilidades de los pequeños comerciantes, que "de alguna manera no tienen mucha posibilidad de marketing ni acuerdos con las grandes entidades financieras" (a diferencia de las grandes cadenas), observó Diab.

Consumo

Más allá de estas expectativas del gobierno de que la medida mejorará la competencia comercial y financiera, "no creemos que esto modifique en demasía o incentive el consumo, que está condicionado por el poder adquisitivo", enfatizó el titular de la AER.

"Creo que esto no aumenta ni disminuye las ventas. Sería bueno que el gobierno mejore el poder adquisitivo y que defienda la industria nacional lo antes posible, porque en estas condiciones no va bien la cosa", advirtió Soso.

El incumplimiento del sistema que comienza a regir hoy es pasible de multas de hasta 45 millones de pesos. Su control quedaría en manos de los propios consumidores, aunque el secretario de Comercio provincial, Juan Pablo Diab, confirmó que desde el área se harán controles de oficio.