Economía

Los alquileres agrícolas suben con los granos y suman presión en el agro

La rueda no deja de girar. Los comoditties no paran de subir y de la misma manera lo hacen los alquileres de los campos. De la campaña 2006/2007 a la actual aumentaron alrededor de un 15%.

Domingo 03 de Febrero de 2008

La rueda no deja de girar. Los comoditties no paran de subir y de la misma manera lo hacen los alquileres de los campos. De la campaña 2006/2007 a la actual aumentaron alrededor de un 15%. La demanda se incrementa en mayor medida que la oferta y la presión sobre el mercado condiciona la sustentabilidad de los sistemas agrícolas, ya que la mayoría de los arrendamientos se pactan un año y sin compromisos de realizar rotación de cultivos.

La inflación de los arrendamientos rurales llevó incluso al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a amenazar con su intervención. A fines del año pasado, en pleno conflicto de los tamberos, el funcionario les prometió ocuparse, a su estilo, de poner límites a las subas. Si bien hasta ahora no avanzó en ese esentido, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) sí puso la lupa sobre el sector, a través de mayores controles para detectar los casos de evasión en propietarios cuyos ingresos provienen de la renta agraria.

Lo cierto es que el tema de los arrendamientos agrícolas genera no sólo una preocupación a la hora de negociar contratos por parte de los productores. Está generando un cambio en la estructura productiva y social del sector agrario, de consecuencias todavía insospechadas.

Juan Carlos Furigo, de la inmobiliaria con el mismo nombre, explicó que la demanda para arrendamientos está firme y que va a continuar, en función de que los precios internacionales de los commodities están alza. "Es mayor la demanda que la oferta y, entre otras cosas, la búsqueda de tierras produce un flujo migratorio de colonos de Santa Fe hacia Entre Ríos, en busca de campos que se puedan alquilar en condiciones competittivas", señaló.

En la zona núcleo, un contrato de alquiler sin rotación, en tierras de muy buena calidad, está entre 17 y 19 quintales de soja (son los más habituales). Según sus cálculos, aumentaron alrededor de un 15% con respecto a la campaña pasada.

En lo que respecta a los contratos que se hacen a tres años con obligación de realizar rotación con maíz, se están pagando entre 14 y 17 quintales, lo que también signfica un aumento del 15%. "Lo que pasó es que no acompañó el precio del maiz al de la soja, entonces en los contratos que tienen exigencia de rotación la rentabilidad disminuye", señaló Furigo.

Por otra parte, en el caso de los campos de Entre Ríos por ejemplo, donde hay otras calidades, en las zonas como Diamante, Victoria, Nogoyá, Crespo, se ha pagado hasta 12 quintales y saliendo de esa zona bajan a 8 quintales.

"La demanda es para campos agrícolas, la ganadería está arrinconada en campos que por su naturaleza no se pueden pasar a esa actividad, los rodeos se ubican en los bajos, en los montes y en la zona de isla", aclaró Furigo.

El aumento sostenido de los alquileres y el ingreso de capitales externos al negocio agropecuario es, desde el punto de vista de algunas organizaciones agrarias, un coctel peligroso. hace ya unos años que la Federación Agraria Argentina (FAA) encendió el alerta sobre esta tendencia

La concentración.

"El problema del uso de la tierra, con alquileres cada vez más altos, hace que lo puedan pagar quienes tienen más escala y los pequeños productores quedan afuera del sistema", explicó Omar Barchetta, director de la entidad gremial y agregó : "Cuando los pooles toman la tierra, en los pueblos no queda nada, ya que ellos tienen otros canales de coemrcialización".

Sustentabilidad

Además de la concentración de la tierra en mano de empresas de gran escala, la propensión a alquilar campos bajo contratos de un año sin rotación amenaza la sustentabilidad del agro.

Jorge Romagnoli, presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), indicó que en la medida que haya incertidumbre en otras actividades por fuera del sector agropecuario, la liquidez disponible está presionando sobre el negocio agropecuario.

"Esos capitales son de especulación y ocasionales pero no sólo ocurre con el campo sino con otros negocios también", aclaró. Y describió que esos capitales no ponen en juego principios de sustentabilidad sino que priorizan la rentabilidad. "Si hubieran otros negocios en donde colocar los dineros en forma rentable que no corran riesgo de ser confiscados, como sucedió con los ahorros, entonces habría más estabilidad en el sistema y más actores que conocen el negocio y que no ponen en riesgo la sustentabilidad".

Por otra parte, para el presidente de Aapresid, otros factores están actuando en esta problemática, como la entrada de los biocombustibles.

Desde su punto de vista, la intervención política a través de las retenciones y la fijación precios incentiva esta tendica, sobre todo entre en los productoresmedianos y chicos "ya que no hay otras alternativas de negocios y quedan cautivos en la agricultura".

Para algunos especialistas la problemática merece ir a cuestiones de fondo. De ese modo lo plantea, el abogado especializado en derecho agrario, Juan José Fernández Buzzi, quien lantea la necesidad de modificar la ley de arrendamientos.

"La propietad agraria es un bien insturmental, un bien que hay que cuidar y por eso se habla de agricultura sustentable", indicó el especialista, y agregó: "El incentivo de producciones lucrativas es atentatario de la preservaciones de recursos naturales, por eso debe hacerse una produccion agropecuaria en el marco de los principios sustentables",

Para Fernández Buzzi, una modificación sustancial apunta a que el propietario pueda pensar en alquilar la tierra a mayores plazos, para que el arrendatario tenga el tiempo suficiente para evaluar la actividad a realizar.

"Hay que pensar en más de tres años, pero a su vez, es neceario que haya compensaciones a los propietarios que realicen este tipo de contrataciones, a través de subsidios o incentivos que les permitan ceder sus predios para que se trabaje racionalmente y se logre un mayor rinde", apuntó el especialista.

Fernández Buzzi explicó que la legislación vigente de arrendamientos agrícolas es muy atrasada y que leyes de países como España contemplan estas cuestiones.

Las regulaciones

En ese sentido, la Federación Agraria Argentina viene bregando desde el año pasado por la modificación la ley vigente y presentó en el Congreso un proyecto que no consiguió adquirir estado parlamentario ( ver aparte).

Para Jorge Romagnoli, presidente de Aapresid, la vuelta atrás de este proceso de concentración no se dará vía la legislación, sino incentivando la productividad .

"La política del gobierno limita al productor la posibilidad de capturar valor para reinvertirlo a aplicarlo a mejora tecnológica", indicó el productor y empresario agrícola. "No es por una ley sino por el mercado como se soluciona este problema", dijo.

En un artículo escrito para un matutino porteño, el consultor agropecuario y ex subsecretario de Agricultura Eduardo Manciana opinó que en la agricultura moderna, la tierra "es cada vez menos importante", y así conviven en el negocio dos rentas claramente diferenciadas: la del capitalista (el emprendedor que asume riesgos) y la del terrateniente (que alquila el campo) . Desde su perspectiva, las actuales políticas (con las retenciones a la cabeza) incentivan a que el propietario tengan mayor interés en alquilar, siendo esto funcional a la concentración.

"En los últimos 5 años, los alquileres de los campos dulpilcaron su valor expresados en quintales de soja, y es ahí donde se acumuló al renta de la actividad, la pregunta es como apropiarse de los excedentes de esa renta", se cuestiona Manciana.

Para el ex funcionario, un "contraproceso" sucedería si se decide gravar la renta por alquiler y se eliminan las retenciones, promoviendo así la vuelta de los productores genuinos a la actividad. Así, el cambio drástico sería hacerlo según su opinión, a través de un costo fijo por unidad de tierra en producción, expresada por medio del impuesto tipo a la ganancia presunta.

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