El presidente electo, Javier Milei manifestó su intención de derogar la ley de alquileres vigente y generó un cimbronazo en el sector. Mientras las organizaciones de inquilinos de todo el país salieron a advertir este martes que se “están suspendiendo las firmas de los contratos de alquiler” a la espera del futuro regulatorio, legisladores nacionales le advirtieron al futuro mandatario que la normativa “no se podrá derogar por decreto” y requiere de la sanción de una nueva norma por parte del Congreso.
El presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, Gervasio Muñoz, alertó este martes que se están “suspendiendo las firmas de los contratos de alquiler” a la espera del futuro regulatorio del sector tras las declaraciones del presidente electo Javier Milei, quien aseguró que hay que “derogar la ley de alquileres”.
“La declaración ya generó consecuencias inmediatas, lo cual lo vemos con preocupación. Desde ayer a la mañana se suspendieron las firmas de los contratos de alquiler esperando lo que suceda”, advirtió Muñoz en declaraciones radiales y agregó que esta situación se agrava aún más por el hecho de ser casi a fin de mes.
En Rosario, Ariel D’Orazio, coordinador del Consejo Asesor de la Vivienda en la Oficina del Consumidor, expresó su malestar por la misma situación. Dijo que “es preocupante la liviandad como un presidente electo plantea, a menos de 24 horas de ser electo por el pueblo, derogar una ley que tiene menos de 40 días de vigencia. Dejar librado los contratos al acuerdo de partes perjudica claramente a los inquilinos”.
En ese marco, el diputado nacional Daniel Lipovetzky de Juntos por el Cambio -espacio aliado de Milei- alertó este martes que la ley de alquileres sólo se podrá modificar o derogar mediante una nueva normativa sancionada en el Congreso nacional, y que su eliminación mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sería “insostenible desde el punto de vista judicial”.
Lipovetzky le respondió así al presidente electo, Javier Milei, quién señaló ayer que “hay que derogar” la ley y “entender que es un contrato entre partes”.
“El presidente no puede derogar una ley por decreto porque sería cuestionable jurídicamente. Puede ser por DNU pero sería polémico e insostenible desde el punto de vista judicial. La ley para derogarla tiene que salir por otra ley”, subrayó el diputado.
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Recordó que aún “no está claro qué mayoría tendrá Milei para avanzar con esta legislación”.
“El Congreso tiene representación proporcional. Esto es así y Milei tendrá un desafío en construir consensos y mayorías”, reiteró. Señaló, además, que el planteo del futuro mandatario “no puede sorprender a ningún argentino”, porque es lo que “dijo en campaña”.
“El cree, y lo dijo en su discurso del domingo a la noche, en el comercio desregulado. Es lógico que planteara eso. La gente, sabiendo lo que planteaba, lo acompañó con el voto”, señaló el legislador.
No obstante, consideró que si después se les pregunta “a muchos de los que votaron a Milei si están de acuerdo con la derogación de la ley, otras leyes o la privatización de YPF, posiblemente opinen lo contrario de Milei”.
Fuerzas desequilibradas
Lipovetzky se mostró en desacuerdo al partir de la base de que no se trata de un intercambio donde “las dos partes están en igualdad de condiciones”.
“Está claro que no están en las mismas condiciones. Por eso, legislativamente, no sólo en Argentina sino en muchísimos lugares del mundo hay leyes que regulan este tipo de vínculo equilibrando una relación desigual. Lo mismo es el derecho al trabajo o el derecho del consumidor. Son relaciones desiguales entre privados”, enfatizó.
Recordó que esta desigualdad se manifestaba en diversas formas antes de la sanción de la ley en 2019.
“La ley trató de paliar estos abusos. Por supuesto, en un contexto inflacionario como el que hay, no funcionó en cuanto a la actualización (de los contratos) y generó una retracción de la oferta. Era un tema a resolver y el Congreso hace muy poco la reformó pensando en eso”, indicó.
Respecto de este último punto, Lipovetsky se mostró abierto en “dar una nueva discusión”.
“Me parece bien que se vuelva a discusión. Yo soy de la idea que hay un montón de cosas que no pueden dejarse a la libre negociación entre las partes y otras que si como la fijación de precios”, indicó.
En la calle
En tanto Muñoz, de la Federación de Inquilinos Nacional, reiteró que "mucha gente renueva contratos o se muda y les están diciendo que no se firman los contratos”. Indicó que la derogación planteada por Milei implica “básicamente que no haya marco regulatorio y que se puedan firmar contratos, por ejemplo, por un mes y en cualquier tipo de moneda”.
“Las inmobiliarias y el mercado obviamente aprovechan para suspender las firmas, esperar un nuevo marco regulatorio o, como plantea Milei, que no haya marco regulatorio y que hagan lo que se les antoje”, indicó y recordó que situaciones similares ya ocurrieron en el pasado “cada vez que hay una declaración de alguien diciendo que hay que derogar, suspender o modificar la ley”.
Desde las organizaciones de inquilinos anticipó que se está trabajando en “ver cómo va a ser la estrategia ante el próximo gobierno”.
“Sin duda creo que tiene que ser en articulación con otros sectores que también vamos a estar jodidos, fundamentalmente los trabajadores y trabajadoras”, sostuvo el titular de la organización.
Lamentó que la derogación implicaría una “institucionalización de la desigualdad y del poder del mercado por sobre los derechos”.
“Esto va a pasar en todos los ámbitos como la flexibilización laboral. Nadie puede negar que hay trabajo no registrado y condiciones muy malas de laburo, pero lo que se va a hacer es institucionalizar esa desigualdad”, aseveró Muñoz.
De todos modos, pidió no “echarle la culpa a aquellos inquilinos que votaron a Milei”. Opinó: “Hay que entender que hace mucho tiempo pasamos una situación de mucha soledad frente al mercado. Es una frustración, una soledad y un desamparo frente a un Estado que no defendió y creo que de ahí se desprende de que el voto no es un voto por lo que dice que va a hacer sino por lo que expresa y denuncia”.
En ese sentido, afirmó que es “poco” lo que hizo el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para que se cumpla la reglamentación.
El pasado 11 de octubre, la Cámara de Diputados convirtió en ley, por 128 contra 114 votos, el proyecto de reforma con los cambios incluidos por el Senado impulsados por Unión por la Patria, con lo cual se había establecido que los contratos entre propietarios e inquilinos se mantendrían por un plazo de tres años, con una actualización semestral, en función del denominado Coeficiente Casa Propia, utilizados desde hace dos años para los créditos enmarcados en el programa Procrear. En tanto, los contratos deben de acuerdo con la normativa vigente ser estipulados “en valor único en moneda nacional”.
