Legisladores proponen crear un salario social complementario

La Cámara alta de la Nación evaluará en las próximas semanas un proyecto de declaración de emergencia social, el cual contempla la creación de un registro de los trabajadores de la economía popular y en base a éste la implementación de una serie de políticas tendientes a proteger al sector informal, como la implementación de un salario social complementario.

La iniciativa fue gestada por organizaciones sociales, políticas y sindicales y tuvo eco en senadores y diputados nacionales que por estos días formalizaron la propuesta, formulada públicamente en el acto tras la marcha del 7 de agosto pasado desde la iglesia San Cayetano en el barrio bonaerense de Liniers hasta la Plaza de Mayo por paz, pan, tierra, techo y Trabajo.

Allí, referentes de las entidades convocantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, junto a Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa _a los que luego se sumaron sindicatos y políticos opositores al gobierno de Mauricio Macri_, apelaron al Congreso nacional para paliar la "difícil situación que atraviesa la economía popular".

Días después esos mismos referentes fueron recibidos por un grupo de legisladores, quienes se dieron a la tarea de elaborar el proyecto de declaración de la emergencia social en todo el territorio nacional por un año. En este marco, se contempla la creación de dos instancias ejecutivas: un consejo para la emergencia social y un registro nacional de trabajadores de la economía popular.

El primero, tiene el propósito de "desarrollar una serie de propuestas que tiene el objetivo de institucionalizar y regularizar el sector de los trabajadores de la economía popular que son los que están por fuera de la estructura normativa y una parte de ello se realizaría a partir de la conformación del registro", explicó la diputada del FpV Lucila de Ponti, militante del Movimiento Evita y también de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular de Rosario.

La propuesta incluye la creación del salario social complementario, que consistiría en "un aporte monetario por parte del Estado con una contraprestación horaria para todos aquellos trabajadores que se encuentran por fuera del sistema formal o que desarrollan sus prácticas en el marco de la economía social y que con el producto de su trabajo no logran alcanzar el monto del salario mínimo, vital y móvil", señaló la legisladora.

La medida "tiene que ir acompañada de la creación, por parte del Estado, de dos millones de puestos en el marco de un programa de ingreso social con trabajo, que en algunos lugares se conoce como Argentina Trabaja", señaló.

La implementación de esta modalidad de regularización con el acompañamiento del gobierno "va adquiriendo distintas características: en general algunos se desempeñan en forma cooperativa y otros en relación con municipios pero también hay otras ramas como la textil, la agrícola de pequeña escala, o como otro tipo de servicios como el caso de los cartoneros o recuperadores de residuos sólidos urbanos".

"El Estado es el que debe tener una registración y control de lo que se realiza", remarcó De Ponti y aclaró que "lo que acá se crea no es un ingreso monetario para cada ciudadano como la asignación universal por hijo, que tiene otras características. Esto es el reconocimiento de un trabajo, la regularización del mismo y de alguna manera una contraprestación del Estado para quienes lo realizan".

La diputada estimó que, por descarte y en base a los números que difunde el Indec sobre composición de la población económicamente activa, "estaríamos alcanzando a los 4 millones de trabajadores entre subocupados y desempleados: aquellos que no se encuentran en puestos de trabajo formales".

Financiamiento. Para financiar estas políticas, en caso de ser aprobadas, los legisladores que trabajan en el proyecto proponen un financiamiento a través de la creación de un fondo derivado de impuestos a transacciones financieras en el marco del sistema especulativo como los bonos y acciones. También se prevé un impuesto a la renta minera, "que desde que fueron eliminadas las retenciones, esta actividad tiene muy pocas presiones impositivas y genera mucho dinero", acotó De Ponti, y por último, se postula una aumento al impuesto al juego.

"Las políticas se tienen que ir implementando en forma gradual porque el universo es muy amplio y un paso fundamental es la registración para que el Estado pueda conocer de forma más precisa cómo se compone el mismo, quiénes lo integran y de qué manera ir institucionalizandolos", acotó la legisladora. Sobre plazos de implementación, señaló que el proyecto postula que el consejo de emergencia social tendrá seis meses para elaborar propuestas de políticas relacionadas con la creación del salario social complementario y otras que estén orientadas a institucionalizar el sector laboral informal.

También el término de la implementación del registro va a adepender de la inversión de recursos humanos temporales y de la prioridad que le de el Ejecutivo la hora de implementarlo. No se hará de un día para el otro, puede hacerse en el mediano o largo plazo, en caso que el Estado no lo tome como prioridad", advirtió la diputada.

De Ponti confía en que el proyecto se aborde con un amplio consenso y "que tenga un tránsito razonable en el parlamento, donde se pueda discutir con intelectuales, técnicos y funcionarios entendidos en la materia, de manera que pueda ser sancionado en los próximos meses".