El gobierno nacional se pintó para la guerra. La sonrisa mefistofélica con la que el presidente Mauricio Macri acompañó su ataque al secretario general de Suteba, durante el discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Parlamento, fue una expresión fiel de esa vocación por convertir a la paritaria docente en un conflicto político, testigo para la ronda paritaria de 2017.
La obsesión oficial por anclar la negociación salarial en la órbita del 17% y poner en cabeza de los trabajadores formales y sindicalizados la responsabilidad de cumplir las expectativas inflacionarias del Banco Central, no condice en lo económico con las propias decisiones del Poder Ejecutivo. Basta ver los aumentos decididos e implementados en las tarifas de servicios públicos, las tasas de interés que paga el Banco Central, los incrementos que se registran en el mercado de alquileres o los niveles de ganancias con que se mueve buena parte de la economía. A ninguno de esos sectores se les exige allanarse religiosamente al índice de precios del Indec, que en enero presentó una llamativa divergencia respecto de las cifras privadas y de organismos provinciales.
La virulencia con la que el oficialismo encaró la pelea con los gremios docentes, que recuerda a los tiempos de la Plaza del Sí que promovía el periodista Bernardo Nuestadt, se acopla a una estrategia que el oficialismo rara vez oculta: el disciplinamiento de la fuerza de trabajo y la baja salarial.
El gobierno puede volver atrás en la designación de jueces por decreto o poner en revisión el acuerdo con el Correo, con la idea siempre presente de retroceder un paso para avanzar dos. Pero su voluntad de desarmar la institucionalidad laboral y productiva heredada del anterior modelo, es una constante programática y discursiva.
No hay plan B en este imperativo macrista que contó durante buena parte del año pasado con la abstención amigable de la CGT y de buena parte de la oposición política.
La marcha de esta semana organizada por los gremios industriales y cobijada por la CGT y varios sectores políticos y sociales, que podría ser un mojón de protesta en este sentido, llega cuando el aumento del desempleo y la pobreza ya endurecieron las condiciones de negociación salarial. La ola de suspensiones en la industria automotriz de los últimos días y durante todo 2017, son una muestra clara de los límites que tendrá la puja por los ingresos.
La provincia de Santa Fe, y la región de Rosario en general, son la contracara del discurso maníaco sobre el aumento del empleo, la salida de la recesión y los brotes verdes. Casi sin respiro, desde el inicio de 2017 evolucionan en cierres y despidos los procedimientos de crisis y suspensiones del año pasado. Una situación que, de no encontrar freno, ordenará en buena medida la agenda de discusión en las próximas elecciones legislativas, donde los efectos de la política económica tendrán su evaluación general y también territorial.
Es verdad que hay otro universo paralelo, que ayudó en diciembre a recortar levemente el derrumbe del PBI y que tiene su importancia en la región: el negocio agrícola, que recuperó rentabilidad y dinamismo pero no exhibió hasta ahora gran capacidad de derrame y, menos, de distribución.
El gobierno tendrá su baño de elogios en la Expoagro de esta semana. Buscará allí quitarse la mufa de la movilización popular del martes, en rechazo a la política económica y al ajuste laboral. Así, los ganadores y los perdedores del nuevo modelo tendrán sus tribunas en la misma semana.