Economía

Las compensaciones a los granos dividen aguas

A más de un año de que el gobierno nacional decidió implementar el mecanismo de compensaciones para quienes venden en el mercado interno productos que derivan principalmente del trigo y el maíz, son muchos los debates tanto económicos como ideológicos que genera esta estrategia estatal.

Domingo 17 de Febrero de 2008

A más de un año de que el gobierno nacional decidió implementar el mecanismo de compensaciones para quienes venden en el mercado interno productos que derivan principalmente del trigo y el maíz, son muchos los debates tanto económicos como ideológicos que genera esta estrategia estatal. La medida, que fue tomada para que no se disparen los precios de los principales alimentos en la economía doméstica, en función de la escalada de los valores de los comoditties en los mercados internacionales, genera aprobaciones y rechazos en las distintas cadenas productivas.

Si bien el sistema—que tardó en acomodarse— reportó mayores beneficios a los sectores más vulnerables de la cadena agroindustrial, para algunos actores no es más que un “parche” coyuntural que no alienta a la producción y la competitividad. La crítica mayor es que no llegó de la misma manera a los productores que a la industria y entre los primeros hay diferencias según la escala.

Por otra parte, queda flotando entre los miembros de la cadena la pregunta acerca de si el Estado tiene que intervenir en el proceso de comercialización o es el mercado el que tiene que regularlo. Por lo pronto, la política de la nueva presidenta Cristina Fernández de Kirchner es continuar con esta estrategia, que conformó un mix junto al aumento de las retenciones a las exportaciones de soja, acuerdos de precios con industriales de distintas ramas y límites a las exportaciones de granos y carnes.
El 11 de enero de 2007, la entonces ministra de Economía, Felisa Miceli, firmaba la resolución que inauguraba el sistema de compensaciones en la Argentina, en el marco de una suba —que aún continúa— de los comoditties agrícolas y la perspectiva de que los precios de los principales productos de la canasta básica frenaran su escalada y con ella las perspectivas inflacionarias se desinflaran en la Argentina.

Aunque se conocen como subsidios, en realidad son redistribuciones dentro de la cadena agropecuaria. En este laberinto de recortes y aportes, aparece como gran protagonista institucional la Oficina Nacional de Control Comercio Agropecuaria (Oncca), una versión light de las viejas juntas reguladoras.

Estos fondos se nutren básicamente del aumento de las retenciones a la exportación de granos, con la soja haciendo el mayor aporte. La estrategia se combinó con medidas como el límite a las exportaciones y los acuerdos de precios con los productores de alimentos.

A más de un año, según datos de la Oncca, se otorgaron 1.193 millones de pesos en concepto de compensaciones al sector agroalimentario, de los cuales la industria láctea, los molinos de harina de trigo, los establecimientos faenadores avícolas y los fabricantes/fraccionadores de aceites comestibles fueron los que más dinero recibieron.

En cambio los productores tamberos y los trigueros, se ubican en los puestos más rezagados.

“A la industria le está llegando, a los establecimientos «feedloteros» también, pero a los productores, sobre todo pequeños y medianos, no”, señaló Omar Barchetta, secretario gremial de Federación Agraria Argentina (FAA). “En el caso de la industria láctea, por ejemplo, Mastellone y Sancor concentran la mayoría de la plata que se recibe en esa materia”.

Por otra parte, el dirigente gremial apuntó que hay falencias, entre las que se destacan esencialmente la lentitud en la operatoria para la recepción de los fondos e incluso casos extremos como el sector productor de terneros que aún no recibieron un centavo como compensación.

Impacto
Frente a la complejidad del instrumento y las distintas realidades que viven los sectores productivos en la Argentina, su efectividad está siempre en tela de juicio y genera polémicas entre la cadena agroalimentaria. En primer lugar por el impacto que tiene sobre cada sector a los cuales el Estado desembolsó fondos por compensaciones, pero además por su concreta efectividad.

Sucede que mientras desde el gobierno se sigue interviniendo para cerrar los mercados y se compensa a los productores y exportadores por aquello que no pueden coloca en el exterior, los precios de los productos siguen escalando en las góndolas.
En este punto, hay media biblioteca a favor y media en contra. Aquellos que defienden la metodología consideran que sin un esquema de este tipo la inflación en el mercado interno se hubiese disparado traccionada por los valores internacionales de los commodities.

En cambio, sus detractores —esencialmente aquellos vinculados al sector agroexportador— consideran que un mecanismo de estas características entorpece la competitividad del sector y sus posibilidades de inserción en el mundo en un momento inmejorable para la producción granaria.

En ese sentido, algunas fuentes del mercado apuntaron que estas compensaciones favorecieron a las producciones que apuntan al mercado interno a las cuales la importación les resulta una “amenaza”.

Para el economista Carlos Seggiaro, si bien los precios aumentaron en el mercado interno, sin la intervención del Estado los incrementos hubiesen sido mayores.

“Si nos ponemos en la posición del Estado y hacemos un análisis costo-beneficio, si no hubiese intervenido, una parte de la sociedad se hubiese quedado sin consumir lácteos”, dijo el economista y resaltó los grandes incrementos que hubo, por ejemplo, en los precios internacionales de la leche en polvo, que hubiese generado una gran avidez por exportar y, por ende, desabastecimiento en el mercado local.

Desde su perspectiva, todo proceso de intervención distorsiona el mercado y genera problemas y tensiones. “Funcionó mejor en los sectores como el avícola, donde está más integrada la cadena, hay sintonía y se negocia en bloque. Donde están más desintegradas hay más conflicto”, dijo

También aclaró que aquellos productores que quedan por fuera de esas cadenas, por supuesto, no alcanzan a estar cubiertos por este sistema.

Otra alternativa
Para Omar Barchetta, de FAA, este sistema de compensaciones tal cual esta planteado no sirve. “Si el gobierno quiere el control de precios, tiene que crear la Junta Nacional de Granos, con un sistema moderno, parecido al de Canadá, con representantes de la industria, de los productores”, indicó y agregó: “Se lo planteamos al secretario de Agricultura porque estas son soluciones coyunturales que no alientan a la producción”.

En tanto, Seggiaro, sostuvo que si bien es una medida coyuntural, hay que ver si si puede sostener a largo plazo, porque depende de la capacidad administrativa del estado.

“El futuro puede ser: retroceder cuando esta tensión termine o armar una estructura que pueda administrarla, del tipo las propuestas de una Junta Reguladora de Granos”, opinó el economista.

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