El oficialismo impuso ayer, en un plenario de comisiones del Senado, dictamen favorable a los dos proyectos de defensa del consumidor y a la reforma de la ley de abastecimiento, a los que aplicó una serie de cambios y prevé votarlo en el recinto el próximo miércoles. El avance de estas iniciativas desató ayer un enérgico rechazo de la Unión Industrial Argentina (UIA), entidad que advirtió que esto podría derivar en "una estatización del mercado" y reiteró la posibilidad de recurrir a la Justicia si el proyecto se aprueba.
El dictamen se logró durante la segunda jornada del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Derechos y Garantías; de Justicia y Asuntos Penales; de Presupuesto y Hacienda y de Industria y Comercio, ante quienes desfilaron representantes de ONG's defensoras de consumidores y usuarios (ver aparte), la UIA y especialistas como los constitucionalistas Daniel Sabsay y Ricardo Gil Lavedra, quienes cuestionaron la constitucionalidad de la propuesta y alertaron sobre su posible rechazo judicial.
Abuso de autoridad. En tanto, el presidente de la central fabril, Héctor Méndez planteó en la sede de la UIA que la nueva ley de abastecimiento constituye un caso de "abuso de autoridad" y no descartó la posibilidad de recurrir a la Justicia si el Congreso finalmente la aprueba, dentro del paquete de leyes vinculadas a la producción y el consumo que impulsa el gobierno.
El directivo expresó que "si sale la ley, la junta directiva de la entidad deberá decidir qué se hace, pero esta conducción estima que (la UIA) hará una presentación ante la Justicia".
Los proyectos, que el oficialismo quiere llevar al recinto el miércoles próximo, junto con el del cambio de sede de pago de la deuda externa reestructurada, son tres: uno que establece un nuevo sistema de resolución de conflictos en relaciones de consumo, con la creación de un fuero especial para atender este tipo de asuntos; otro que crea un Observatorio de Precios (de defensa del consumidor) y un tercero que reforma de la ley de abastecimiento, que implica una regulación más profunda sobe la vida de las empresas.
El oficialismo, que consiguió el respaldo en general de parte de las asociaciones de defensa del consumidor, como críticas desde los sectores empresarios y de la oposición, incorporó una series de modificaciones a las iniciativas, como la exclusión del régimen de sanciones a las pequeñas y a las medianas empresas que no sean formadoras de precios.
Al respecto, ayer el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) Osvaldo Cornide estuvo en Rosario y señaló que "la excepción a las pymes es un triunfo gremial" y recordó que la ley de abastecimiento "cada vez que se aplicó produjo desabastecimiento y se usó para clausurar pymes, comercios e industrias", por lo que en base a esa experiencia se generó el pedido a los legisladores y al propio gobierno para que quedaran excluidas de esa normativa.
Las modificaciones.El secretario de Justicia de la Nación, Julián Alvarez, casi sobre el cierre del debate, tuvo a cargo dar a conocer las modificaciones dispuestas.
El funcionario hizo saber que se accedió a eliminar las clausuras definitivas que se mencionaban en el proyecto inicial; que se tipificaron las conductas para aplicar las sanciones con el objeto de restringir una eventual discrecionalidad del Ejecutivo; que se estableció el pago de una compensación "justa y oportuna", en el caso de que la autoridad de aplicación intervenga en la producción y que, de ello, se origine un perjuicio económico para las empresas.
También informó que se dispuso la preservación de la confidencialidad de los datos empresarios dados a la autoridad de aplicación.
Luego, el jefe del bloque de senadores radicales, Gerardo Morales, reconoció favorablemente los cambios producidos, los cuales —dijo— "minimizan o disminuyen la arbitrariedad que venimos planteando" y apuntó que ésta "debe ser la primera vez que se produce un debate en el Senado, con cambios importantes y con presencia de funcionarios".
Pero, aclaró, que su bancada presentará mañana un dictamen propio en minoría de la ley de abastecimiento y respecto al de creación del Observatorio de Precios, aunque admitió el acuerdo del bloque de la UCR en general para la creación del fuero especial.
