Economía

La tijera sobre las provincias

Obra pública y transferencia provincias serán, en ese orden, los rubros del gasto primario nacional que más sentirán los recortes acordados por el gobierno con el FMI.

Domingo 24 de Junio de 2018

Obra pública y transferencia provincias serán, en ese orden, los rubros del gasto primario nacional que más sentirán los recortes acordados por el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Como ambas variables se entrecruzan cuando se baja a los territorios, los objetivos puestos en la carta de intención enviado al organismo internacional prometen ser motivo de una dura puja entre las autoridades nacionales y los gobernadores. La discusión también se dará a nivel interprovincial ya que, si se siguiera a rajatabla el mapa del ajuste, los distritos más beneficiados por transferencias discrecionales, que a su vez son los más cercanos al oficialismo, serían los que más deberían resignar recursos.

Un reciente informe del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), perteneciente a la Fundación Mediterránea, explicó que el compromiso del gobierno nacional de cumplir una meta fiscal que transite de un déficit primario del 2,7 por ciento del PBI en 2018 a un superávit en 2021, obligará a reducir 13 por ciento el gasto primario nacional en términos reales en tres años. Si se excluye el sistema previsional, el esfuerzo a realizar es del 30 por ciento.

Menos obras

De los objetivos propuestos por el gobierno nacional se desprende que el gasto de capital aparece como la partida que cargará con la mayor parte del ajuste, con una disminución real superior al 80 por ciento en los próximos tres años, y de 1,3 por ciento del PBI para lo que resta del mandato de Mauricio Macri.

El gobierno apuesta a los programas de Participación Público Privada como mecanismos alternativos de endeudamiento y financiación de obra pública. Pero el Fondo Monetario Internacional obliga a registrar estos créditos y gastos "encima de la línea", lo que significa su blanqueo como tales en el presupuesto y, como consecuencia, sujetos al programa de ajuste.

De acuerdo a la carta de intención, los subsidios a las empresas de los sectores energéticos y de transporte sufrirían una merma del 48 por ciento en términos reales en los próximos tres años, es decir, el 1,1 por ciento del PBI. Sin embargo, el Ieral expuso sus dudas sobre el cumplimiento de esta meta, debido al incremento de los costos en "el eslabón de generador de la energía" provocado por la devaluación y la suba del precio del petróleo.

El gasto de funcionamiento de la administración pública, explicado por remuneraciones y compra de bienes y servicios, bajaría en términos reales un 13 por ciento, de acuerdo a las estimaciones que computó el Ieral. Este es el rubro, apunta la fundación, que más se ajustará en 2018 (un 0,4 por ciento del PBI) y es consistente con la paritaria firmada por UPCN. "La pérdida de poder adquisitivo de las remuneraciones estatales permitirá disminuir su peso total en el gasto", expone el Ieral.

La única partida que crecería en terminos reales hasta 2020 es la de jubilaciones pensiones, asignaciones familiares, AUH y programas sociales. El conjunto de estas erogaciones representa el 60 por ciento del gasto primario en lo que va de 2018, y su evolución se encuentra atada a la de los precios y salarios formales. El acuerdo contempla la "protección" de las asignaciones y pensiones no contributivas, pero habilita a vender activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Ansés para obtener fondos y pagar pensiones.

El recorte en las provincias

Las transferencias discrecionales a las provincias son el segundo rubro a recortar en el programa acordado con el Fondo. Según el Ieral, cumplir los objetivos propuestos implicarían reducir el 74 por ciento en términos reales las partidas destinadas a este fin en tres años.

Es más, los economistas del instituto subrayan que "tanto el gasto de capital como las transferencias corrientes a provincias deberían caer en términos nominales (considerando incluso la inflación) entre 2018 y 2020 si se quiere cumplir con la meta".

Si bien todos los distritos se verían afectados por este recorte, los que actualmente reciben más transferencias de capital y recursos corrientes discrecionales serían, de no mediar presiones, las más afectadas.

Según el Ieral, La Rioja y Jujuy son las que exhiben mayor peso de las transferencias discrecionales de recursos de capital y corrientes por parte del gobierno nacional. Representan el 22,6 por ciento y 21,5 por ciento de sus ingresos totales en 2017, respectivamente. Le siguen Misiones (15,8 por ciento), provincia de Buenos Aires (13,1 por ciento), Chaco (12,9 por ciento), Salta (11,7 por ciento) y Tierra del Fuego (11,3 por ciento). En las otras provincias las transferencias discrecionales son, en promedio, 7,3 por ciento de ingresos totales. En santa Fe esa relación, según el Ieral, es de 8,5 por ciento.

Un grupo de provincias que no reciben tantas transferencias discrecionales en relación a sus ingresos totales, enfrentan un grado de vulnerabilidad porque tienen déficits financiero. Figuran en ese lote Santa cruz, Chubut, Neuquén y Río Negro. Con superávit y baja participación de transferencias figuran San Luis, Santiago del Estero, San Juan y Tucumán.

"Mientras mayor resulte el déficit financiero de partida, y mayor la participación de las transferencias discrecionales en los ingresos de las provincias, mayor será la vulnerabilidad de las provincias en el nuevo contexto", señala el Ieral.

El gobierno nacional argumenta, a favor del recorte a las provincias, que las transferencias por coparticipación aumentaron debido a la devolución de los fondos que antes se descontaban para la Ansés. En el caso de los Estados subnacionales con sentencia firme de la Corte Suprema, como Santa Fe, Córdoba y San Luis, esa devolución es total. Para las provincias que no hicieron juicio, esa recomposición se realiza gradualmente en base un cronograma que todavía no se completó.

A fines del año pasado, el compromiso fiscal modificó la coparticipación, con transferencias cruzadas de recursos entre los distritos y el sistema de seguridad social, y con jurisdicciones que fueron beneficiadas especialmente, como la provincia de Buenos Aires.

Las consecuencias del pacto fiscal, que estableció compensaciones por única vez a las provincias para neutralizar esa alteración, se refleja en la coparticipación de este año. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el monto recibido a mayo por las provincias, en relación a este concepto, creció 44,8 por ciento en términos nominales y 15 por ciento en términos reales. Recibieron 394.964 millones de pesos, de los cuales 6.515 millones corresponden a la compensación.

Santa Fe, al fondo

Cuando se desagrega ese análisis, se evidencia que la provincia de Buenos Aires, seguida por Caba, fueron las que tuvieron el crecimiento más alto de la coparticipación y leyes especiales: un 57,6 por ciento la primera y 52 por ciento la segunda. Las siguen otras jurisdicciones que vieron crecer sus recursos entre el 43 por ciento y el 41 por ciento, mientras que otro lote recibió un incremento menor al 40 por ciento. De acuerdo al Iaraf, San Luis, con el 35,2 por ciento y Santa Fe, con el 38,5 por ciento, son las dos que menos aumento tuvieron.

Desde el lado de las provincias, se recuerda al Estado nacional que son las jurisdicciones nacionales las que solventan los servicios de educación, salud y seguridad. Al mismo tiempo, aclaran que reciben en conjunto el 31,5 por ciento de la recaudación nacional, con lo que se incumple el piso legal. La paritaria por le ajuste ya está en marcha.

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