Economía

La Rural de Rosario se opone a la suba del inmobiliario

La entidad cuestionó el incremento del impuesto que anunció la provincia para compensar la baja de ingresos brutos que reclama la Nación.

Martes 21 de Noviembre de 2017

La Sociedad Rural de Rosario manifestó ayer su oposición ante un posible incremento del impuesto Inmobiliario Rural en Santa Fe, y a la vez pidió la eliminación de la figura del gran propietario para ese tributo.

La entidad rural planteó que ve "con preocupación la posible suba del inmobiliario rural" para el 2018 porque, a su entender, "este hecho no hace más que erosionar la comprometida situación del sector".

A través de un comunicado, la Sociedad Rural de Rosario señaló que "el precio del maíz y la soja tienen el mismo valor que hace un año atrás" pero "los costos internos de la producción han tenido incrementos, por lo que los márgenes se han visto disminuidos".

El gobierno provincial adelantó que encararía un aumento del impuesto inmobiliario rural de entre 25 y 30 por ciento para 2018, en la última reunión de la comisión tributaria de la provincia.

"La propuesta es en sintonía al pedido de Nación, que plantea que es conveniente ir en un camino de reducción de los impuestos de ingresos brutos y se empiece a recuperar el terreno en materia de impuestos inmobiliarios, tanto urbano como rural", sostuvo el ministro de Economía provincial, Gonzalo Saglione.

De esta forma, la Rural de Rosario es una de las primeras entidades del campo en plantear su oposición al incremento de ese impuesto.

A la vez, propuso "eliminar la figura del gran propietario rural, ya que la misma duplica el impuesto en forma injustificada y arbitraria".

También planteó en el comunicado "corregir las asimetrías en la determinación del impuesto", atento a que "se presentan casos con diferencias de hasta seis veces entre campos linderos".

La Sociedad Rural rosarina también pidió al gobierno provincial mejorar las condiciones de pago del gravamen, "ajustando los vencimientos en función de los períodos de ingresos del productor".

Por último, manifestó la necesidad de "eliminar la carga financiera del 3 por ciento mensual", que se cobra por atraso en el pago a término.

La carga del impuesto inmobiliario rural en Santa Fe es más baja en relación a otras provincias. Así lo había detallado el propio Saglione en septiembre pasado cuando aún no estaba en la agenda urgente el debate sobre la reforma impositiva.

En ese momento, en diálogo con La Capital, el ministro de Economía indicó que en la provincia por por este tributo por hectárea "se pagan 111 pesos, cuando llega a 173 pesos en Entre Ríos y 194 en Córdoba".

También recordó que en el año 2016 la provincia recaudó 905 millones de pesos de inmobiliario rural, de los cuales el 50 por ciento fue a municipios y comunas y el resto quedó en el Tesoro provincial, con destino específico para conformar el fondo de infraestructura vial, para arreglar caminos rurales y rutas. "En el primer semestre del año 2016, según datos de la Bolsa de Santa Fe, los productores santafesinos pagaron por retenciones a las exportaciones de soja 18.845 millones de pesos, es decir, en un semestre pagaron 20 veces lo que le pagaron a la provincia en concepto de inmobliario rural", dijo el funcionario.

Ausencia de debate

El presidente de Coninagro, Egidio Mailland aseguró que "no cayó nada bien este aumento de impuestos".

Durante su paso por Rosario, el dirigente indicó que "los políticos no pudieron achicar sus déficits y suben impuestos" y cargó contra la clase dirigente. "Hay gente que no entendió el cambio. Nosotros apoyamos a Macri, pero con los gobernadores estamos muy desencontrados", dijo y agregó que a la decisión de aumentar el inmobiliario "le faltó debate".

"¿Con qué argumento le explicás al productor que el gobernador sube el impuesto porque no puede achicar el deficit?", preguntó Mailland. "Por más que reduzcan ingresos brutos, hoy el productor lo que ve es que le vienen boletas con 50, 700 u 800 pesos por hectárea", dijo y anticipó: "Esto va a traer conflictividad".

En la provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal dispuso un aumento del 50 por ciento en el inmobiliario rural para 2018, lo que generó una fuerte crítica de entidades de productores como Carbap, que no descartaron medidas de fuerza.

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