Economía

La reapertura del canje de deuda tiene antecedentes

Lo aseguró un abogado del estudio que defiende a la Argentina ante los fondos buitre. De la Cruz aclaró que no se referiría al caso argentino debido a que está en proceso ante Nueva York.  

Jueves 06 de Diciembre de 2012

Una eventual reapertura del canje de deuda por parte de la Argentina en medio del litigio en Estados Unidos con fondos de inversión que rechazaron ingresar a los operados en 2005 y 2010 “tiene antecedentes a nivel internacional”. Así lo aseguró el abogado Andrés de la Cruz, socio del Estudio Clearly Gottlieb Steen & Hamilton SP, bufete que representa a la Argentina en los tribunales de Nueva York por el caso de los holdouts.

El letrado disertó ayer por la mañana en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (Cari) sobre “La reestructuración de la deuda griega en manos del sector privado: punto de partida. Proceso y resultado”.

Allí, De la Cruz aclaró que no se referiría al caso argentino debido a que está en proceso ante Nueva York y, especialmente, porque el estudio para el que trabaja es el que tiene a su cargo elaborar, junto con el Ministerio de Economía, una estrategia ante el reclamo de los bonistas.

Al término de la conferencia, en la que repasó la situación de Grecia en particular y de Europa en general, la salida de la crisis que instrumentó Uruguay en 2003 tras el corralito en la Argentina, el letrado mencionó que “no” está en el área del estudio que sigue el tema argentino.

Sin embargo, al pasar, mencionó que “todo el departamento de litigios” trabaja en el tema y reconoció que “hay antecedentes a nivel internacional” si la Argentina dispusiera una eventual reapertura para el canje de la deuda en default y facilitar así el ingreso de fondos de inversión, especulativos y bonistas que representan al 7% de los tenedores.

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, había admitido la posibilidad de reapertura del canje y, según diversas versiones, podría presentarlo el próximo 28 cuando, según la Corte de Nueva York, deberá fundamentar la apelación al fallo del juez Thomas Griesa que ordenaba pagar unos 1.450 millones de dólares el 15 de diciembre a los holdouts.

De la Cruz evitó profundizar al respecto porque la causa está en trámite en Estados Unidos.

Además, al hablar del caso griego, subrayó que “cuando una amplia mayoría acepta que la deuda no es pagable, y que hay que reestructurarla, la minoría que no está de acuerdo, se lo tiene que aguantar”.

Si bien el letrado se refería a la reestructuración operada por Atenas, diferente del caso argentino, los grados de aceptación entre bonistas fueron prácticamente similares: 93% en Argentina, 97% en Grecia.

Mientras De la Cruz hacía su exposición, se conoció que la Procuración General de la Nación dictaminó en contra del pago de títulos de la deuda pública a tenedores de bonos que hubieran rechazado los canjes de deuda “estando en condiciones de hacerlo” (ver aparte).

Y tuvo lugar un día después de que la Corte de Apelaciones de Nueva York rechazara un pedido de holdouts para que la Argentina deposite 250 millones de dólares en concepto de garantía por el juicio que tramita en los Estados Unidos.

El caso uruguayo. De la Cruz, que enfocó su práctica en asesorar actores tanto públicos como privados en cuestiones corporativas y financieras transnacionales, incluyendo reestructuraciones de deuda, estructuración de financiamiento y fusiones y adquisiciones, vinculó el caso griego con el de Uruguay, ya que ambos países fueron asesorados por su estudio.

“En ninguno de los dos casos hubo default, y para Grecia tomamos lo que se hizo en Uruguay durante 2003, cuando se postergó la curva de la deuda en cinco años”, recordó.

La crisis en Montevideo surgió como consecuencia del default argentino: “Las reservas del Banco Central de Uruguay cayeron a los 400 millones de dólares”, señaló.

Esa crisis tuvo un principio de solución “con un préstamo de Estados Unidos de 1.200 millones de dólares, para lo cual Uruguay debió negociar con el Fondo Monetario y acordar con los acreedores que sus pagos se posterguen cinco años. Meses después, todavía en 2003, Uruguay ya estaba de vuelta en el mercado voluntario de crédito”, explicó.

 

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