Economía

La puja distributiva tensiona al oficialismo

Aunque la economía se recupera, las dificultades para domar la inflación agrietan la coalición gobernante. El ancla fiscal y las urgencias

Domingo 09 de Mayo de 2021

Colombia y Estados Unidos. Dos aliados estratégicos que, en la coyuntura, balizan caminos distintos para el continente. El país sudamericano insistió, a dos años del estallido de 2019, con un paquete impositivo y tarifario que carga mayoritariamente a los trabajadores y la clase media. El norteamericano sorprendió a algunos con una propuesta de impuesto a la riqueza, blindaje fiscal a los trabajadores y respaldo político a su sindicalización y demandas de salario mínimo.

El plan de Joe Biden de estimular la economía desde abajo fue el lema de campaña de Alberto Fernández. Cuando asumió como presidente, intentó avanzar en esa dirección. Decretó un aumento de salarios, reforzó los ingresos de los jubilados de la mínima, congeló precios de los servicios, subió el impuesto a los bienes personales y, ya en pandemia, asumió un aumento del déficit fiscal al 6,5% del PBI para poner en marcha un plan de sostenimiento de ingresos que evitó que la pobreza llegara al 52%, como lo acaba de señalar la UCA.

Con la recuperación económica ya en marcha, estas medidas fueron complementadas con la salida de más de un millón de trabajadores de la base imponible del impuesto a las ganancias, la aplicación del aporte único sobre las grandes fortunas y una reforma tributaria que aumenta la alícuota de ese impuesto a las empresas con mayor facturación.

Pero entre las enormes distancias que separan Argentina y Estados Unidos, la capacidad de financiamiento y el valor de los billetes que fabrican aparecen como sustanciales. Acá, un Estado debilitado intenta administrar una puja distributiva que vienen ganando aceleradamente los sectores económicos con capacidad de fijar precios.

La dificultad para alinear las expectativas inflacionarias a las pautas oficiales espiralizó las peleas internas dentro del gobierno. Así, una discusión tarifaria entre alícuotas de 9% a 18% en la tarifa de luz del Amba, que en el mayor de los casos está trece puntos por debajo del aumento que aplicará la EPE en Santa Fe, escaló en una crisis ministerial. Parece claro que la disputa excede esa discusión técnica y se trasvasa al plan económico, tanto como a la percepción sobre las urgencias económicas, sociales y políticas.

A favor de quienes se previenen contra cualquier incremento tarifario que supere el 10% aparece el caso del estallido colombiano. En los últimos años, las crisis sociales detonadas por las políticas de gobiernos conservadores en la región se gatillaron con incrementos de tarifas o impuestos que se presentaron como “aceptables”. Y si el Frente de Todos debió acostumbrarse a lidiar con marchas de anticuarentenas, rebeliones de ricos con angustia y presiones corporativas, difícilmente sobreviva a una disrupción dentro del conjunto de actores sociales que le dieron el triunfo electoral.

“La inflación actual refleja la disputa activa por los ingresos de la economía y frenarla es la tarea principal que tiene el gobierno”, advierten los economistas del Mirador de la Actividad, el Trabajo y la Economía (Mate) en su último informe de coyuntura. Con ocho meses de ritmo acelerado de aumento, el IPC interanual podría superar el 50%, si no logran frenarlo. Sus propuestas: “Desacoplar precios internos de externos, administrar el valor local del dólar y controlar eslabones claves en la formación de precios”.

La estrategia oficial para 2021 suponía una leve recuperación del poder adquisitivo a lo largo del año, coordinando a través de distintos instrumentos las expectativas en torno de una pauta de inflación del 29%. Pero eso no estaría sucediendo. Para el titular del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), Andrés Asiaín, el equipo que comanda Martín Guzmán confió demasiado en que estas expectativas se alinearían con “una especie de ancla fiscal”. Pero los precios, en la primera parte del año, desafiaron las señales de moderación del gasto y la emisión, y también el ancla salarial del 35%. Ante esta evidencia, sugirió un nuevo plan: administrar la inflación con “regulación de los precios y moderación en la política cambiaria y de las tarifas, para minimizar la pérdida del poder adquisitivo del salario”.

En el marco del ciclo “Mateadas de coyuntura económica” organizada por el Ceso, el economista Nicolás Pertierra, opinó que esto último se puede lograr “acercando” los incrementos de los salarios pactados por tramos en paritarias. Es decir, no esperar a que los acuerdos de salarios alcancen a los precios al final del año. “Se tiene que reducir la pérdida del poder adquisitivo lo antes más posible, ya que de lo contrario, habrá menos capacidad de demanda, menos ventas para las empresas y eso complicaría mucho las chances de los motores del sostenimiento del proceso de crecimiento y reactivación”, indicó.

Los economistas de Mate, por su parte, señalaron que en los 15 meses que pasaron desde que asumió Fernández, el salario medio del sector privado creció 49% y los precios 52%. Aunque áspera, esta realidad es muy distinta a los primeros quince meses de la gestión Cambiemos, cuando tras “una intencionada devaluación que buscó deprimir el valor real del salario”, los precios subieron 52% pero los sueldos crecieron 14 puntos menos.

Es más, recordaron que 2020 había comenzado con un aumento de la participación los trabajadores en el ingreso nacional. Pero el efecto de la pandemia sobre la economía y el proceso inflacionario desatado en la segunda parte del año cortaron esa tendencia. El resultado: esa proporción bajó por quinto año consecutivo.

Por ello, consideraron que la recuperación de los salarios más postergados “es esencial para la economía por su fuerte incidencia en los consumos de bienes y servicios nacionales”.

El repunte de la actividad, aunque amenazada por la segunda ola de Covid, ofrece un plafón importante. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reportó esta semana un aumento del 12,4% en la industria y un 42,4% en la construcción, durante el primer trimestre del año. Todavía con datos a febrero, el informe de Mate destacaba que la economía marchaba al 97,4% respecto al mes previo al comienzo de las restricciones sanitarias en 2020. Superaban ese nivel la construcción, la industria y el comercio, “sectores que reúnen dos de cada tres trabajadores del sector privado”.

"La inflación actual refleja la disputa activa por los ingresos de la economía (Mate) "La inflación actual refleja la disputa activa por los ingresos de la economía (Mate)

En esta línea, la recaudación fiscal recuperó su nivel previo a la pandemia. La titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont, señaló que los resultados de abril reflejan la recuperación de la actividad económica de muchos sectores. Esa tendencia también deja huella en las importaciones. En su último informe de coyuntura, el Ieral Fundación Mediterránea destacó que las compras de bienes intermedios y de piezas y accesorios para bienes de capital, que habitualmente participan entre el 45% y el 50% del total de las compras al exterior, escalaron en marzo por encima del 60%.

Los economistas de la Mediterránea apuntaron, igualmente, el lado oscuro. “Es posible que exista también un fenómeno de acumulación de inventarios, sea por falta de opciones para canalizar la liquidez o por precaución ante el riesgo de interrupción de cadenas de aprovisionamiento por el Covid o simplemente por la expectativa de una aceleración en la devaluación del peso”, indicaron.

Para Jorge Vasconcelos y Guadalupe González, economistas de ese think tank, el 2021 es un año bisagra para definir “si la actual crisis, iniciada en 2018, es tan prolongada como la de 2001/02”. Aquella, señalaron, tuvo “una duración de 26 trimestres ya que fue en el primer trimestre de 2005 cuando el PIB medido en forma desestacionalizada logró volver al nivel previo, registrado en el segundo trimestre de 1998”.

Reactivación rápida

Durante un debate organizado por la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), los economistas Emmanuel Alvarez Agis y Marina Dal Poggetto coincidieron en señalar que, aún con el impacto de la segunda ola de Covid-19, la recuperación de la economía es “más rápida y sostenible” de lo que pensaban meses atrás.

En el efecto de esa reactivación, el gobierno apostó gran parte de su suerte económica y política. Pero la inflación jaquea esos planes. Vasconcelos, del Ieral, admitió que las expectativas de inflación no ceden, “pese a que el gobierno desaceleró el ritmo de devaluación del peso hasta el 1,7 % mensual en abril y el Banco Central viene frenando el ritmo de expansión de la base monetaria hasta un 16 % interanual”. Elucubró que, “más allá del rezago con que operan estos instrumentos, también es posible que su efectividad esté licuada por ser percibidos como transitorios”.

Otro punto de vista introduce en el análisis el efecto de la puja distributiva. En el mercado cambiario, por ejemplo, la disminución de la devaluación es posible por el buen desempeño de la balanza comercial. Pero desde Mate advierten que una parte importante de los ingresos de dólares por exportaciones se va en el pago de deudas externas de empresas privadas. El 41% de ellas es de carácter “intrafirma”.

Pujas distributivas

Al calor de la inquietud inflacionaria y su impacto en un año electoral, estas pujas atraviesan todos los sectores y se traducen en tensiones políticas dentro de la coalición oficialista, como la que protagonizaron el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía, Federico Basualdo, en representación de un colectivo interno que excede incluso al kirchnerismo.

Pisar tarifas o pisar subsidios, parece ser la cuestión, que encierra debates más profundos de política económica. Al analizar la evolución interanual del gasto en el primer trimestre, el informe de Mate mostró que, en medio de un aumento de la recaudación que permitió reducir el déficit fiscal, las partidas destinadas al pago de jubilaciones, pensiones y salarios se redujeron en casi $ 90.000 millones, mientras las destinadas a programas sociales subieron $ 28.000 millones. Los subsidios económicos subieron en $ 84.000 millones, principalmente, los destinados a sostener el congelamiento tarifario.

En la mateada virtual del Ceso, el economista Martín Kalos, de Epica Consultores, opinó que “hay una opción alternativa” a la de tarifa o subsidio. Es, dijo, “usar esos recursos para otra cosa, como transferencia hacia hogares y familias o para obras públicas”. Desde su punto de vista, en un escenario en el que la inflación “llegará cerca del 45% este año”, la urgencia que hay que atender “es la demanda de alimentos, y podría resolverse con refuerzo al programa Alimentar o la AUH”.

Desde otro foro, organizado por la Unsam, Alvarez Agis, subrayó “la importancia de que la Argentina se ordene en materia financiera”. Si este no fuera el problema, dijo, “no se entiende por qué un país que duplica el precio de su principal producto de exportación tenga problemas”.

Embed

Las organizaciones sociales reclaman medidas urgentes

La inflación profundiza la crisis más dolorosa de la Argentina, la de quienes no logran reunir ingresos suficientes para garantizar un plato diario de comida. Con la intención de saldar esa grieta, las organizaciones sociales salieron a reclamar al gobierno nacional, al que acompañaron en su formación como frente político, que “resuelva en forma urgente las emergencias populares”.

“Fuimos artífices de la derrota de Cambiemos por las luchas que dimos en la calle, desnudando el ajuste de ese modelo, y no renegamos de eso pero necesitamos que se garantice la comida, no se puede ahorrar por ese lado”, dijo el dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Eduardo Delmonte.

Esta semana, esta organización junto a Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, Movimientos de Trabajadores Excluidos y Pueblos Originarios en Lucha, que conforman la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), redactaron un documento dirigido hacia el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para reclamar la entrega de mercadería que ese organismo no envía desde hace casi cuatro meses para merenderos y comedores barriales.

“En este contexto de pandemia y frío es necesario que ningún chico ni ninguna familia se quede sin un plato de comida”, dijo Andrea Campos de Movimiento Evita, mientras que Débora Salinas, responsable territorial de la misma organización en la zona sudoeste de Rosario recordó que “muchas veces la merienda en un barrio es la única comida que se consume en el día”.

eco-04_Virginia Benedetto_77448918__08-05-2021__0x0.jpg

También precisó que los comedores y merenderos trabajan de lunes a viernes y a cada uno de ellos asisten como mínimo 250 familias. Además, señaló que sólo en la zona sur están funcionando alrededor de 100 ollas populares de su organización.

“La situación es complicada porque hace cuatro meses que no recibimos la mercadería de la provincia y con el tema de la pandemia el Estado en todos sus niveles, cierra sus puertas”, relató Juan Carlos Odi de Juntos Barrios de Pie.

El dirigente dijo que por la pandemia “no hay laburo” y por tanto “falta comida”. Relató que “el que lavaba autos, cortaba el césped o era albañil, está sin trabajo y no puede mantener una familia”.

Por eso, Odi resaltó la tarea de contención que realizan las organizaciones sociales en los barrios. “Cuando la gente se empiece a desesperar, esto va a estallar y los únicos que estamos bancando esto, poniendo en riesgo incluso la vida somos las organizaciones”, dijo Odi para quien la miseria resuelve la dicotomía entre salud y economía. “Una persona que hace pan casero prefiere salir a vender y agarre Covid y no quedarse en su casa y morirse de hambre con sus hijos”, sentenció.

En esta nota

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario