El gobernador Miguel Lifschitz confirmó ayer que el Estado provincial realizará una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar el pago por parte del gobierno nacional de la deuda generada por la detracción indebida de fondos de la coparticipación. Esa acreencia, estimada en 50 mil millones de pesos, deriva del propio fallo que dictó el máximo tribunal hace dos años, cuando avaló la demanda santafesina para que cese ese descuento.
"Estamos preparando el escrito, mañana (por hoy) lo vamos a revisar con el Fiscal de Estado y el ministro de Economía, y en pocos días más estaremos realizando la presentación", señaló Lifschitz anoche en la sede del Sindicato Luz y Fuerza de Rosario, donde participó de un acto junto al Movimiento Sindical Rosarino en defensa de la Caja de Jubilaciones provincial (ver aparte).
Por la mañana, en la ciudad de Santa Fe, ya había aclarado que la presentación a la Justicia "no excluye ninguna negociación" con el gobierno nacional.
"Si hubiera alguna propuesta, alguna iniciativa del gobierno nacional, podríamos seguir conversando", añadió, al tiempo que explicó que volver a accionar judicialmente implica "empezar a ponerle punto final a los tiempos y a los plazos tan extendidos".
De hecho, fue la propia Corte Suprema la que instó a las dos administraciones a acordar una fórmula de pago por esa deuda, generada durante los seis años que pasaron entre la presentación santafesina contra el descuento del 15 por ciento de la coparticipación y el fallo judicial.
La historia
El descuento del 15 por ciento había sido acordado durante los años 90, en el marco del proceso de privatización del sistema jubilatorio. Por uno de los pactos fiscales de esa época, las provincias resignaban esos recursos para financiar el déficit que generó en la Ansés la puesta en marcha de las AFJP.
El gobierno provincial no renovó ese pacto a su vencimiento, en 2006, pero la Nación lo extendió unilateralmente. En 2009, luego de agotar un intento de acuerdo político con la administración de Cristina Fernández de Kirchner, el ex gobernador Hermes Binner, respaldado por sus antecesores y la mayoría del arco político, recurrió a la Corte.
En noviembre de 2015, el máximo tribunal le dio la razón a Santa Fe, y ordenó cesar los descuentos a la provincia. Y extendió la medida a Córdoba y San Luis. Al mismo tiempo, instó a la provincia y la Nación a discutir el pago de la deuda generada por la detracción indebida de esos recursos durante los últimos años. Tras un impasse, ese diálogo pareció encaminarse sobre fin del año pasado, cuando incluso se acordó que se iba a crear una comisión técnica para acordar el monto del pasivo y la fórmula de cancelación.
Propuesta de pago
Ante la falta de avance, hace unos meses, el gobernador y el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, presentaron una oferta de cancelación. Propone el pago de 7.500 millones de pesos en 2018, una cifra similar en 2019, y el resto en títulos de deuda a largo plazo.
En su momento, el titular de Economía explicó que esos 7.500 millones de pesos significan el 0,3 por ciento del presupuesto nacional. "Por cada millón de pesos que la Nación gasta, debería pagar 3 mil pesos para cumplir con esta deuda", dijo.
Pese a estas argumentaciones, la Nación no ofreció una respuesta concreta, y tampoco incluyó en el proyecto de presupuesto nacional para 2018 partidas destinadas a cumplir con ese pago.
Esa indiferencia llevó al gobernador a activar el reclamo ante la Corte Suprema. "Cuando el máximo tribunal sacó su fallo, en noviembre de 2015, tenía la expectativa de que esto se arreglara rápidamente", explicó.
Y estimó que esta nueva instancia judicial "no demoraría seis años, como el reclamo original", porque en esta caso "ya hay un fallo" y "no hay dudas sobre los fundamentos de la cuestión de fondo".
"Hay un fallo que es irrevocable, inapelable; es un fallo de la Suprema Corte, por lo tanto simplemente lo que tiene que hacer el tribunal es lograr que las partes involucradas lleguen definitivamente a un acuerdo y resuelvan el problema. Me parece que habrá predisposición y voluntad para buscar una solución rápida", completó el gobernador.
La semana pasada, Lifschitz se mostró esperanzado en lograr una "solución política" con el gobierno nacional. Pero al mismo tiempo había advertido que, de no haber acuerdo, "está la vía de la Justicia".
Esta vía es que la que se comenzará a recorrer ahora.
jubilaciones. Lifschitz estuvo en un acto en Luz y Fuerza, organizado por el Movimiento Sindical Rosarino.