Economía

La problemática de la vivienda: una puja de negocios y derechos

Para el referente de la federación que agrupa a una veintena de cámaras y colegios, actualmente se le exigen garantías excesivas a un 98% de cumplidores por un 2% que no lo son.

Domingo 14 de Septiembre de 2014

“La necesidad de la vivienda, necesita certezas”. Ese fue el slogan elegido por los corredores inmobiliarios del país, que pidieron más inversión en infraestructura, modificaciones en términos jurídicos que permitan flexibilizar los trámites de locaciones, e intercambiaron propuestas con funcionarios públicos y académicos sobre las respuestas a esta problemática. Lo hicieron en el marco del primer coloquio nacional de la vivienda, que se realizó en Rosario como parte de la conmemoración del 30º aniversario de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (Fira).

   Para el presidente de Fira, Javier Grandinetti, el encuentro significó la posibilidad de debatir soluciones a mediano y largo plazo y salirse del abordaje desde la noción de urgencia. “Las inversiones son necesarias, pero también necesitamos soluciones jurídicas, que avancen en nuevas herramientas, como los fondos comunes de inversión, sistemas de ahorro previo poco desarrollados. El mercado locativo es una solución, es necesario mejorarlo. Hay que ver la problemática en toda su dimensión”, aseguró el empresario rosarino.

   Uno de los puntos a trabajar sobre las locaciones son las garantías. “Hoy una habitación de pensión cuesta lo mismo que un departamento de un dormitorio, pero la persona no puede acceder al segundo por el tema de las garantías, eso es una cuestión jurídica”, se quejó Grandinetti.

   Para el referente de la federación que agrupa a una veintena de cámaras y colegios, actualmente se le exigen garantías excesivas a un 98% de cumplidores por un 2% que no lo son. “Si la ley nos permitiera desalojar rápidamente a quien incumple, no deberíamos exigir tantas garantías”, evaluó.

   Consultado sobre las tareas que debe encarar el Estado para mejorar las inversiones inmobiliarias, destacó como primordiales aquellas que permitan superar el “colapso” en materia de provisión energética en gas y electricidad. En este sentido, apuntó que “en el caso del plan Procrear hay un tema de sueldos que no estamos respondiendo en tiempo y forma porque los tiempos infraestructurales están por arriba de los de aquellos que necesitan tierras disponibles para volcarlo”.

   En Santa Fe son 13 mil los beneficiarios de dicho plan y la falta de tierras disponibles es un escollo para su efectivización.

Bendito alquiler. Semanas atrás, el Concejo municipal dio lugar a una audiencia pública que se realizaría en septiembre para abordar la problemática del incremento de los alquileres. Un relevamiento realizado por la ONG Concejalía Popular, advirtió un promedio de aumento de 35 por ciento en los alquileres en la ciudad de Rosario en el primer semestre y, además, alertó sobre la presencia de 1.900 locales comerciales vacíos por los altos costos que se solicitan y recordó los datos del último censo que contabilizó 80.000 inmuebles vacíos.

   Fira, en tanto, detectó aumentos promedio en inmuebles residenciales en el orden del 25% y en unas pocas plazas del 30%. “Es un mercado fragmentado, por lo que poner de acuerdo a todos los propietarios es difícil. Pero en el encuentro realizado a inicios de año, las inmobiliarias del país se comprometieron a mantener un equilibrio entre el aumento de ingresos y de requerimientos de propietarios”, aseguró Grandinetti, para quien en los últimos cuatro años el incremento en alquileres estuvo por debajo del índice de precios al consumidor en general. Para él, la preocupación de las inmobiliarias y el estado debería ser aumentar los inmuebles en oferta. “Hay una propuesta de castigar a quien tiene el inmueble ocioso con una sobretasa, cuando en realidad quien lo tiene ocioso ya está perdiendo. No es lógico el planteo, sería más importante preguntar por qué no alquila”, esgrimió.

La visión académica. La docente e investigadora de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UNR Claudia Rosenstein fue la voz del ámbito académico. “La ciudad es un campo de lucha entre diferentes actores sociales urbanos, representados fundamentalmente por el mercado, el Estado y la sociedad. Cada ciudad es el resultado de quién gana en esta pugna. Por lo que es fundamental el rol del Estado como mediador y negociador entre los intereses del mercado y la sociedad”, contextualizó.

   Destacó los procesos de urbanización dados desde 1950 y que llevan a que hoy el 75% de las poblaciones en América latina viva en ciudades y, en Argentina, más del 90%. “La ciudad no pudo absorber la demanda de la vivienda de quienes migraban a las ciudades. Empezaron los procesos de exclusión social que determina la no integración de sectores a los beneficios de la ciudad”, historió.

   Para la docente, la problemática de vivienda fue considerada siempre como un déficit, por lo que la respuesta del Estado fue cuantitativista (atendiendo a la cantidad) sectoralista (porque solo atendió el objeto vivienda) y centralizada.

   Por considerar la demanda como algo homogéneo se terminó generando un sistema que subsidia la oferta y no la demanda. “La consecuencia de eso es la ciudad dual: el sector formal, integrado, y el informal, que ni siquiera se registra en catastro. Debemos preguntarnos si el entregamiento irrestricto de la propiedad es la única forma de proveer vivienda desde el estado, cuando el comodato o la usucapión podrían ser mecanismos válidos”.

   Asimismo, polemizó con el concepto de vivienda, al que consideró hay que ampliar, pensando en hábitat. Muchas veces el otorgamiento del espacio físico no genera en sí mismo una mejora en la calidad de vida, porque el costo de la legalización es muy amplio (impuestos, servicios, etcétera). “Por eso hay casos en los que la gente vende su vivienda adjudicada, porque el costo del blanqueo es muy alto. El tema es complejo y requiere un intercambio serio entre todos los sectores. Porque estas son medidas paliativas, que sirven para atacar el mientras tanto”, dijo.

   Para finalizar, citó al sociólogo Robert Castel: “para trabajar los efectos hacen falta respuestas técnicas. Para trabajar las causas hacen falta respuestas políticas. No se puede hablar de vivienda social sin tocar la propiedad del suelo urbano”.

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