El año electoral que se viene comienza a tejer inteligibilidad en el mar de conflictos, amenazas y realineamientos que se despliegan actualmente a nivel sectorial y territorial. La ciclotimia bursátil no alcanza para ocultar que la crisis mundial llega tan lejos que moja los pies de la propia Alemania, y la macroeconomía local se debate en una puja distributiva a la baja que, mientras se esperanza con los brotes verdes de una reactivación, empieza a jugar en el límite de la pelea por el empleo.
La convocatoria del gobierno provincial a la comisión multisectorial de defensa del empleo es un sano reconocimiento de la centralidad que adquiere la salud del mercado laboral en el actual proceso económico. Y de las amenazas a las que está sometido. El cambio de clima económico y político que se puso en marcha ya desde el año pasado tradujo el ajuste sobre el mundo del trabajo en una clave de sintonía fina que lubricaba el congelamiento de puja distributiva en la supuesta victoria que los sueldos más altos de la pirámide de trabajos en blanco tuvieron sobre las inflaciones oficiales, así como en la "pacífica" resolución de grandes conflictos (en frigoríficos, comercios y empresas alimentarias de la provincia, por ejemplo) a partir de la combinación de Repro, procedimientos preventivos de crisis y retiros voluntarios.
Aun bajo la formalidad de ciertos indicadores y mecanismos de arbitraje, la relación entre capital y trabajo varió en el último año, en contra del segundo. Y si bien la desarticulación de la red social y política de contención que se armó en 2009 le dio aire al negacionismo, el límite es el momento en que ese ajuste comienza a afectar el nivel de actividad. Y la parte buena del asunto es que comisiones como la que quedó conformada por la llamada ley Cejas forman parte de la institucionalidad construida en el modelo económico y político posconvertible.
En este contexto, sería incluso una buena instancia de discusión política y económica, ya que el problema fundamental pone la agenda general en el terreno de lo concreto. Sólo como ejemplo. Mientras en el Senado santafesino se operó sobre el proyecto de reforma fiscal para limitar su impacto en los propietarios de establecimientos rurales, el desfinanciamiento del Estado provincial obliga al Ejecutivo a establecer nuevas prioridades de gasto. Así, el pago en término de los salarios de los empleados públicos es financiado por un freno a la obra pública que se paga con puestos de trabajo en el sensible sector de la construcción.
La política partidaria y la sectorial se enredan y tensionan en un nuevo escenario de lucha. Por la voluntad del gobierno nacional, desde la política se tuvo éxito en la ruptura de las representaciones sindicales. Hoy hay cinco chapas de distinto porte en el escenario gremial, que según los casos y los tiempos constituyen opciones de construcción de representatividad obrera pero, sobre todo en la coyuntura, se mueven ahora como bloques de refugio de sentido político que todavía no encuentran los entramados partidarios.
Esto en el caso de la oposición a nivel nacional, ya que desde el oficialismo ocurre todo lo contrario. Mientras el kirchnerismo pone toda su vocación de poder al servicio de subordinar las organizaciones sociales a su proyecto político, buena parte de la oposición reposa su proyección hacia 2013 en la disputa sectorial y territorial. El coqueteo entre Hugo Moyano y Eduardo Buzzi formaliza un paso en la ya avisada construcción de una suerte de Grupo A sectorial, donde las amplias y multicoloridas fotos parlamentarias del posconflicto rural, dejan lugar al juego de las fotos con referentes variopintos del mundo "social". Si esta vez tendrán suerte, es otro cantar.
Por lo pronto, mientras la mesa de enlace busca una pata sindical de más fuste, Cristina traga el sapo de fotografiarse con los gordos y el antimoyanismo cegetista comienza a repelerse a sí mismo hasta el punto de hacer dudar al propio Antonio Caló; el presidente de la UIA, José Ignacio De Mendiguren, el mayor "intelectual orgánico" del neodesarrollismo pos 2001, pide a gritos una central sindical unificada, que le asegure un pacto social que discipline a los distintos sujetos del modelo.
Pero la dinámica del proceso político comienza a ser articulada por la meta de 2013. Y los conflictos y alineamientos comienzan a tomar otro sentido. tanto en el terreno sectorial como el territorial. Ambitos que el gobierno nacional intenta cortar entre sí, ya no con el apriete salvaje que ensayó sobre el gobernador Daniel Scioli, sino regulando la presión a las provincias con un novedoso sistema de "prende y apaga", que en el caso de las plazas porteñas fue literal.